Aunque el presidente López Obrador diga a cada rato que el odio ni la venganza no son su fuerte, resulta que la reforma de 6 leyes secundarias que conforman el denominado “Plan B” de la reforma electoral muestra claramente la fuerte aversión que siente por el Instituto Nacional Electoral (INE).
No se podría explicar de otra manera el fin que busca la reforma de las 6 leyes secundarias que pretende debilitar al INE, pero más cuando los súbditos que tiene en la Cámara de Diputados ni siquiera se toman el tiempo necesario para leer y revisar el documento que les llevó el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, cuyo documento está plagado de contradicciones legales y hasta de errores ortográficos.
Entre las contradicciones legales se encuentran en el dichoso “Plan B” destaca la propuesta de desaparecer la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional cuando ni siquiera existe, cuyo error fue detectado de inmediato por el consejero Ciro Murayama Rendón.
Incluso, el consejero más criticado por el político tabasqueño, además de Lorenzo Córdoba Vianello, se mofó del plan alternativo de reforma electoral cuando señaló que no trata de un “Plan B”, sino más bien se parece a un “Plan V” de venganza contra el INE.
Por las prisas de los súbditos de López Obrador que cobran como diputados de Morena, PT y PVEM, no se fijaron de estas contradicciones porque lo único que deseaban era cumplir en forma inmediata con la instrucción presidencial de pasar la iniciativa de reforma de las 6 leyes secundarias sin cambiarle ninguna coma.
Y aunque el “Plan B” contiene algunas propuestas que llaman la atención, como es la ampliación de los derechos electorales de las minorías, resulta preocupante que se busque desaparecer áreas estratégicas del INE, pero sobre todo que se ordene la liquidación del personal que ha sido capacitado para desempeñar con eficiencia y eficacia su labor en los procesos electorales.
Lógicamente, que el apoyo del PT y del PVEM no fue gratuito porque en el plan alternativo se incluyeron varias de sus propuestas, entre las que se encuentra la transferencia de votos entre partidos políticos aliados para evitar que uno pierda su registro por no alcanzar el 3% de la votación.
Afortunadamente, el “Plan B” de López Obrador pasará al Senado en donde se espera que el denominado “bloque de contención” no avale la dispensa del trámite legislativo y lo pase a comisiones para ser discutido y analizado por las distintas fuerzas políticas.
No debemos olvidar que el coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció que el plan alternativo de la reforma electoral será tratado en forma distinta a la que tuvo en la Cámara de Diputados, por lo que se espera que sea enviado a comisiones.
Y posiblemente se posponga hasta el 2023 ante el cúmulo de trabajo legislativo que hay en el Senado, como es el nombramiento de consejeros de varios organismos, pero sobre todo porque la oposición se comprometió a defender la democracia que se ha logrado a través del INE.
En otro tema, vaya incongruencia de la dirigente estatal de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez al negarse a dar el número de aspirantes a la candidatura guinda para contender por la curul vacante en el Senado, puesto que por un lado habla de que es un proceso totalmente transparente y luego toma como pretexto que del total de solicitantes sólo 4 podrán participar en la encuesta, que nadie sabe cuándo, cómo y quiénes la van a realizar.
Si bien es cierto que en la convocatoria respectiva señala claramente que sólo 4 aspirantes podrán participar en la encuesta, no hay nada que le impida dar a conocer el número de militantes o simpatizantes que se registraron entre el 5 y el 6 de diciembre que fue el plazo de inscripción.
De nada le sirvió a la señora Iturbe Vázquez reservarse el número de participantes, puesto que luego en redes sociales circuló el dato de que más de 60 personas lograron registrarse antes de que concluyera el plazo, entre los que se encuentran Felipe Garza Narváez, Enrique Yáñez Reyes y Juan Vital Román Martínez, quienes subieron sus respetivos videos para anunciar que buscarán la nominación morenista.
Tal vez, la dirigente estatal de Morena teme que haya protestas porque la encuesta no garantiza que los interesados participen en un proceso interno transparente y democrático, sino por el contrario se ve claramente que está viciado para favorecer al diputado federal Erasmo González Robledo.
El todavía presidente de la influyente Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados no sólo tiene el aval del gobernador Américo Villarreal Anaya, sino también es amigo cercano del máximo dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien, como presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, seguramente inclinará la balanza a favor del legislador maderense.
Por otra parte, el aún secretario general de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rigoberto Guevara Vázquez, anunció ayer que se instalarán 235 casillas para la elección de mañana, cuando cerca de 40 mil trabajadores sindicalizados decidirán a través del voto directo y secreto quién será su sucesor entre Naif José Hamscho Ibarra, Arnulfo Rodríguez Treviño y Abelardo Ibarra Villanueva.
Guevara Vázquez también reveló que ayer concluyó el plazo para revisar el padrón de votantes de la sección 30 del SNTE, por lo que aquellos que no aparezcan no podrán ejercer su derecho de elegir al nuevo secretario general del magisterio tamaulipeco.
Se prevé que el proceso sindical se realizará sin mayores problemas a pesar de la efervescencia que se registró en los últimos días, por lo que se espera una gran participación de docentes y personal administrativo ante la novedad de acudir a una urna para elegir al nuevo secretario general de la sección 30 del SNTE.
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