La reforma a la Ley de Tránsito del Estado para evitar el arrastre de vehículos cuando la persona propietaria o conductora esté presente y pueda retirar la unidad del lugar, sólo ha servido para dos cosas.
Es una iniciativa que promovió la diputada GUILLERMINA MAGALY DEÁNDAR ROBINSON, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, que, entre otras cosas, fue con el objetivo de poner fin a prácticas arbitrarias de arrastre de vehículos y garantizar un trato justo a la ciudadanía.
Desafortunadamente, y eso lo debe saber la legisladora, los abusos se siguen cometiendo o bien, es el resultado de una mala estrategia que está generando molestia, inconformidad y encono que se puede reflejar en la próxima elección intermedia, afectando a quienes aspiren a un cargo de elección popular en la Capital del Estado.
La reforma establece que, si el conductor o propietario se encuentra en el lugar o llega antes de que la grúa inicie el traslado, la autoridad deberá abstenerse de retirar el vehículo o, en su caso, bajarlo de la plataforma sin realizar cobro alguno por maniobras o arrastre.
En estos casos, la sanción únicamente procederá mediante la boleta de infracción correspondiente.
Sin embargo, más allá de disminuir por ese ordenamiento, en los últimos días se ha incrementado, afectando a personas que muy apenas traen un vehículo para llevar a sus hijos a la escuela, acudir a sus centros de trabajo, pero no les alcanza para pagar la elevada multa económica.
Es cierto y se tiene que reconocer, hay propietarios de autos y camionetas que no respetan y se estacionan en lugares prohibidos, sobre todo, en calles de la zona centro de la Ciudad.
Pero lejos de que las autoridades de tránsito se enfoquen en esos lugares, se han extendido hacia otras zonas como la calzada Luis Caballero, en Tamatán, afectado a empleados de la Secretaría de Educación y sus alrededores.
En el peor de los casos, quienes conducen esas unidades, además de ser arbitrarios y soberbios, han demostrado incapacidad al momento de levantar y trasladar los vehículos.
Desde luego que la iniciativa de la legisladora GUILLERMINA MAGALY DEÁNDAR ROBINSON pudo tener buenas intenciones, pero el objetivo debió ser contra las empresas que ofrecen los servicios de traslado, es decir, de las grúas, pero no contra los conductores, que poco o nada pueden hacer, desde el momento en que su unidad está en la plataforma y lista para ser trasladada hacia los patios de la empresa o bien, de tránsito y vialidad en Victoria. EN FIN. [email protected]
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