Si la Ley se aplica estrictamente, faltarán espacios en los penales para encerrar a tanto pillo como lo exige la agraviada sociedad tamaulipeca.
Hay avances y más le vale al nuevo gobierno, como es la intención, que termine la construcción del nuevo reclusorio de la capital. En el “hotel” Tamatán no hay cabida.
A 25 días de concluido cabecismo, por fin huele a barrotes. El nuevo gobierno informó de dos órdenes de aprehensión… Por ahora. Sin duda habrá más.
Según la Fiscalía, los primeros “clientes” son Luz Olivia “G” (Gómez García) y Héctor Francisco “M” (Martínez Portilla), representantes de Asesoría Internacional de Seguros y Finanzas, de Reynosa para variar, por defraudar a un promedio de dos mil servidores del Gobierno del Estado en complicidad con funcionarios panistas.
Alguien les abrió las puertas para firmar convenios con la Secretaría de Administración, para el descuento vía nómina por la venta fraudulenta de seguros de vida y otros, a la burocracia.
Es la punta de la madeja y, si la investigación se lleva hasta sus últimas consecuencias, como es la instrucción del Gobernador Américo Villarreal, caerán peces más gordos de los esperados.
Héctor Francisco es hermano (o pariente) del Subsecretario de Turismo panista, José Luis Martínez Portilla, aunque su posición no era lo suficientemente relevante para llegar al centro de los negocios.
Todo apunta a quienes dirigieron la secretaría de Administración durante el cabecismo, Miguel Angel Villarreal Ongay y Jesús Alberto Salazar Anzaldúa ¿quién firmó los convenios? Por ahora son documentos que “reservaron” antes de irse para que no cundan a la opinión pública.
¿Se mandaban solos? ¿recibieron la instrucción desde la Casa de Gobierno? Son respuestas que debe buscar el “fiscal carnal” Irving Barrios Mojica.
La otra sospecha es que la instrucción de contratar las pólizas fraudulentas vino del “primer gobernadorcito”, el hermano Ismael, a quien le tocó “exprimir” varias secretarías.
Como es del dominio público, los “tres García” se repartieron los billetes del aparato de gobierno que incluyó contratos con empresas de amigos y hasta fantasmas.
No quedan excluidos quienes fueron los secretarios del gabinete, actores o por lo menos cómplices de los operadores de la gran estafa.
Los primeros datos arrojan que las víctimas fueron empleados de Salud, Seguridad Pública, Educación, el DIF y hasta de Desarrollo Económico, donde operaron libremente los representantes de Internacional de Seguros.
Si el “carnal” Barrios actúa con honestidad en el cumplimiento de su deber, a estas alturas ya debe tener citados a Gloria Molina, ex jefa de Salud; Mario Gómez Monroy, de Educación; al jefe de Seguridad Pública, Jorge Ontiveros Molina y la Directora General del DIF, Diana Evelyn Mata Monreal ¿Acaso Omeheira López Reyna? ¿Marisa Haydeé González Benavides?.
No se antoja que la decisión de contratar con la empresa fantasma haya sido tomada por funcionarios menores como delegados administrativos, que en última instancia son los que podrían ir a parar al bote por firmar los papeles.
Y cabe responsabilidad en los contralores de cada secretaría ¿no vieron que era un fraude?. Seguro que la línea de hacer daño al erario vino de “más arriba”.
El grueso de defraudados parece estar en Salud, donde firmaba como Subsecretario de Administración y Finanzas Enrique Jorge Nader Nemer y como apoderado legal Víctor José Girón Dimas.
Hay otro nombre que sale a relucir, Issa Graciela Edgar Alvarez, jefa de Personal de la SST ¿a ellos les echarán la culpa? Son “perras flacas” del affaire millonario.
Solo es uno de los “negocitos” operados por el panismo cabecista. Hay más, cientos. En cuanto la 4T amplíe sus investigaciones aparecerán más delitos. El saqueo fue premeditado, con alevosía y ventaja.
Es la punta del Iceberg. Al gobierno americanista le quedan 35 días para citar a los ex secretarios del gabinete a que aclaren dudas o informen del destino de bienes. De no comparecer comenzará el camino de la persecución de delitos.
Más les vale que hagan caso a los citatorios de Contraloría o la propia Fiscalía que consiguió las primeras órdenes de aprehensión.
Volviendo con la aseguradora que se volvió “ojo de hormiga”, aparece como proveedor del DIF y Gobierno de Tamaulipas. Sus representantes en efecto son Luz Olivia Gómez García y Héctor Francisco Martínez Portilla, con domicilio en la calle Guerrero 1515, colonia del Prado, en Reynosa, de quienes se sabe huyeron al lado americano.
Si el gobierno de Morena ha comenzado a llamar a cuentas a los responsables de los viles latrocinios cometidos en perjuicio del erario, solo hay que pedirle que no se detengan, que no concedan perdones, que vayan hasta donde tope. Si los ex secretarios del gabinete son culpables, que pidan las órdenes de aprehensión.
El inicio de este y otros procedimientos ha generado confianza ciudadana en el nuevo gobierno. Por Morena votó la mayoría de los tamaulipecos. Los que tomaron el poder no pueden defraudar la aspiración de hacer justicia, encarcelar a los bandidos azules.
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