La lista es de 18 empresas, algunas boletinadas por “Lolita” (Hacienda) como factureras. Se cree que fueron instrumento para el saqueo del erario.
De esa forma -servicios falsos- habrían pagado a los financiadores de la campaña de Oscar Almaraz en 2016, y para alguien más cercano (familiar) a Palacio de Gobierno.
Luego que la Auditoría Superior del Estado quedó liberada de sus secuestradores del sexenio pasado, los fiscalizadores se disponen a comenzar desde el principio: Investigar las pillerías en la administración 2016-2017 del gobierno de Victoria. De dos años andan “perdidos” más de 210 millones de pesillos.
Las cuentas “mochas” dicen que a Oscar y su Tesorero Gerardo Robles Riestra, de la cuenta 2016, les faltaron 47.6 de la administración municipal, 51.7 de Comisión de Agua Potable, 13.2 del DIF y 3.6 del Instituto de Planeación Municipal. En total 119.1 melones
El informe de resultados fue negativo. Desde entonces Don Jorge Espino Ascanio, Auditor, debió comenzar el rastreo de la lana, pero le hizo al desentendido, al tonto para que quede claro.
Nos echamos un “clavado” en la información generada por la Auditoría, una lista de empresas que no encuentran ni sus domicilios, contratos u operaciones financieras.
Llama la atención una firma llamada Comercializadora La Torre Azul, cuyo representante se identifica como Julio Cesar Beattie Guevara.
Al gobierno de Almaraz, a través de José Manuel Flores Montemayor, le “vendió” servicios “por publicación en medios de comunicación”.
El mismo representante Beattie, por medio de la empresa Materiales, Edificación y Planeación Sierra Madre, le vendió al DIF estatal concreto para construcción (contrato firmado por la entonces directora Omeheira López Reyna).
Y a la Comisión de Energía (en 2017) cabecista le facturó millones por: “Servicios profesionales integrales para la asistencia técnica de actividades sustanciales del sector energético” (todo un galimatías).
Una empresa “multifacética” de cuyas operaciones con la administración almaracista, la ASE no tiene documentación que justifique los pagos.
JEMCIA es otra empresa boletinada por el órgano fiscalizador, por sospechar que causó daño patrimonial al municipio capitalino, no solo con Almaraz sino en el gobierno de 24 meses de Xicoténcatl González Uresti.
Según investigaciones periodísticas, el proveedor tiene domicilio inexistente, similar a otras firmas boletinadas por Hacienda como factureras, Mandare Avanti y Grupo Aries, colonia Lagos del Bosque, en la ciudad de Monterrey.
Parece haber un patrón en el modus operandi. Facturaron en el gobierno municipal, pero también en el estatal panista y gozaron de la protección de la Auditoría Superior de Espino Ascanio.
Otro ejemplo es el de Grupo Empresarial JER, en la lista de factureras de la Unidad de Inteligencia Financiera. Recibieron contratos de la administración local, gobierno estatal y del Instituto del Deporte.
Andan “perdidos” hasta los domicilios físicos y papeles de tales empresas. No se sabe por qué se les pagó y si realmente prestaron los servicios.
Igual puede haber responsabilidad en la entonces Contralora Andrómeda Montiel y el síndico Eduardo García Fuentes.
Hay más que cobraron en el gobierno de Almaraz, algunas “desconocidas” como Perfil Político de Tamaulipas, Virialma Construcciones (que tiene representaciones en Nuevo León), Madizone Entretenimiento y Casmal Proyectos y Servicios del Norte.
De las cuentas 2017 la Auditoría no encontró justificantes de gastos por 101.3 millones, por lo cual se levantaron 89 procedimientos administrativos de funcionarios, pero nadie ha regresado dinero o pagado con cárcel.
El dictamen se levantó el 18 de febrero del 2019, con el resultado: “No cumplió con las disposiciones legales y normativas en la aplicación del gasto”, aun cuando años después trataron de justificarlas.
Por eso el fiscalizador, Francisco Noriega Orozco, sigue la pista del dinero. El daño patrimonial se estima en 210 millones de pesos.
Tema aparte, llamó la atención la lista de suspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, tras la partida de la cabecista Olivia Lemus.
Por ejemplo, van Armando Villanueva Mendoza y Lucía Graciano Casas, ex magistrados del Tribunal de Justicia. El fue director de la Facultad de Leyes y años atrás secretario de Administración del Gobierno.
Y está listo, montado y armado para volver a la chambita el abogado Martín García Martínez, que en dos etapas en la CODHET.
De los 23 suspirantes, terminado el proceso de selección, el “bueno” sería Matías Ramón Ochoa Delgado, ex director de Policía Municipal. Tiene la experiencia y contactos suficientes. Veremos.
A través del Comité Estatal de Seguridad en Salud, el gobierno estatal acordó tomar medias urgentes de protección a la población ante altas temperaturas en el periodo del 21 al 30 de mayo. Se habilitarán albergues, suspensión de actividades deportivas y clases virtuales si el termómetro supera los 43 grados.
En lunes, el Gobernador Américo Villarreal presidió honores a los Símbolos Patrios en las instalaciones de la Normal de Educadoras.
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