Llegó la hora de ir a las urnas. Los árbitros se dicen listos, montados y armados, con mucho optimismo de que serán instaladas las 4,952 casillas previstas.
Tamaulipas no es “foco rojo”, no está dentro de las 104 casillas que el INE anunció no se instalarán por inseguridad y otro tipo de situaciones, entre ellas que ningún ciudadano quiso ser funcionario de las mesas receptoras de votos (por temor a la violencia).
En Chiapas y Michoacán, según el INE, hay localidades en que los pobladores anunciaron que no permitirán que se instalen (presiones de algún grupo delincuencial).
No es el caso de Tamaulipas, como refrendaron este jueves los jefes del árbitro federal, Sergio Iván Castellot, y el estatal Lupe Ramos Charre, al reunirse con medios de comunicación.
Claro que es una mala noticia para aquellos que quieren ver a esta esquina del territorio nacional incendiándose y en manos del crimen organizado. Pero aquí las cosas marchan mejor que por aquellos rumbos.
Satisfactorio escuchar que “no hay zonas donde se tenga intención de no instalar casillas”, como refrendaron los árbitros.
El IETAM no tiene un “sistema de inteligencia” (espionaje), dijo Charre, pero hasta la fecha, desde el inicio del proceso, todo marcha conforme los tiempos, sin impedimentos para que el personal haga sus tareas.
Tamaulipas no ha tenido violencia electoral desde 1998 cuando el equipo de un candidato le metió fuego al Comité Electoral de Matamoros con miras de desaparecer papelería y anular la elección. No contaban con la astucia de sus contrincantes que grabaron la escena en video. La Fiscalía logró órdenes de aprehensión.
Años atrás, en 1978, parte de El Mante fue incendiado, no el día de la elección sino semanas posteriores a la toma de posesión del nuevo alcalde, Enrique Cano González. Manifestantes le prendieron lumbre al edificio de Presidencia, delegación de Tránsito, Policía Municipal, Registro Civil y una docena de comercios.
Son hechos vergonzantes que quedaron atrás. Hoy las diferencias políticas se resuelven en tribunales y no por la Ley de la selva. Alguien dijo que hay más “civilización”.
Regresando con la elección del domingo dos, de un total de 317 candidatos a diputados y ediles propietarios registrados, 40 solicitaron protección policiaca y la recibieron (20 mujeres y 20 varones).
Y, como dicen que “lo que no sirve es lo que más da lata”, de los 40 candidatos a los que se asignaron guaruras personales, 12 son del PRD, el partido que, en opinión personal, no va a ganar ningún municipio ni diputaciones y seguirá sin registro estatal.
Caso similar con Movimiento Ciudadano, que solo distrae recursos policiales que deberían atender a toda la comunidad y no solo a quienes hoy son candidatos y mañana recibirán las gracias por su participación.
El partido Morena no pidió guarros para ninguno de sus abanderados.
Para aquellos que opinan desde lujosas oficinas de la gran capital, hay que decirles que en esta región no vivimos en estado de sitio, la gente trabaja todos los días, circula por las calles, los muchachos van a la escuela, las tiendas comerciales abren y los cines y los mercados.
Un dado interesante es que, en comparación con la elección del 2022, esta vez votarán 112 mil ciudadanos más, principalmente jóvenes de la “primera vez”.
En cuanto a funcionarios de casilla, no es nuevo que se hayan negado participar 21 mil -el 47 por ciento- de los más de 45 mil insaculados. A nadie se puede obligar si no quiere.
Hasta la mañana del jueves, el 92 por ciento de los paquetes y materiales se habían entregado a quienes serán funcionarios de casilla. Para el sábado estarán cubiertos sin contratiempos los 22 distritos y 43 municipios.
Las 626 boletas que se le mojaron al presidente de casilla 999-C-1 en Reynosa, a consecuencia de una tormenta que azotó a principios de semana, se volvieron a imprimir y este viernes estarán en esa frontera.
Los PREP federal y estatal comenzarán a funcionar a partir de las ocho de la noche del domingo. Actualizarán información cada 15 minutos.
Destacar el esfuerzo de los árbitros Castellot y Ramos. Es la primera gran elección concurrente, es decir, que se renovarán cargos federales y estatales, lo que implica una chamba enorme y perfecta coordinación. Uno nombra los directivos de casilla y el otro recibe y cuenta los votos, por ejemplo.
En resumen, la culminación y éxito de ese esfuerzo será la concurrencia a las urnas. El exhorto de los funcionarios a la ciudadanía es que ejerzan el derecho a votar, que también es una obligación, aunque no se paga con cárcel.
Nadie quiere la afluencia de la elección extraordinaria de senador en 2023, que fue de 21.7 por ciento, ni el 44.26 de concurrencia del 2010 (asesinato de Rodolfo Torre Cantú).
Ya no se da la participación de hasta 70 por ciento de los proceso del siglo pasado, pero satisfactorio sería el 53.0 que se dio en la elección de Gobernador en el 2022, en que ganó Américo Villarreal.
Los electores tienen la palabra. Nos leemos el domingo.
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