La controversia que rodea a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no es menor ni puede reducirse a un debate técnico sobre facultades legales. El fondo del asunto es profundamente político: la posible permisividad —o al menos falta de claridad— frente a la participación de agencias extranjeras como la CIA en operaciones dentro del territorio mexicano, específicamente en el combate a la delincuencia organizada.
Es cierto: jurídicamente, la mandataria no está obligada a comparecer ante el Senado de la República. La Constitución no establece un mecanismo coercitivo para obligar a un gobernador a rendir cuentas ante el Congreso federal. En ese sentido, su eventual inasistencia no constituye una falta administrativa directa. Pero reducir el tema a lo legal es, en sí mismo, una forma de evasión.
Porque en política, lo que no es obligatorio puede ser, sin embargo, indispensable.
La invitación del Senado no surge en el vacío. Responde a hechos graves: la muerte de presuntos agentes vinculados a la CIA en territorio chihuahuense y las sospechas de operaciones extranjeras sin el debido aval del gobierno federal. Aquí es donde el discurso oficial choca con un principio fundamental del Estado mexicano: la soberanía.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al respecto: el cumplimiento de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional no es opcional. Ningún nivel de gobierno —federal, estatal o municipal— puede actuar al margen de estos lineamientos, mucho menos cuando se trata de la intervención de agentes extranjeros en tareas de seguridad.
Si se confirma que autoridades estatales permitieron o toleraron este tipo de operaciones sin autorización federal, no estaríamos ante una simple omisión política, sino ante una posible violación constitucional. Y eso abre la puerta a mecanismos mucho más serios, como el juicio político contemplado en el Artículo 110.
Aquí es donde la postura de Maru Campos resulta particularmente cuestionable. No asistir al Senado puede ser legal, sí, pero también puede interpretarse como una negativa a transparentar decisiones que afectan directamente la soberanía nacional. En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, la opacidad no es una opción responsable.
El argumento de que “no hay obligación” se queda corto frente a la exigencia democrática de rendición de cuentas. Más aún cuando lo que está en juego no es solo la actuación de un gobierno estatal, sino la posible injerencia extranjera en funciones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano.
Además, el precedente que se siente es peligroso. Si los gobernadores pueden escudarse en vacíos legales para evitar explicar decisiones de alto impacto, entonces el federalismo se convierte en un terreno fértil para la discrecionalidad, e incluso para la impunidad.
El debate no es si Maru Campos debe o no acudir al Senado. El verdadero cuestionamiento es por qué no lo haría.
En política, las omisiones también comunican. Y en este caso, el silencio puede interpretarse como una falta de voluntad para rendir cuentas sobre un tema que toca fibras sensibles: la seguridad, la legalidad y la soberanía nacional.
Porque al final, más allá de tecnicismos jurídicos, hay una pregunta que sigue sin respuesta clara:
¿Quién autorizó —o permitió— la presencia de agentes extranjeros operando en Chihuahua?
Y hasta que esa pregunta no se responda con transparencia, la sombra de la duda seguirá pesando más que cualquier argumento legal.
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