En 2016, a la llegada de los cabezones al gobierno, descubrieron una cloaca en el CONALEP que funcionaba con la venia de Palacio de Gobierno.
Ahí cobraba la estructura del PRI, los operadores e “ingenieros” expertos en mapachería más famosos de la comarca. Encontraron hasta 80 aviadores, el 40 por ciento del personal, que cobraban por servicios prestados al Revolucionario en el terreno electoral.
Agustín de la Huerta Mejía, el jefecillo azul, prometió que metería a la cárcel a los defraudadores no sin antes hacerles devolver lo que cobraron.
Se conformó con perseguir un “perra flaca” -chivo expiatorio, dicen- que se encargaba del sistema de nóminas que, para no ser aprehendido, huyó al lado americano donde la pasó muy difícil. Los auténticos atracadores no fueron molestados.
Hoy, cuando la 4T afiló el hacha y va por los saqueadores del presupuesto del Instituto de Capacitación Para el Empleo (ITACE), liderados por Luis Fernando “C”, el escenario de aviadores pareciera ser el mismo: Campo de aterrizaje pero de los panistas.
La Fiscalía Anticorrupción ya “ganchó” (vincular) al señor “C”, quien se dice perseguido político, cuando las denuncias en su contra vienen del cabecismo, grupo al que sirvió con afanes hasta que lo cesaron en junio del 2021 por sus corruptelas y una denuncia por acoso sexual.
Duró casi cuatro años en la dirección del ITACE. Fue nombrado en los primeros de octubre del 2016 como pago a “favores recibidos”.
Sabe que va a rumbo a un penal: “Seguro van a intentar juzgarme, encarcelarme y despojarme de mis derechos políticos…”, escribió en redes hace unos días.
Con seguridad lo van a acompañar otros, José Luis “C” y Mayra Lizzeth “A”, jefa Administrativa y jefe de Materiales, sus presuntos cómplices en las trapacerías presupuestarias que ascienden a más de 300 millones de pesos. Mucho dinero como para evadir la cárcel.
En la escuelita sobraban catedráticos de 60 mil pesos mensuales; choferes con sueldos de Directores del Gobierno, enfermeras, cocineras a quienes se pagaban sobresueldos no autorizados en los tabuladores.
Sobraba alrededor del 50 por ciento del personal. Por ejemplo en el plantel Altamira, se reportaban 70 docentes y 76 administrativos para atender a un puñado de jóvenes en carreras técnicas.
Hay que decir que tienen sucursales en Matamoros, Reynosa y Altamira. La matriz en Victoria.
¿En qué se fueron tantos millones sin comprobar? La mayor parte en facturas falsas (CFDI´s inválidos) de pago a negocios y “aviadores”. Los datos de los beneficiados no aparecen. La pregunta es ¿Luis Fernando se llevará a la cárcel la información? ¿se animará a decir la verdad para que su pena sea menor?. Es inteligente y puede reaccionar a tiempo.
La letanía de decirse perseguido ya no funciona. Todos los habitantes de los penales se dicen inocentes.
El affaire en el Instituto se descubrió porque intervino al Auditoría Superior de la Federación, en seguimiento a lana aportada por el gobierno central. En lo doméstico el Auditor “carnal” Jorge Espino Ascanio dejó constancia de los posibles fraudes y peculados en la escuelita.
En el ejercicio 2016 les faltaron 34.5 millones de pesillos que debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación con todo e intereses.
“Copeteada” la cuenta de 2019: “No contaba con los comprobantes fiscales digitales por Internet por un monto de 288.7 millones de pesos”, reportaron los fiscalizadores.
No se supo a quien se pagaron 26 millones, ni a que proveedores de materiales 14 millones; servicios generales por otros 15 y los irregulares pagos al personal. Se pasaron en 25 millones la partida para personal. Lana de sobra sin rendir cuentas.
Le debían 35 millones a Ipsset y 25 a proveedores. Un enjuague bien orquestado que se antoja no pudo armar solito Don Fernando “C” sino contaba con el permiso de Palacio.
La danza siguió en los siguientes años hasta 2022 ¿persecución política?.
Ahora que, si el billete se lo llevaron los “gobernadorcitos” hermanos de aquel, tendrían que denunciarlo los acusados, para que su pecado sea menor ¿acaso empleados del PAN? ¿pagos a la estructura azul?. Como dicen, piensa mal y le atinas.
Hablando de la Auditoría Superior local, pronto tendrá su edificio propio. El POE publicó este miércoles el decreto por el cual se le otorgan más de 12 mil metros cuadrados de lo que es el Parque Bicentenario, al poniente del Palacio Legislativo y Archivo del Estado.
Y Don Manuel Muñoz Cano, jefe estatal del Verde Ecologista, siempre sí apeló al Tribunal Electoral la resolución del IETAM en que lo condenan por violencia política en contra de las mujeres en razón de género, a denuncia de la diputada Katalyna Méndez Cepeda.
Comienza así la cadena impugnativa que, al final de la tarde, la impedirá la ansiada reelección en el CDE Verde y llegar a un escaño en el Congreso Local. Por antecedentes parecidos, lleva todas las de perder. Ningún político quisiera estar en su pellejo.
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