Por Alejandro Ceniceros Martínez
(Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la línea ideológica del Partido del Trabajo.)
A casi tres años de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca huyó de Tamaulipas y dejó de entregar el poder al gobernador electo Américo Villarreal Anaya — sin ceremonia, sin responsabilidad violando la normatividad jurídica vigente— el ex mandatario hoy camina libre, da entrevistas desde Texas, aparece en medios como si estuviera protegido por un manto impermeable a la justicia.
¿Por qué no ha sido detenido, si autoridades locales y federales aseguran que existen órdenes de aprehensión en su contra? ¿Cuál es la razón de que sólo algunas órdenes prosperen, y otras, como la suya, queden suspendidas o anuladas? ¿Qué estructura lo protege? Esa pregunta queda flotando en el aire cada día que Cabeza de Vaca evade la acción legal efectiva.
Los hechos que se conocen muestran una trama compleja , como lo han documentado algunos medios de comunicación, para nuestra algunos botones:
En mayo de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas del ex gobernador y de personas vinculadas a su red.
El 4 de octubre de 2022, tras concluir su mandato, la FGR giró nuevamente una orden de aprehensión.
Un juez federal, Faustino Gutiérrez Pérez, del Juzgado Octavo de Distrito en Reynosa, otorgó amparos que paralizaron varias de esas órdenes, justificando deficiencias en el procedimiento o falta de evidencias suficientes.
Estos datos arrojan una sombra evidente de impunidad. Cuando la justicia se vuelve lenta para algunos pero actúa para otros, hablamos de justicia selectiva, de desigualdad ante la ley. En otros casos de políticos que huyeron del país, extradiciones u órdenes judiciales han sido ejecutadas. Pero en este caso, no. ¿Qué hace la diferencia? ¿La doble nacionalidad de Cabeza de Vaca? ¿El blindaje legal de sus jueces allegados? ¿La protección política?
En Tamaulipas es un secreto a voces: que existe un red de protección, formada por fiscales y funcionarios del poder judicial, algunos cercanos al ex gobernador, se han librado resoluciones a modo. Hay quienes señalan que el expediente se “congela” deliberadamente, que los amparos se conceden con argumentos que dilatan la acción, que los mandatos judiciales quedan sobre papel pero no se ejecutan.
No es menor recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al resolver sobre su candidatura plurinominal, lo declaró inelegible al considerarlo “prófugo de la justicia”. Se argumentó que, si bien solicitaba esa candidatura, tenía dos órdenes vigentes en su contra, una de 2021 y otra de 2024, por delitos graves como delincuencia organizada y lavado de dinero.
La población tamaulipeca no pide venganza: pide justicia. Que se aplique la ley igual para todos. Que se deje de escudar a personajes poderosos mediante tecnicismos, jueces complacientes o recursos legales que solo alargan la impunidad. Que alguien explique por qué Cabeza de Vaca, con orden de aprehensión, alerta migratoria, ficha roja de Interpol, sigue libre y activo políticamente.
Porque si en México la justicia se administra solo para algunos, si solo para otros se cumplen órdenes judiciales, entonces perdemos algo más que el castigo al que cometió delitos: perdemos la confianza de los ciudadanos en el sistema, en la democracia misma.
La justicia no puede ser algo que se pide, sino algo que se ejerce.
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