¿Para qué pueden necesitar fuero los consejeros de Comapa Miquihuana? ¿para qué el director del Colegio de Tamaulipas?.
Cientos de funcionarios gozan de fuero constitucional, es decir, no pueden ser procesados por cuestión penal a menos que se dé un juicio de procedencia por parte del Congreso del Estado.
Los presidentes del consejo y consejeros de Comisiones de Agua y Alcantarillado o entes paramunicipales y de participación estatal, son inmunes a recibir por lo menos un citatorio de la Fiscalía según los artículos 151 y 152 de la Carta Estatal ¿sí?
Sin embargo, los opositores a Morena siguen con el escándalo porque la 66 legislatura extendió inmunidad a dos funcionarios del gabinete estatal: El Jefe de la Oficina del Gobernador y la Contralora, que no la tenían.
El fin de semana el líder del Congreso, Humberto Prieto Herrera, salió a aclarar que “no es nada del otro mundo, nada a escondidas como lo quiere vender la oposición”. En otras palabras, una tormenta en un vaso de agua.
Y en efecto así es. La Ley concede inclusión a los integrantes del gabinete estatal, aunque la dependencia no tenga nombre de secretaría, como lo fue la Procuraduría y ahora Fiscalía.
El que escribe considera que incluso debió otorgarse a la jefa -o jefe- del Jurídico del Gobierno, que sí tiene riesgo de ser víctima de venganzas políticas o represiones por sus actividades. Es una dependencia con funciones sensibles.
No creemos que necesiten más protección los directores de las universidades politécnicas que la jefa de Contraloría, y de eso nadie dice algo.
Vaya, hasta el titular del Zoológico y Parque Recreativo Tamatán, un organismo paraestatal, tiene inmunidad procesal, según el Registro Estatal de Organismos Descentralizados ¿a quién lastimó el decreto?
Atacaron con furia desde que Morena presentó la iniciativa de reformas a los artículos 151 y 152 de la Constitución doméstica, y no, no creemos que sea “fuego amigo”. Participan medios nacionales identificados con el PAN.
Nada es nuevo. Le dimos una “checadita” al 152 de la Constitución en vigor. Ha registrado ocho reformas desde que en 1921 fue promulgada. Se han ido agregando funcionarios.
La primer gran reforma llegó en 1983, Gobernador Emilio Martínez Manautou, con el Procurador, Tesorero General del Estado y Directores Generales del gobierno.
El 30 de enero de 1993 se agrega a “los secretarios del ejecutivo” y por primera vez aparecen los jueces y titulares de las entidades paraestatales.
Hacia octubre de 1997 -Manuel Cavazos Lerma- va “protección” para los consejeros de IETAM y magistrados del TRIELTAM
En 2008 en particular al “consejero presidente” del Instituto Electoral y a los titulares de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.
La Comisión de Derechos Humanos no nació en 2009, pero es hasta esta fecha cuando al titular se le concede ingreso a la lista de “intocables” (caso parecido a la Oficina del Gobernador, que nació con Cabeza de Vaca, pero hasta ahora se le incluye).
Igual en 2009 se incorporan a los miembros del Consejo de la Judicatura.
El 8 de noviembre del 2012 -Periódico Oficial-, el Gobernador Egidio Torre da de “alta” a los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, aunque es un organismo que no nació en esa fecha (igual que la Contraloría, que se creó en 1986, finales de la administración de Martínez Manautou, y hasta hoy se le da fuero al titular).
Noviembre del 2018 cambia la denominación de Procurador por Fiscal y se incluye a los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, Delitos Electorales y Asuntos Internos.
Inicialmente, en 2021, solo gozaban de protección, el Gobernador, los diputados y magistrados del Tribunal. Así fue desde la Constitución de 1857 y se repitió en 1921.
Y no, no encontramos razones para que los opositores a Morena agredan con tanta saña en ocasión de la inmunidad a dos funcionarios. La conclusión es que “ven moros con tranchete” (peligro donde no lo hay), una burda campaña en que confunden a Norberto Barrón con Ricardo Guerrero, como jefe de la Oficina del Gobernador, como dijo el diputado Prieto.
El fin de semana anduvo por Victoria la senadora Olga Sosa, difundiendo reformas constitucionales y leyes de la 4T. En la colonia Casas Blancas dijo que termina una etapa de corrupción en el Poder Judicial que le hizo mucho daño a México, lo cual es muy cierto.
En cuestiones del ayuntamiento victorense, el alcalde Eduardo Gattás Báez puso en marcha el programa de instalación de 10 mil medidores, sin costo para los usuarios, para garantizar el consuno controlado de agua en tomas domésticas.
Participan la secretaría municipal de Bienestar Social y Comapa, que además acordaron en sesión de Consejo de Administración la quita de recargos a morosos hasta el cien por ciento en el afán de que se regularicen.
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