Durante el cabecismo, la Secretaría de Bienestar Social fue el brazo electoral panista y botín de corsarios para pagar favores.
La cloaca se destapó en cuanto se fueron, uno de octubre de 2022, pero inexplicablemente nadie había caído a la cárcel. Rómulo Garza Martínez es el primero.
El saqueo incluyó pago de hasta 10 millones de pesos de recursos de la secretaría, al TM Futbol Club propiedad de Grupo Orlegi (profesional de Tampico-Madero), en fondos transferidos por el entonces director del Deporte, Carlos Fernández Altamirano, quien no se mandaba solo.
En total, el gobierno de Francisco Cabeza de Vaca habría entregado a la empresa de futbol profesional hasta 53.6 millones que salieron de varias secretarías como pago a compromisos particulares del jefe político.
A la llegada de la 4T encontraron vestigios de la robadera y presentaron dos demandas penales, de las que no se sabe -por secrecía, alega la Fiscalía- si han “jalado” a los presuntos responsables.
Por la dependencia pasaron tres jefes: Gerardo Peña Flores, quien cobró del uno de octubre del 2016 al 8 de marzo del 2019; el sucesor Garza Martínez hasta el uno de octubre del 2021 en que llegó Yahleel Abdala Carmona, para culminar el desastroso sexenio.
Fue el premio de consolación para Abdala, quien había perdido la alcaldía de Nuevo Laredo por las siglas azules.
Pero la fiesta de corrupción ya estaba en su apogeo. En la fiscalización 2020 de la Auditoría Superior de la Federación -recursos del programa Fais-, encontraron observaciones por 182 millones de pesos en tema de despensas y cobijas.
La corrupción pudo verse desde 2017, cuando no hubo comprobantes de entrega de 134 módulos sanitarios portátiles. Nunca se supo si llegaron a los beneficiarios según programa de combate a la pobreza.
La secretaría fue utilizada como brazo electoral a favor del PAN y sus candidatos desde los comicios de 2018, hasta 2022 en que crearon una estructura de pagos y dádivas a los operadores -mapaches.
El reparto de dinero fue a discreción mediante la creación de plazas de promotoras, enlaces de operación, “células” de manzana y calle en las principales ciudades. Ahí se fue la mayor parte del presupuesto de la secretaría.
Tenían calidad de “voluntarios” según la Ley, aunque algunos presentaron demandas laborales al ser dados de baja.
A la llegada del nuevo gobierno encontraron una secretaría destruida, sin presupuesto. Los que se fueron gastaron los fondos federales y el Estado no aportó lo que le correspondía.
En total un desfalco ¿peculado? por hasta 263 millones de pesos en que intervinieron los tres jefes nombrados por el cabecismo ¿los que siguen?.
La primera titular de Sebien de la 4T, Verónica Aguirre de los Santos, encontró una secretaría arrumbada en 1,200 cajas regadas por los pasillos de oficinas, con un millón 50 mil recibos sin comprobar.
Entregaron los panistas 49 vehículos inservibles y tres se les “perdieron”, que nunca se supo quien los robó porque no había resguardos. Igual muchos aviadores en nómina.
Y, como lo hicieron en todo el gobierno, los cabecistas autorizaron a sus amigos e incondicionales 29 bases sindicales para seguir en la secretaría, todas en procesos de asignación irregularidades, tanto que fueron echadas atrás por el nuevo gobierno.
Citaron a comparecer Abdala Carmona pero hizo caso omiso a la Contraloría (Igual que Rómulo).
A más de dos años de distancia no se sabe en qué quedaron las 33 denuncias que llegaron a la Contraloría, de si empezaron a devolver lo saqueado o siguen en la impunidad.
Las penales son por presunto ejercicio ilícito del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y falsificación y uso de documentos oficiales ¿delitos graves?.
Por si fuera poco, con cero presupuesto, gasto en la campaña de Truco Verástegui, cerraron los 68 comedores comunitarios en 27 municipios y las llamadas “casas violetas” para atender a mujeres violentadas.
Más gente debe pisar cárcel. El dinero y programas federales para los pobres lo utilizaron para regalar (fines electorales) 1,350 tinacos en fraccionamientos residenciales e instalar lámparas en comercios de Tampico, Madero y Altamira, hasta por 45 millones de pesos.
Aun así, medio centenar luminarias, presuntamente instaladas en 2022 -campañas políticas- se “perdieron” ¿quién las robó?.
En Bienestar se dio el saqueo más perverso, sistemático y planificado de recursos y bienes del Estado, lo que no puede quedar en la impunidad. La opinión pública quiere castigo para todos los que metieron mano ¿se mandaban solos?.
Las miradas voltean hacia Peña Flores, Abdala Carmona y el jefe del clan, Francisco “N” ¿tuvieron que ver los subsecretarios Arturo Soto Alemán y Ciro Hernández Arteaga?. Llegaron en septiembre del 2021 también como premio de consolación ¿para que recuperaran lo perdido en campaña?.
Martes de sesión plenaria del Congreso del Estado. Tres iniciativas, una de reformas a la Carta Estatal que establece como causa de anular una elección, la violencia política de género.
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