El título de hoy tiene como sinónimos: deducciones, consecuencias, ilaciones, derivaciones, etc., que la persona hace partiendo de sus observaciones y reflexiones en torno a un tema determinado.
Aclarado este punto intento diferenciar un decreto, una iniciativa y una Ley. El primero es la facultad (concedida por una o varias leyes) que tiene una autoridad para hacer un ordenamiento, como las famosas órdenes ejecutivas de Donald Trump.
Una iniciativa es una idea, una propuesta que se expone ante los legisladores (diputados y senadores) para que, de aprobarse de convierta en una Ley, por lo que ésta es un ordenamiento obligatorio y genérico (para todos).
Lo anterior viene a esta mesa porque el actual director del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, entregó a la presidente Sheinbaum una iniciativa de Ley para reformar el instituto que ahora dirige y donde propone que los trabajadores con altos salarios, afiliados a este sistema, entreguen el 2% adicional de sus aportaciones.
La misma medida aplicarse a otros recursos como los fideicomisos de la Corte para la mejora de salarios de médicos y las instalaciones, como fue anunciado este miércoles por la presidente Sheinbaum en el programa “La Clínica es Nuestra”.
Infiero que de entrada la iniciativa es buena. El problema se torna cuando se establezca quién determinará cuándo el salario es alto, medio o bajo. Porque tenemos la idea que solo los altos jefes tazan una mensualidad alta, aunque se sabe de algunos sectores educativos homologaron sus salarios al Instituto Politécnico Nacional y se dispararon al grado que un alto número tienen que reportar declaraciones anuales a la Secretaría de Hacienda, pues sus percepciones anuales superan los 400 mil pesos que marca la ley.
El discurso oficial de la titular del Ejecutivo Federal expuso que la otra parte de la iniciativa de ley está enfocada en atender las injusticias de cobros de créditos para vivienda del FOVISSSTE, aunque no detalló este rubro.
En el mismo tema de las inferencias y los hechos recientes de Culiacán, el problema que tiene el actual gobernador Rubén Rocha Moya y su equipo de trabajo, bien puede catalogarse de mayúsculo, cuando la gente de aquella parte del Pacífico marcha en son de paz y se altera invade con violencia el Palacio de Gobierno de Sinaloa, porque no encuentra eco a su demanda.
Los medios de comunicación solo difunden lo que sus cámaras captan en la vía pública y son los hechos de violencia los que han cansado a la población que antes pedía y ahora exige la tan llevada y traída paz social.
El meollo del asunto es la inferencia que algunos comunicadores hacemos a las repercusiones que el tema de Sinaloa pudiera tener en el contexto nacional, pero inmediato en Tamaulipas, puesto que se supone hay mucha relación entre ambas entidades.
Algunos especialistas en temas de inseguridad en México empiezan a deducir las consecuencias de que Rocha Moya no haya enfrentado el problema de inseguridad, a pesar de que ha recibido apoyo gubernamental.
Porque recordemos que un día previo al desmán social, el líder de los diputados del Partido Presidencial, el zacatecano y excandidato presidencial, Ricardo Monreal, asistió a una reunión de trabajo con el gobernador sinaloense, autoridades universitarias y representantes sociales, que se interpretó como apoyo partidista y de la Ejecutivo Federal, pero no pasaron 24 horas cuando se dio la marcha que terminó en zafarrancho por el asesinato de dos menores y su padre “…porque traían oscuros los cristales de su auto…” dijo el fiscal del Estado.
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