Ya no son problemas de hacinamiento en que muchos reos tenían que dormir parados, amarrados a rejas o árboles -para no caerse-, autogobiernos, fugas “arregladas”, extorsiones a sus compañeros y motines que culminaban en decenas de muertos.
Ahora son por servicios psicológicos, reinserción social y espacios deportivos, reglamentación interna y más custodios.
Después de reprobar por doce años consecutivos -último lugar de las entidades federativas- en atención y eficiencia del sistema penitenciario, Tamaulipas se vuelve a colocar arriba de la media nacional.
El despegue comenzó en 2023 en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos colocó en el lugar 18 -con calificación 6.03-, y siguió al alza en 2024 al llegar al 15 del ranking nacional, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
Esta vez la Comisión asignó una calificación de 6.55, muy por arriba del 4.72 de 2017 y anteriores.
Hace años -noventas- había una sobrepoblación de más del ciento por ciento que lastimaba y enfrentaba a los reos por espacios para dormir. Invadían hasta las cocinas.
De las fugas “arregladas” resultado de corrupción, se recuerda la de 29 reos en el penal de Victoria sucedida el 24 de marzo del 2017, a seis meses de haber llegado el cabecismo al poder.
El 9 de octubre del 2008, se fugaron 17 de la cárcel de Reynosa, por la puerta principal y acompañados de cuatro custodios. Se dio luego de un enfrentamiento entre grupos rivales que dejó 21 muertos.
De 2011 a 2022, gobiernos de Egidio Torre Cantú y Francisco Cabeza de Vaca, en cuestión de penales Tamaulipas estuvo en el último los últimos lugares nacionales, reprobado y en el sótano.
En 1991 fueron asesinados 17 presos en Matamoros, en una masacre comandada por el interno Oliverio Chávez Araujo. Algo parecido sucedió en esa época en Victoria donde el cabecilla era Equiterio Gamboa
Los autogobiernos en todo su apogeo, tolerados desde la General de Gobierno. El Estado albergaba a reos federales.
Hoy, el informe de Derechos Humanos -los elabora anualmente desde 2006- dice que, de cinco Cedes evaluados, solo hay autogobierno en Tamatán, de Victoria.
En ninguno de los cinco se da la extorsión hacia familiares de internos sometidos o recién llegados, como se hizo durante largos años, menos en Tula.
El “mejor” -no hotel de 5 estrellas- es Altamira y el peor Reynosa.
En 2017 el Vocero de Seguridad del Gobierno del Estado, Luis Alberto Rodríguez Juárez, reconocía autogobiernos por parte de bandas delictivas, y la imposibilidad para retomar el control.
Datos periodísticos dicen que, la última gran matazón se dio en junio del 2012 en el centro de internamiento de Altamira. Murieron 31 y 13 quedaron heridos.
Las negras historias quedaron en el recuerdo, de cuando los mejores bailes, con los grupos nacionales de moda, se hacían en el interior de Tamatán, en Victoria. Cobraban entrada a los externos.
Igual las faraónicas pachangas de cumpleaños de los cabecillas, al interior, en que corrían a discreción alcohol y drogas.
Se recuerda que, en una época, los directores permitían ingresar vacas vivas para organizar las fiestas, hasta que se descubrió el motivo: Se les metían armas en la panza.
En varios gobiernos (prianistas) no hubo voluntad de atacar los problemas, como hoy se atienden con Américo Villarreal y la 4T. Ahora el manejo de los CEDES depende de Seguridad Pública y no de la General de Gobierno (en sentido político).
Si en esta ocasión Tamaulipas está en el lugar 15 nacional por su calificación en atender penales, seguirá escalando lugares porque la SSP acaba de implementar dos programas de trabajo enfocados a reinserción social y servicios postpenales.
Y, por lo que se refiere al último espacio de autogobierno, Victoria, según la CNDH, es de esperar que “mi General” Chávez, jefe de Seguridad Pública, elimine el “prietito en el arroz” para la evaluación de 2025.
Hay capacidad para albergar a 6,300 reos y ahora son cuatro mil. El más próximo a saturarse es Victoria, a lo cual el Gobierno del Estado espera culminar el proyecto de la “estancia” que en 2010 comenzó a construirse por la carretera a El Mante.
Se puede necesitar de urgencia si, como sabemos, la Fiscalía Anticorrupción tiene más de cien expedientes que le ha turnado el Gobierno del Estado, para investigar y judicializar a cientos de ex servidores públicos del pasado reciente.
Cerramos con las últimas calificaciones que la CNDH le confirió a Tamaulipas, todas reprobadas: En 2022, 4.26 en escala de 10; 2020, 5.24; en 2019, 5.42 y un año antes 4.71. Igual en el sótano en 2012 con calificación de 5.67 y de 5.88 en el año 2011.
Derechos Humanos se refiere exclusivamente a penales estatales. Evalúan los federales y militares, pero esos son otros datos.
Vaya capacidad de convocatoria de la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano, al reunirse el fin de semana con periodistas para explicar el tema de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2025. El año pasado hizo lo propio.
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