Una camioneta Silverado, a la que luego prendieron fuego, presentaba 103 impactos de bala. Pese a ello, los investigadores no encontraron en los alrededores ningún casquillo percutido.
Esto hizo sospechar que los autores de la masacre de 19 migrantes en el municipio de Camargo, eran policías. Habían tratado de ocultar su identificación “curando” el lugar.
No se equivocaron los peritos de la Fiscalía. Los autores de la matazón ocurrida el 22 de enero de 2021 fueron los GOPES, la temible policía especializada del Gobernador Cabeza de Vaca que recibía instrucciones suyas y solo a él le rendía cuentas.
Por seis años, gobierno panista, a los crímenes de la delincuencia organizada se le agregaron los cometidos con alevosía, ventaja e impunidad por la policía estatal.
La voz ciudadana denunció robos domiciliarios, asaltos, secuestros, “levantones”, desapariciones forzadas y ejecuciones de la corporación. El manto de protección e impunidad venía desde Palacio y la Fiscalía.
“En el colmo del cinismo pretende engañar a la sociedad y ocultar que en su sexenio se dispararon las desapariciones, feminicidios y todos los índices de violencia”, dice una carta abierta firmada por 33 senadores, diputados federales, diputados locales y alcaldes, en que le restregan en su cara a Francisco García, la herencia de sangre que le dejó a la 4TT.
Mensaje muy fuerte, duro y a la cabeza del refugiado en los Estados Unidos: “Ya basta de mentiras, exigimos que, aunque sea por una vez, dejes de lado la perversidad que ha caracterizado tu carrera política”, le dicen, y dan su voto de confianza al Gobernador Américo Villarreal en su lucha contra la delincuencia.
En el sexenio panista, agregan “hubo vía libre para las ejecuciones extrajudiciales, la fabricación de delitos, persecución de opositores y violación de los derechos humanos”.
Nada más cierto a lo firmado por alcaldes como Carmen Lilia Canturosas, de Nuevo Laredo; Carlos Peña Ortiz, de Reynosa; Mario López Hernández, Matamoros; Adrián Oseguera Kernion, de Madero, y Eduardo Gattás Báez, de Victoria, así como 7 legisladores federales y 16 locales.
Fue el sexenio de ejecuciones por parte de la policía de élite del Gobernador, quien ahora trata de aparecer como “blanca palomita” en sus aspiraciones de volver al poder. Cometieron hechos vergonzantes que las ciudadanía no puede olvidar. La comunidad tenía que protegerse de la delincuencia ordinaria, delincuencia organizada y ¡de los policías!.
Otra ejecución que no tiene nombre, fue cometida en septiembre del 2019 en Nuevo Laredo, colonia Valles de Anáhuac. Una masacre. Ocho jóvenes levantados y asesinados por el grupo de élite CAIET, para luego hacer un montaje casi perfecto para decir que fue un enfrentamiento y los muertos pertenecían a un grupo delincuencial.
Los pupilos del panismo tuvieron tiempo de montar un escenario con un vehículo blindado que ordenaron llevar con grúa, así como vestir a muertos con uniformes tácticos usados por el grupo criminal.
Ya va para cuatro años y el Fiscal “carnal” no ha dicho cuáles son los avances de las investigaciones, si los policías fueron castigados o siguen prófugos, o bien quedaron comisionados en la “guardia personal” del innombrable pagados por dinero del erario.
Esa fue la policía azul del sexenio pasado, además de otros “chistecitos” que no fueron denunciados por ciudadanos por temor a ser muertos, como eran las amenazas.
Condenable el asesinado del joven Juan Daniel Ortiz Martínez, empleado de una maquiladora, acribillado por policías en Río Bravo en febrero del 2020 que porque lo “confundieron” con delincuente.
Le metieron en su cuerpo y vehículo (camioneta) 242 balas pagadas con los impuestos de los tamaulipecos. Había salido a la tienda de la esquina de su casa a hacer una compra.
Dramática la narración de su madre que le habló por teléfono al escuchar disparos: “Le marqué y me contestó, y escuché que gritaba que no le tiraran pero se seguían oyendo balazos. Salimos corriendo y al llegar todavía seguían disparando a la camioneta”.
Pasaron ya tres años de ese proditorio asesinato. No se sabe si los cinco policías prófugos fueron finalmente detenidos. Es una explicación que el Fiscal (carnal) Irving Barrios Mojica le debe a los tamaulipecos.
Son pasajes de la seguridad pública que “brindó” el panismo cabecismo a los tamaulipecos y migrantes.
Uno más: En Camargo los “especiales” se metieron a la casa de Angélica Gudiño Vázquez, comerciante, para robarle dinero, joyas, herramientas, electrodomésticos y whiskey, destruyendo de paso las cámaras de video vigilancia para borrar evidencias.
Se inicio la carpeta de investigación 135/2020, que sigue congelada en la Fiscalía de Irving Barrios.
Por esas fechas, pese a ser socios y virtuales hermanos fraternos, los líderes de la Fecanaco pidieron al Gobernador la desaparición de los GOPES, sin resultado. Con la 4TT el grupo criminal fue desaparecido.
En otros temas, la encuestadora México Elige, en su entrega de marzo, clasifica al victorense Eduardo Gattás Báez en el segundo lugar nacional de entre las 32 entidades, con una aprobación ciudadana del 60.8 por ciento de los encuestados, solo por debajo de Enrique Gallardo Ceballos, de San Luis Potosí.
Registra un ascenso vertiginoso: En febrero, Gattás fue calificado por los ciudadanos en el décimo lugar del ranking nacional con 58.3 por ciento de aceptación.
Y en el Congreso del Estado se acabarán los informes de auditoría “a modo” y sin observaciones para los entes fiscalizables, como señalaron los legisladores Ursula Salazar Mojica e Isidro Vargas Fernández, presidenta de la JCP y la Mesa Directiva, al firmar con la Contralora del Estado, Norma Angélica Pedraza Melo, el convenio de colaboración en apoyo y asesoría normativa en manejo de requerimientos administrativos.
Hasta septiembre solo un ayuntamiento tenía convenio con la Auditoría; hoy son 23 y el Poder Legislativo, y contando.
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