Los funcionarios no se mandaban solos pero, corren las apuestas ¿qué ex funcionarios serán los primeros en caer al bote?. Hay varios que en la opinión colectiva se disputan el espacio en penales.
La chiapaneca Gloria Molina Gamboa, de Salud; la jefa de Obras Públicas, Cecilia del Alto López y los ex titulares de Administración, Jesús Nader, Miguel Angel Villarreal Ongay y Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, sin pasar por alto al ex de IPISSET, Luis Leonel Salinas Martínez.
Desde luego que el “paquete” incluye a Don Mario Gómez Monroy, ex de la SET.
Los panistas borraron información que pudiera implicarlos en hechos criminales, pero aun así la gente de la 4T hará esfuerzos por reunir pruebas que los manden a la cárcel.
Antes de dejar el gobierno reservaron –para no difundir- la mayor parte de los contratos millonarios, manejados desde Salud, SOP y Administración.
Fue tanta la corrupción, por ejemplo, que Administración asignó 297 mil pesos por la compra de dos cámaras fotográficas sencillas, según el contrato DGCYOP-501-2019.
En la SOP “escondieron” los referentes a complejos de seguridad pública y estaciones seguras en carreteras, esas que solo sirven para que duerman los policías.
El de Nuevo Laredo se adjudicó a la empresa Cadrex, cuya propiedad pudiera ser de ex altos ex funcionarios panistas. Altamira fue para RT Hogares; Reynosa, Construcciones y Mantenimiento Roca y las estaciones Seguras se encargaron a Maytrack, de las cuales se ha hablado mucho en los últimos meses.
Una ampliación al de Victoria fue para el Grupo Río San Juan, también de Reynosa, muy conocida por cierto.
Hay gastos en proyectos que a lo mejor ni existieron, como ese para construir un lienzo charro hacia el interior del recinto ferial de ciudad Victoria, adjudicado a Fernando Rodríguez Esquivel, que también ocultaron.
Igual opacidad dejaron en Salud. Según la denuncia del nuevo secretario, la empresa Internacional de Medicamentos recibió un contrato multianual por más de mil millones de pesos, pero no ha suministrado medicamentos desde abril del presente.
Hay más, decenas de contratos ocultos como el 57062002-007-19 por contratación de servicio de banco de sangre y puestos de sangrado, cuyos montos y condiciones de suministro también se ocultan.
La mayor parte llegaron por asignación directa o “invitación” a tres proveedores, algo que da risa.
Hay mucho de donde cortar. En Educación las cuentas pendientes de Don Mario Gómez Monroy pueden ser más de los dos mil millones de pesos denunciados por la nueva titular, Lucía Aimé Castillo Pastor.
Informes de resultados de la ASF dicen que en el ejercicio 2021 encontraron en la nómina a trabajadores que habían muerto desde 2020.
Hallaron claves de Registro Federal de Contribuyentes no registradas ante el SAT; claves del CURP también inventadas porque no aparecen en la base nacional de datos; RFC con más de una CURP y CURP con más de un RFC ¿quiénes cobraron millones de pesos a nombre de muertos y fantasmas?.
Se sabe porque fue la ASF la que hizo la indagatoria. En la Auditoría Superior de Don Jorge Espino Ascanio, todo fue color de rosa.
Según la fiscalización del 2018, en la SET hallaron irregularidades por 19.8 millones de pesos por el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas, como esa de comprar los regalos de rifa para la navidad de los profesores, cuando la lana es para pagar a quienes agarran el gis y están frente a grupo.
Pagaron y otorgaron plazas para niveles de doctorado cuando los beneficiados muy apenas terminaron licenciatura.
De la cuenta 2017, la Auditoría determinó probables recuperaciones –por actos de corrupción- por la suma de 59.7 millones.
En todos lados de cuecen habas, como dice el refrán. En la Unidad de Previsión Social, según una auditoría externa del 2021, publicada a principios del 2022, dice que en 2013 alguien cobró 280 mil pesos a nombre de una mujer llamada Ana María Cruz Torres, tres años después que había fallecido.
De ese tamaño es la corrupción. Y lo lamentable es que los delitos siguen impunes. La lana del fondo de pensiones no se ha podido recuperar ¿qué se necesita? ¿honestidad?. Sin duda.
Hay tanta irresponsabilidad, que en el propio Instituto hay una cifra que no hallan a quien cobrarle por 44.2 millones de pesillos por concepto de “descuentos y devoluciones” que alguien hizo desde Ingresos de la Secretaría de Finanzas ¿quién los ordenó? ¿Arturo Soto?.
La auditoría rebeló que en enero del 2019 falleció el trabajador Eleuterio Barrón García, a quien debían sueldo. No encuentran a quien pagarle.
Desde 2019 hay ingresos por diez millones que nadie sabe qué persona los depositó ni por qué, pero que deben ser deudas. Cinco melones provienen del Cobat, 3.2 de Salud y 60 mil del banco Banorte por “pago referenciado” en que no se sabe el nombre de quien depositó.
Antes de irnos, mire que la Brigada de Salud de Pemex, traída por el alcalde Lalo Gattás permanecerá toda la semana en Victoria con servicios de medicina familiar, consulta dental, nutrición y farmacia.
Comenzó el lunes en la colonia Vamos Tamaulipas; siguió en El Mirador; miércoles sector de la Marte R. Gómez; jueves Ejido San Juan y el Ranchito, para cerrar el viernes en ejido La Misión, laborando entre ocho de la mañana y cuatro de la tarde.
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