Ese jueves 28 de octubre aparecieron varias expresiones de asentimiento en la sesión 101 de la Junta de Gobierno del Mecanismo (federal) de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, especialmente en los rostros de representantes civiles y honorarios del Consejo Consultivo.
Es que el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, convocó a todos los integrantes de esa Junta de Gobierno a preparar propuestas para reformar no solo la ley federal que creo ese Mecanismo federal, sino todo el marco normativo para que todo el Estado (gobiernos, poderes y dependencias públicas) asuma su responsabilidad de proteger a las personas que realizan estas funciones indispensables socialmente.
Ya es tiempo que todos colaboren para frenar las agresiones y la impunidad, recalcó Encinas varias veces.
El congreso simula
Encinas no lo dijo, pero su exhorto para revisar todo el marco normativo invocó una especie de reproche porque en las dos cámaras del Congreso de la Unión se han acumulado, de 2012 a la fecha, al menos diez iniciativas para reformar la ley federal de protección y la ley federal del trabajo con la intención de mejorar la protección y los derechos laborales y sociales para periodistas.
Esas iniciativas se turnan a comisiones para ser dictaminadas, pero ahí se quedan porque en su mayoría contienen datos desactualizados, carecen de visión de Estado, parecen ocurrencias para congraciarse con empresas de medios y periodistas, pero difícilmente les consultan a quienes hacen diagnósticos serios… y, así podrían seguirse acumulando en esta nueva Legislatura.
Por ejemplo, cuando ya se habían amontonado 15 iniciativas sin dictaminar en ambas cámaras, sobre todo para reconocer como oficio especializado al periodismo en la Ley Federal del Trabajo, siguieron presentándose otras con intención similar.
En febrero de 2020 en el Senado de la República se supo que el legislador independiente, Emilio Álvarez Icaza había puesto a consulta entre periodistas una propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo para reconocerles derechos profesionales y salvaguardarles los laborales, cuando Ovidio Salvador Peralta Suárez (Senador por Morena) presentó una iniciativa más simple para adicionar en la Ley Federal del Trabajo, el capítulo “Trabajo de Periodismo”, como oficio especializado. Pero se turnó a comisiones.
En agosto de 2020 la diputada federal Nohemí Alemán Hernández también presentó su iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para mostrar la preocupación de su partido (PAN) para que se garanticen los derechos laborales de periodistas. Se turnó a comisiones.
En noviembre de ese mismo año otra diputada federal, pero ahora de Morena, Anita Sánchez Castro igual presentó su iniciativa para adicionar disposiciones de la ley federal del trabajo y reconocer como oficio especializado al periodismo. Se turnó a comisiones.
Otra propuesta incluso la hicieron legisladores de todas las fracciones del Congreso de la Ciudad de México casi al final de su periodo de sesiones. Por unanimidad acordaron recomendar al Congreso de la Unión una iniciativa en materia de empleo y derechos laborales para periodistas. También Se turnó a comisiones.
El trabajo legislativo más serio, pero no de derechos laborales a periodistas sino para reformar la ley federal de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas se hizo en la Cámara de Diputados mediante consulta con representantes de los dos gremios y especialistas. Se logró aprobar unánimemente en diciembre de 2020 y se turnó de inmediato al Senado de la República con la consideración de que aumentaban alarmantemente los asesinatos de periodistas y defensores –como sigue ocurriendo–. Allí también se turnó a comisiones.
Y en ambas Cámaras de la actual Legislatura no aparece en las agendas del actual periodo ninguna iniciativa, para dictaminar y turnar al pleno, relacionada con la protección o derechos de personas defensoras de los derechos humanos o periodistas. Pero si le preguntásemos a cualquier legisladora o legislador si le preocupa la vida y la integridad de estas personas dirá que sí, en automático: “de dientes para afuera” diría Doña Güina.
Para la visión de Estado
Si se coincide con la percepción del Subsecretario Encinas de que ya es tiempo de que todas las instancias del Estado hagan su labor relacionada con la protección a estas poblaciones para frenar asesinatos y otras agresiones, las Cámaras del Congreso de la Unión deberían ser las primeras que revisen su actuación y la visión con que abordan este fenómeno lacerante para toda la sociedad.
En el congreso federal hay avances para incorporar la visión de Estado a legislaciones que enfrenten esta urgencia nacional.
En el Senado, las comisiones que dictaminarán la Ley General de Protección a Personas Defensoras y Periodistas que le turnó en diciembre de 2020 la Cámara de Diputados pueden agregar más capacidades como autoridad nacional al Mecanismo de Protección para que se transforme en un órgano de Estado para el diseño de estrategias nacionales, políticas públicas y supervisión.
Un Mecanismo diferente definiría a corto plazo los derechos y la protección integral de defensores y periodistas como personas físicas con actividades del interés público sin móviles mercantiles y dejaría de ser la instancia meramente operativa de carácter semi policiaco para privilegiar la prevención de agravios con vigilancia ciudadana.
Un Mecanismo distinto debe tener fuerza de Estado para coordinar a gobiernos estatales y municipales a los poderes judiciales tanto federal como estatales, a secretarías federales y organismos autónomos.
Por otro lado, también en el Senado se encuentran los trabajos y consulta entre periodistas conocedores que concentró el legislador Emilio Álvarez Icaza para adicionar a la Ley Federal del Trabajo un apartado que reconoce derechos laborales a las personas físicas que realizan periodismo. Puede mejorarse con más derechos. De lograrse una adición así pasaría a ser parte del entramado jurídico que necesitan las y los periodistas para disminuir vulnerabilidades como la precariedad laboral y el desempeño profesional. Esto formaría parte de las políticas públicas de prevención.
Para esa visión preventiva de Estado las y los legisladores de ambas cámaras también podrían agregar una adición a la Ley General de Educación con un Estatuto Profesional de las Personas Periodistas donde se reconozca como una actividad del interés público con derechos profesionales incluido el fomento para la capacitación continua. Un estatuto así sentaría las bases para disminuir vulnerabilidades profesionales y organizativas de quienes se dedican al periodismo y facilitarles su autoprotección.
¿Será posible encontrar oídos y sensibilidad suficientes en el Congreso de la Unión ya no simule que legisla e inicie un ciclo que enfrente realmente la oleada de crímenes y asesinatos contra personas defensores de los derechos humanos y periodistas?
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