Una jueza y un juez están en el ojo de la tormenta.
Hablamos de los presuntos verdugos que hace años dejaron caer injustamente el hacha de la justicia torcida y envenenada contra Geño.
En unos días más, ambos estarán ante la posibilidad de resarcir el grave daño que causaron, al prestarse para hundir a una persona de bien, perseguido político del cabecismo.
¿Héroes o villanos?
¿En que lado de la historia preferirán estar los jueces del fuero común, Martha Patricia Rodríguez Salinas y Santiago Espinoza Camacho, mismos que en su oportunidad, se dice, fueron doblados por las consignas emitidas desde las oficinas cabecistas del pasado sexenio?
En los próximos días, la aplicación de la justicia se pondrá a prueba en nuestro estado. Para bien o para mal, ambos representantes de la justicia tamaulipeca estarán en la boca de todos.
Tanto Martha Patricia como Sergio Espinoza, decidirán si se reivindican ante la opinión ciudadana, y son congruentes con la equilibrada balanza de la justicia. O bien siguen hundiéndose en la degradación y el oprobio, ante la suspicacia popular de que se vendieron por un puñado de monedas cabecistas.
Los dos jueces, enfrentan la opción de seguir obedeciendo a García Cabeza de Vaca, o bien emitir un veredicto apegado a lo que hasta ahora ha prevalecido en materia de pruebas y alegatos de carácter penal y jurídico: nos referimos a la demostrada inocencia del exgobernador Eugenio Hernández Flores.
En la historia de la jueza y el juez del fueron común que esta próxima semana están por ley obligados a definir si Geño es o no inocente, sobresale la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que rechazó los inservibles argumentos de ambos jueces, y los conminó a retirar los juicios contra Hernández Flores.
En otras palabras, la máxima instancia de la justicia en nuestro país, exhibió a estos dos servidores públicos de la justicia estatal, como dos jueces corruptos.
Hoy Patricia Sergio están ante la disyuntiva de rectificar, declarando a Geño inocente, o bien, en el peor de los escenarios, seguir obedeciendo las consignas de quien en el pasado inmediato, los habría presionado para torcer la ley.
Tanto la jueza como el juez deberán meditar muy bien sus decisiones. Porque está de por medio la libertar de un hombre inocente, y al mismo tiempo el profesionalismo y el prestigio de dos jueces que, de emitir un fallo equivocado, seguramente serán señalados por el dedo flamígero del pueblo, y caerán en la ignominia.
Ya desde ahora, amplios sectores de la sociedad tamaulipeca, advierten que no permitirán que los personajes encargados de emitir su fallo del caso Eugenio Hernández Flores, incurran de nuevo en chicanadas, porque en esta ocasión nadie les aplaudirá desde la sede del poder, sino todo lo contrario: serán repudiados y estigmatizados por el pueblo de Tamaulipas.
La próxima semana en Tamaulipas, estos dos jueces del fueron común estarán bajo el escrutinio de la opinión ciudadana. Todo ello después de que, en el pasado inmediato, obedecieron presuntas consignas del cabecismo para hundir a un inocente y perseguido político, como lo fue en su momento, el exgobernador Eugenio Hernández Flores.
Hoy, ya bajo la nueva administración morenista, los tiempos de la fabricación de delitos contra los enemigos políticos y disidentes, han llegado a su fin. A partir del pasado primero de octubre, se ha cancelado la utilización del poder, para aplastar a quienes no se prestaron a los caprichos y oscuros intereses de los azules.
Basta con recordar que este fue uno de los planteamientos fundamentales dados a conocer por parte del nuevo gobernador constitucional, el doctor Américo Villarreal Anaya, cuando en su reciente toma de posesión dijo:
“Nunca más se usarán las instituciones para perseguir inocentes”.
Y es que al concluir el sexenio azul de la mal llamada Marca “Tam”, el saldo de actores políticos de primer nivel, acusados y perseguidos por órdenes directas de Palacio de gobierno, abarcan una larga lista.
En ella se incluyen alcaldes, dirigentes sociales, diputados y dirigentes de partidos políticos. Desde su llegada en el 2016, el gobierno cabecista hizo uso de jueces y ministerios públicos, inventándole delitos a sus adversarios.
La moneda de la justicia está en el aire.
En este sentido, no está de más hacer énfasis en las palabras del gobernador Villarreal Anaya sobre cancelar de tajo el uso faccioso de las instituciones para perseguir a ciudadanos, cuyo único pecado fue oponerse a las tropelías del grupo Texano-reynosense.
O sea, que tanto Martha Patricia, como Sergio tendrán que medirle el agua a la percepción social contra los abusos y excesos del cabecismo.
Ni más, ni menos.
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