Cuando la tesorera del municipio de Victoria, María de Guadalupe de los Reyes Acosta, declaró que se había asignado un millón de pesos para el arranque del Fondo de Capitalidad pensé que se había equivocado, pero ayer cuando la diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos del PRI confirmó que es está ínfima cantidad, francamente me preocupé porque es una verdadera bicoca ante las urgentes necesidades que tiene la capital tamaulipeca.
Y más cuando la fracción de Morena exigió a la administración de Francisco García Cabeza de Vaca el 1% del presupuesto estatal del 2021, es decir alrededor mil 100 millones de pesos, pero ahora se conforman con una verdadera bicoca porque hasta el momento José Braña Mojica ni Vital Tamez Román Martínez han tomado la tribuna del Congreso Local para protestar.
Incluso, en diciembre del año pasado se habló de que se destinarían por lo menos 370 millones de pesos para el Fondo de Capitalidad de Victoria a causa de la “pobreza franciscana” del presidente López Obrador, pero un millón de pesos resulta una verdadera bicoca.
Se espera que el alcalde Eduardo Gattás Báez logre sensibilizar a la administración de Américo Villarreal Anaya para obtener los 370 millones de pesos que se habían anunciado en diciembre del año pasado, incluso se dijo que esta cantidad saldría del Fondo de Participaciones Federales que recibe Tamaulipas.
Tiene mucha razón la diputada priísta Cárdenas Castillejos en solicitar, respetuosamente, a la titular de la Secretaría de Finanzas sean incluidos un representante del Congreso Local y un representante de la sociedad civil en el Comité Técnico del Fondo de Capitalidad para Victoria.
No es por falta de confianza en el manejo transparente del presupuesto a que se debe comprometer el Comité Técnico, sobre todo cuando la bicoca de un millón de pesos apenas servirá para rentar unas oficinas y el pago del personal que deberá tener para arrancar sus actividades.
Por otra parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jorge Bello Méndez, confunde el hecho de entregar folletos del municipio de Victoria y concretar inversiones productivas para la capital tamaulipeca, puesto que anunció con “bombos y platillos” que nueve empresas están interesadas en instalar aquí sus plantas del ramo automotriz.
Bello Méndez acudió recientemente a la Expo Manufacturera que se celebró del 7 al 9 de febrero en Cintermex de Monterrey, Nuevo León, en cuyo evento participaron directivos de empresas transnacionales que buscan aprovechar el auge del nearshoring, es decir cambiar sus plantas en otros países, en los estados del norte del país.
Seguramente, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Matamoros se beneficiarán del nearshoring porque tienen las condiciones necesarias para atraer a los inversionistas que buscan instalar sus plantas cerca de los Estados Unidos, como es el caso del agua, energía eléctrica, vías férreas, parques industriales, incentivos fiscales, entre otros.
Desafortunadamente, Victoria carece de lo indispensable para ser un lugar atractivo para los inversionistas, por lo que resultó inútil la entrega de folletos que hizo el secretario Bello Méndez.
En otro tema, el historiador consentido del presidente López Obrador, Pedro Salmerón Sanjinés volvió ayer al escenario político porque presentó una demanda en contra de la senadora Kenia López Rabadán del PAN porque defendió a las alumnas y exalumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que lo habían denunciado por acoso sexual.
Salmerón Sanjinés exige una indemnización de 12 millones de pesos luego de que el escándalo generado por las denuncias de acoso sexual le costó el cargo de embajador de México en Panamá, a pesar de que López Obrador lo defendió al señalar que las acusaciones de alumnas y exalumnas del ITAM no eran ciertas y que se habían prestado a una venganzas políticas de la senadora López Rabadán.
Incluso, el tabasqueño tuvo fuertes diferencias con la canciller de Panamá, Erika Mouynes, quien de plano se negó a aceptar la designación de Salmerón Sanjinés como embajador de México por sus antecedentes de acoso sexual.
En represalia, López Obrador designó a la senadora María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como Jesusa Rodríguez, hecho que causó la indignación del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, quien reclamó seriedad al gobierno de la llamada 4° Transformación.
Y ahora, Salmerón Sanjinés le exige el pago de 12 millones de pesos a la senadora panista López Rabadán y 29 personas más que impulsaron la denuncia por acoso sexual en contra del historiador consentido de López Obrador.
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