Luego de que el alcalde Eduardo Gattás Báez anunció que contratará a una empresa para cobrar a los contribuyentes que adeudan el impuesto predial de cerca de 300 millones de pesos, surgieron dudas acerca de que sí en verdad se requiere cuando existen procedimientos legales establecidos para recuperar los gravámenes fiscales de los municipios.
No es necesario exhibir a quienes adeudan el impuesto predial, como lo hizo el alcalde Gattás Báez con el PAN y el PRI, puesto que, insisto, hay procedimientos legales establecidos para recuperar los gravámenes fiscales y lo demás es puro show que busca distraer a la opinión pública acerca del verdadero motivo de contratar a una empresa para cobrar a quienes deben sus contribuciones.
Y es que resulta sospechoso que nadie le haya dicho al alcalde victorense que existen convenios con el gobierno del estado para cobrar los adeudos del impuesto predial, incluso que la Secretaría de Finanzas tiene a personas que cobran comisiones por entregar los requerimientos fiscales a los contribuyentes y los procedimientos administrativos de ejecución.
No importa que la empresa que desea contratar cobre el 1% de lo que recauden, ya que puede recurrir a los procedimientos legales establecidos para recuperar los adeudos del impuesto predial y obtener un ahorro que puede canalizar a otras necesidades que tiene la administración municipal de Victoria.
Es por eso, que “hay gato encerrado”, como dice el viejo refrán, en torno al cobro del impuesto predial, por lo que el alcalde Gattás Báez debería primero solicitar asesoría legal antes de contratar una empresa, pero también dejar de exhibir a quienes adeudan los gravámenes fiscales porque puede ser demandado por violar sus derechos humanos con intereses políticos y partidistas.
Por otra parte, pero sin dejar el tema de la administración municipal de Victoria, resulta que los enroques que hicieron recientemente disque para mejorar la operación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) no han funcionado porque se siguen registrando fugas en diversas partes de la capital tamaulipeca y se han multiplicado las quejas por falta de agua en diversas colonias y hasta en fraccionamientos residenciales.
Incluso, hay quejas en contra de las cuadrillas de la Comapa porque luego de reparar las fugas no pavimentan bien las calles, puesto que los trabajos de compactación no son los adecuados y posteriormente se forman baches que dañan las suspensiones de los vehículos.
Habitantes de las colonias populares se quejan de que los dejan sin agua por varios días a pesar de que no es época de estiaje, además de que las pipas no cubren las demandas que hay del vital líquido, entre otros aspectos negativos.
En otro tema, qué sabrá el presidente López Obrador que desde ahora cree que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechará el “Plan B” de la reforma electoral que impulsó para acotar las atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
En su conferencia mañanera del pasado lunes, López Obrador declaró que no habrá ningún problema sí el “Plan B” es considerado inconstitucional por la SCJN, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para lanzar un comentario con mucha jiribilla al señalar que “será una raya más al tigre”.
Y es que hasta los consejeros propuestos por él están en contra del “Plan B”, es decir Carla Astrid Humphrey Jordán, Norma Irene de la Cruz Magaña y Uuc-Kib Espadas Ancona coincidieron en señalar que la reforma electoral es regresiva y viola en forma flagrante la constitución.
Incluso, el tabasqueño pretendió presionar a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, con declaraciones sumamente ofensivas y sobre todo falsas, como cuando afirmó que aumentó la corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF) desde que llegó el pasado 2 de enero de 2023.
De nada le valió porque la ministra presidenta Piña Hernández no cayó en el juego perverso de López Obrador, sino por el contrario sin contestar ninguna de las ofensas del tabasqueño se ha dado a la tarea de recomponer varios casos, como fue mantener el secreto bancario para que la Fiscalía General de la República (FGR) sólo pueda obtener información de las instituciones bancarias y financieras a través de una orden expedida por un juez.
También la Segunda Sala de la SCJN, que preside el ministro Alberto Pérez Dayán, acordó volver a revisar las recientes reformas a la Ley de la Industria Eléctrica de López Obrador que busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el sector privado.
En otro tema, el Consejo General del INE, que preside Lorenzo Córdova Vianello, sostendrá el día hoy una sesión extraordinaria en donde se tratarán dos asuntos, el primero será el informe de la Comisión de Fiscalización, que encabeza la consejera Adriana Favela Herrera, acerca de las irregularidades encontradas en los gastos de precampaña de los candidatos a la curul vacante en el Senado.
En el segundo se hará una muestra para verificar las medidas de seguridad en la documentación electoral y la calidad de la tinta indeleble que se utilizará en la elección extraordinaria del próximo 19 de febrero, cuyo ejercicio se realizará a petición del consejero José Martín Faz Mora.
En tanto, la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas informó que hoy llegará el material electoral a Ciudad Madero y que a partir de mañana 2 de febrero se iniciará su distribución en las 9 Juntas Distritales que hay en la entidad.
Para la entrega del material electoral habrá dos rutas, la primera se iniciará en Madero, luego en Tampico, posteriormente en Mante y concluirá en Victoria. La segunda ruta arrancará en Matamoros y concluirá en Río Bravo.
El viernes 3 de febrero, se tiene contemplado iniciar en Reynosa, en donde hay dos distritos electorales federales y concluir la entrega del material electoral en Nuevo Laredo. Las maniobras de descarga y entrega en cada distrito electoral se llevarán un tiempo aproximado de una hora y media.
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