Para la mayoría de Morena en el Congreso Local no es ninguna prioridad la democracia en nuestra entidad, puesto que en lugar de argumentar la importancia de que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) cuente con un presupuesto de 756 millones de pesos para organizar en forma adecuada la elección del próximo 2 de junio en que estarán en juego 541 cargos de elección popular simplemente acató la instrucción de reducir a 565 millones de pesos.
Los diputados locales de Morena no pueden argumentar que no hay dinero cuando la titular de la Secretaría de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez, siempre presume de que Tamaulipas goza de finanzas sanas, incluso en varias ocasiones ha alardeado de que logró ahorros sustanciales para la realización de diversas obras y programas sociales.
Y más ahora que Lozano Rodríguez gestionó un crédito de 2 mil millones de pesos con la banca privada para el 2024, sin embargo, todo indica que no es una prioridad invertir en la democracia para que la ciudadanía tamaulipeca pueda elegir a sus representantes populares en las 22 diputaciones de mayoría relativa, las 43 presidencias municipales, las 405 regidurías, las 14 diputaciones de representación proporcional y las 57 sindicaturas de mayoría que estarán en juego en la elección del domingo 2 de junio en nuestra entidad.
La tacañería de la fracción de Morena en el Congreso Local propició que el consejero presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, recurra a un “Plan B” para tratar de mitigar los efectos del recorte presupuestal en la organización de la elección del próximo 2 de junio.
Ramos Charre anunció que no se contratará la vigilancia privada para los consejos distritales y municipales, cuya labor estará a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado que encabeza el general Sergio Chávez García, quien “ya no siente lo duro sino lo tupido”, como dice el viejo refrán.
A propósito, el vocero de la Secretaría de Seguridad del Estado, Jorge Cuellar Montoya, anunció ayer que fueron encontrados sanos y a salvo los 31 migrantes que fueron secuestrados por la delincuencia organizada cuando viajaban en un autobús de la Línea Senda de Matamoros a Reynosa el pasado 30 de diciembre de 2023.
Si bien es cierto que este hecho delictivo tuvo un final feliz, no se puede dejar de soslayar el descrédito de las autoridades estatales, sobre todo cuando el dirigente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas, Julio Almanza Armas envió un oficio el pasado 18 de diciembre de 2023 al Palacio Estatal para alertar precisamente en torno a los secuestros que sufren los migrantes en el norte de la entidad.
Nadie descarta la posibilidad de que el general Chávez García sea el primer cambio que requiere con urgencia el gabinete estatal, debido a que ya van varios casos en que la delincuencia organizada hace y deshace lo que se le da la gana ante la incapacidad de los directivos de la Secretaría de Seguridad del Estado.
De regreso con el recorte presupuestal que sufrió el IETAM y que avaló la mayoría de Morena en el Congreso Local, se espera que todo transcurra con normalidad y la falta de recursos no impida que la ciudadanía tamaulipeca pueda acudir a votar libremente el próximo 2 de junio.
El colmo sería que un resultado adverso para las candidatas y los candidatos de Morena sea el pretexto para que la mayoría morenista en el Congreso Local descalifique la actuación de las autoridades electorales, puesto que a pesar del esfuerzo anunciado en el “Plan B” para que todo salga bien, la falta de recursos podría afectar la operatividad de las más de 4 mil casillas que se instalarán el próximo 3 de junio en la entidad.
En otro tema, la atención de la opinión pública estará hoy en el “debut” de Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puesto que se espera que dé varias declaraciones candentes, entre las que se encuentra la reducción de su salario a más de la mitad para estar acorde con la pobreza franciscana de López Obrador.
Batres Guadarrama entró en sustitución del ahora exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien renunció antes de que concluyera su gestión para formar parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo.
La nueva integrante de la SCJN también está de acuerdo con la propuesta de López Obrador acerca de que los ministros, magistrados y jueces sean designados por elección popular, cuyo tema será central en su discurso de hoy ante el pleno del máximo tribunal de justicia del país.
Por cierto, varios especialistas están en contra de la idea de López Obrador de que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por medio del voto popular con el pretexto de acabar con la corrupción en el Poder Judicial, puesto que existen experiencias en otros países que impulsaron reformas y que han sido unos rotundos fracasos, como es el caso de Bolivia.
Durante la gestión de Evo Morales Ayma se hicieron varias reformas para que los ministros, magistrados y jueces de Bolivia fueran elegidos por medio del voto popular, sin embargo, en lugar de acabar con la corrupción en el Poder Judicial de aquella nación sudamericana se profundizó la deshonestidad de los encargados de aplicar la justicia.
El primer problema que se generó fue la politización de la carrera judicial en Bolivia luego de que muchos aspiraron a estos cargos, pero sobre todo porque llegaron los más populares, pero no estaban capacitados para ejercer el cargo, incluso muchos ni siquiera conocían las principales normas legales.
Es por eso, que la atención de la opinión pública estará pendiente del “debut” de Lenia Batres Guadarrama como ministra de la SCJN, puesto que seguramente tratará de aplicar sus inclinaciones de izquierda para revolucionar el máximo tribunal de justicia en el país.
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