El costo de la vida es permanente: trabajamos para tener un ingreso que nos permita una vida digna; pero en el mundo de la producción, como de los servicios, hay una relación de costo-beneficio. Es cierto, estamos acostumbrados a ser testigos de cómo, quien produce, busca tener el mayor beneficio; pero igual, el trabajador, busque que todo lo cueste menos o que, dicho de otra manera, su salario o sueldo le permita adquirir todo lo necesario para satisfacer sus necesidades.
El bolsillo del padre de familia, en algunos casos de la madre, es el mejor indicador sobre el costo de la vida: hay un costo diario de vida, que son el pago de los servicios básicos como los de alimentación. Y si el trabajador se percata que no le alcanza su ingreso, busca otro, para completar. Y es entonces que nos damos cuenta de la realidad: unos trabajan y lo que ganan solo les alcanza para comer.
LOS MICROS Y SUS TARIFAS.
Hace días unos micros anunciaron en su parabrisas que el nuevo precio era de 11 pesos. La cuestión es que, días antes, los concesionarios y el gobierno tuvieron una reunión y estos, ah, hicieron notar que la tarifa no es justa, que es necesario incrementarlas. Ante los hechos José Armando Lara Valdés como subsecretario de transportes, hizo valer su autoridad y ordeno la retención de varios micros, como una respuesta al reclamo popular, la molestia, por tal incremento.
La 4T no puede soslayar a los pobres, son su clientela política, y son además protegidos de AMLO. El gobierno estatal tiene, por así decir, la obligación de proteger a los pobres y, en esa coyuntura, es difícil que aprueba esa alza arbitraria. La cuestión es que, el servicio tiene un costo: los vehículos se deprecian, hay que darles mantenimiento, ponerles gasolina y aceite, amén de pagar el sueldo del chofer. Unos y otros, en este sentido, claman: la cuestión es que, a ambos, el dinero no les alcanza: los usuarios porque ganan poco; los concesionarios, alertan sobre los gastos y costos de operación.
TABLAS: NI GANO NI PIERDO.
Hace mucho tiempo Álvaro Garza Cantú, hombre de negocios múltiples, entre ellos la construcción, me explico lo que sucede con los contratos de obras: en tiempos de crisis, me dijo, cuando no hay obras, aceptamos los contratos que caigan no importa que salgas tablas: lo importante es que, al hacerlo, garantizas el sueldo del trabajador… de otra manera, sin obras, tienes que despedirlos y además pagarles indemnización. Mi pregunta, en esta circunstancia, es que sucede con los transportes urbanos, los micros pues.
Siempre se ha dicho que los concesionarios solo jalan para su bolsillo: que no dan mantenimiento correcto y adecuado a las unidades, que, por ello, tarde o temprano fallan, muestran deficiencias y carencias, están mal pues… y casi, al final, se convierten en chatarras. Las más de las veces, el gobierno mismo, ha sido el protagónico de salvar la situación, sea porque dan facilidades o apoyan a los concesionarios para nuevas unidades, una forma, digamos, de financiar el servicio público de transporte.
IRRITACION SOCIAL.
El gobierno no puede darse el lujo de castigar a los pobres, primero ellos dice AMLO. Y menos en tiempos electorales. ¿Qué puede suceder? En principio ya pusieron un antecedente: no autorizar el incremento del pasaje, aunque se dejó abierta la posibilidad de hacerlo, claro, en la medida que los concesionarios puedan demostrar que, efectivamente, los costos de operación son altos y no logran cubrirse con el precio actual.
Las consecuencias son difíciles de predecir. Por decir, si no aumentan el precio del pasaje, que los concesionarios paren y no brinden el servicio; lo que puede, en todo caso provocar malestar social. Puede, por otra parte, el gobierno autorizar el incremento del pasaje; ante esta situación, pueden darse dos escenarios: que la población, como en otras ocasiones, se limiten a aceptar la situación o que, si aparece un líder social, manifestar su descontento y, entonces, si, el panorama para la 4T se puede complicar.
SUBSIDIOS.
La opción más viable que, incluso, puede favorecer al gobierno es el subsidio. Y ahí la cuestión es que tiene que ser en forma de que haya beneficios políticos para el gobierno. El más fácil, es sostener el precio y que se establezca un mecanismo para compensar al concesionario; otro, que la prestación del servicio lo asuma el propio gobierno, lo que implicaría una fuerte inversión… que sería política, porque los dividendos se pueden obtener en procesos electorales… Tal y como sucede en la CdMx, donde, por cierto, los adultos mayores no pagan el servicio del transporte.
La cuestión es que, si no se ataja el problema del transporte, a la larga se puede convertir en un negativo, que se uniría a los problemas ya tradicionales en la capital tamaulipeca: como el agua y el de la basura. Y si el dinero no alcanza en las familias, resulta que en el gobierno tampoco es suficiente para la problemática que se tiene que resolver.
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