Al paso que va, el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, necesitará alrededor de 70 años para llevar a juicio a los bandidos denunciados en un promedio de 60 expedientes, por el gobierno americanista.
En once meses, a nadie ha metido al bote don Raúl pese a las pruebas aportadas por los jurídicos del nuevo gobierno.
Parece proteger descaradamente a pillos del tamaño de Enrique Rivas Cuéllar, ex alcalde de Nuevo Laredo (cinco años), contando también con la complicidad de jueces del Supremo Tribunal de Justicia. Es lo que dan a pensar.
El neolaredense fue vinculado a proceso el 19 de abril del presente, concediendo el Juez Isaías Contreras Tamayo cuatro meses a la Fiscalía para terminar de formular acusaciones. El plazo transcurrió y nada.
Según el dato, Rivas se apropió de 50 melones de pesillos en la compra venta de un terreno con dinero público. Es acusado por ejercicio indebido de funciones y atribuciones. Pagó fianza y cada mes va a firmar al juzgado.
Cuando Ramírez logró que el juzgador lo vinculara a proceso, la opinión pública pensó que sería el comienzo de la caída de los corruptos del anterior sexenio. Error garrafal, los indiciados siguen en la calle.
El señor Castañeda publicó con mucho orgullo que logró vincular a proceso al ex secretario de Educación del gobierno cabecista, Mario “G” (Gómez Monroy), en cuyo caso también concede meses para aportar o descargar elementos.
La pregunta es ¿de qué sirve que los vincule si andan libres?, y apenas son dos cuando la lista anda por los 150.
El ciudadano común no entiende de plazos ni fianzas, quiere ver que la Ley alcance a los delincuentes en un plazo razonable, no años como para que se olvide o los delitos prescriban.
A Mario le fueron dictadas medidas cautelares como ir a firmar cada 15 días; le quitaron su pasaporte para que no salga del país; no puede acercarse a domicilio de los denunciantes, en este caso la secretaría de Educación.
Al ritmo que lleva el Anticorrupción, pueden pasar años y el acusado no pisará la sombra porque cuenta con la protección de la Fiscalía y el Poder Judicial ¿quién dijo que no?. No es eso lo que demanda la comunidad tamaulipeca.
Gómez malversó ocho melones de pesos, una cantidad ínfima que podría desembolsar de su peculio para saldar la cuenta ¿y los intereses? ¿basta con pedir perdón?.
Otro dato, este aportado por la jefa Jurídica del Gobierno del Estado, Tania Contreras López, es que hay de 8 a 10 ex secretarios cabecistas que reclaman ser vinculados a proceso por latrocinios del pasado sexenio, e incluso el ex Gobernador “gringo”.
De nada sirve vincular a medio centenar si la siguiente etapa queda trunca por la protección de funcionarios transexenales.
En el expediente de Mario “G” fue relacionada una empresa llamada Metlife, proveedora de seguros de vida y otros, que mantenía, mantiene contratos con dependencias del gobierno donde los panistas siguen tomando decisiones.
Vende seguros individuales y el gobierno se encargaba de descontar a los empleados. Ahora mismo tiene contrato con el Poder Judicial según comunicado del 26 de abril del 2023, difundiendo una “adjudicación directa”, es decir, por compadrazgo.
Se refiere al “seguro colectivo” de gastos médicos mayores, donde entran los magistrados y consejeros de la Judicatura, sus esposas, concubinas, hijos solteros menores de 25 años, así como empleados, hijos, esposas y hasta los padres.
Sin embargo no está claro qué pasa cuando hay que lamentar una muerte, como se dio con Juan Rodríguez Pérez, de la hoy Fiscalía de Justicia, quien ingresó a la dependencia en 1996, “desapareció” en 2007 y hasta 2016 la autoridad “presumió” que había muerto. Netlife tenía metida la mano.
La viuda Rosario Camacho Verdugo reclamó pensión para su hija menor y 100 por ciento de sueldos caídos desde 2007, pero en el 2020 seguía batallando con los funcionarios panistas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Asuntos aparte, el Gobernador Américo Villarreal entregó este lunes a Seguridad Pública cien patrullas más, nuevecitas, que servirán para velar por la paz y tranquilidad de los paisanos, la principal preocupación del gobierno morenista.
Se suman a otras cien que puso en servicio en noviembre del 2022 que vinieron a sustituir la chatarra que dejó el sexenio pasado, y van por restablecer el servicio de dos helicópteros que también quedaron desmantelados.
Y hablando de Morena, este lunes fue el último día de encuestas para decidir sobre quien coordinara los comités de Defensa de la 4T, o sea, el candidato a la Presidencia de México. Los resultados se sabrán el martes.
Tamaulipas va montado en el tren de Claudia Sheinbaum y es de esperar que ganará en esta tierra. A partir que se conozca el nombre, quedarán perfilados los candidatos al senado, la etapa que sigue.
De todas maneras, senadores y diputados federales deberán sr “palomeados” por el jefe político estatal.
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