“En Acción Nacional estamos a favor de que exista un padrón que contenga los datos de aquellas personas que se encuentran en la situación de deudores alimenticios”, manifestó la diputada LINDA GONZÁLEZ ZÚÑIGA, durante la sesión celebrada el 20 de enero de 2022, para enseguida anunciar que la bancada del PAN se abstendría de apoyar la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Recordemos que, en la sesión realizada el 27 de octubre de 2021, la diputada ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS presentó la iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil del Estado, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tamaulipas, así como a la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil.
“Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, solamente en el año 2020 se registraron 4,552 divorcios en Tamaulipas; siendo Altamira, Nuevo Laredo y Reynosa los municipios que registraron el mayor número de disolución del vínculo matrimonial con 1,074, 988 y 729 divorcios respectivamente”, argumentó CÁRDENAS CASTILLEJOS, destacando que dicha situación afecta sobre todo a las y los niños.
La diputada del PRI propuso la creación del “Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos”, en donde quedarían inscritas aquellas personas que incumplan con la pensión alimenticia “por un periodo de noventa días, ya sean consecutivos o no”.
De acuerdo a la iniciativa de CÁRDENAS CASTILLEJOS, serían los Jueces y Juezas de la materia Familias, quienes se encargarían de enviar los datos de las y los deudores al Registro Civil, para inscribirlos en el Registro Estatal.
Mientras que, en la sesión celebrada el 4 de noviembre de 2021, la diputada NANCY RUIZ MARTÍNEZ, presentó la iniciativa de reforma al Código Civil, la Ley de Adopciones, Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, así como al Código Penal de Tamaulipas, con la finalidad de crear el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, que estaría a cargo de la Oficina del Registro Civil.
Tomando en cuenta el contenido de ambas iniciativas, la 65 Legislatura del Congreso del Estado, aprobó el dictamen de mérito, durante la sesión del 20 de enero de 2022, siendo la diputada CÁRDENAS CASTILLEJOS quien leyó el veredicto de la Diputación Permanente.
Publicado el 13 de abril de 2022 en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 65-125 otorgó en el Artículo Segundo Transitorio, un plazo de 90 días para la creación y operación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, en la esfera del Registro Civil.
Cumplido lo anterior, el Supremo Tribunal de Justicia, que preside DAVID CERDA ZÚÑIGA, alimentaría el Registro Estatal de Deudores a través de las y los Jueces de la Materia Familiar.
Vienes a cuento el extenso proemio anterior, porque el Periódico Oficial del Estado publicó en su edición del martes 16 de mayo de 2023, un acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, que también preside el Magistrado CERDA ZÚÑIGA, relacionado con la obligación en comento de las y los Jueces Familiares.
Aprobado el pasado 12 de mayo, con el voto unánime de las Consejeras ANA VERÓNICA REYES DÍAS y XÓCHITL SELENA SILVA GUAJARDO, y por los Consejeros CARLOS RUHNEB PÉREZ CÉSPEDES y JOSÉ ÁNGEL WALLE GARCÍA, dando fe el Secretario del Consejo, ARNOLDO HUERTA RINCÓN, el acuerdo tiene tres resolutivos principales.
Primero, reiterar a HUGO PEDRO GONZÁLEZ JUÁREZ, LINDA PATRICIA GÓMEZ MORA y demás titulares de los Juzgados Familiares, la obligación que tienen de “suministrar la información que se genera por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias”, así como de “ordenar de oficio la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos” a quienes incumplan con la ley, “so pena de la responsabilidad administrativa” que amerite
Segundo, el Consejo de la Judicatura “exhorta a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad, solicitar a la o el Juez de lo Familiar competente para que cumpla con la obligación en comento.
Tercero, se instruye al Director de la Visitaduría del Supremo Tribunal de Justicia, ÁNGEL GÓMEZ SOBREVILLA, para que “en el ámbito de sus atribuciones y competencias observen el cumplimiento de este proveído”.
En español puro y llano, el acuerdo representa un “jalón de orejas” por parte del Consejo que preside DAVID CERDA ZÚÑIGA, para que las y los Jueces que atienden la materia familiar, no se hagan patos ni patas y atiendan la obligación de visibilizar a las personas, que no aportan la pensión alimentaria durante 60 días.
Un apretón de tuerca del Consejo de la Judicatura.
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