Le preguntaron a Irving Barrios, el Fiscal General del Estado, que si va a renunciar. La pregunta tiene sentido en virtud de que llego con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es pues de su equipo, y quienes tienen puesto de confianza firman su renuncia sin chistar. Su respuesta fue categórica: No, “hay mucho trabajo todavía”, en pocas palabras no ha terminado el trabajo que le encomendó su jefe político. Va a trabajar tiempo extra.
En México, y en Tamaulipas, la autonomía de los órganos de gobierno es una ficción y, de tiempo atrás, ha funcionado una especie de cortesía o colaboración institucional. Horacio Ortiz Renán llego al Poder Judicial en tiempos de Egidio Torre Cantú, que dejo al gobernador electo la oportunidad de tomar las riendas de dicho poder: ahora, no fue así, esta convertido en una trinchera de los “Vientos de Cambio”.
REGLA FORMAL.
Irving Barrios Mojica tiene razón: el Congreso del Estado lo designo como Fiscal autónomo y su periodo tiene un tiempo de duración, que trasciende el sexenio. Así de simple. Su actitud, digamos formal, es correcta… lo eligieron para un periodo determinado. Cuando se vivían tiempos de poder político en manos de un mismo partido, eso se olvidaba, porque para nadie es un secreto que el nombramiento es, o fue inducido, por el gobernador en turno, como una forma de apuntalar una posición de poder.
Los hechos de final del sexenio, sin embargo, apuntan a que el cabecismo opero reformas legislativas para atrincherarse… para protegerse y cuidar, se entiende, las espaldas. Por eso, de otras áreas, las transfirieron a la FGE: para que nadie pueda investigar a los que se fueron, como fue el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera. Fortalecieron, además, la permanencia en el Poder Judicial. Así, de manera formal, por decir se puede investigar al Poder Ejecutivo, a los alcaldes, incluso amenazar con órdenes de aprehensión.
ARMA POLITICA.
De siempre los órganos de procuración y administración de justicia han sido utilizados como un arma política: tan simple, se acusaba a los alcaldes con las cuentas públicas… Y en el caso del sexenio anterior, uno que otro alcalde o exalcalde fue conminado a brindar apoyo al partido en el poder, en caso contrario sufriría las consecuencias. Recuérdese que, unos si las sufrieron, como el exalcalde de San Carlos, por sus malas cuentas, que fue hagan de cuenta el ejemplo de lo que podía sucederle a otros.
Sin discutir culpabilidad o inocencia, siempre se consideró que la detención de Eugenio Hernández Flores fue una venganza política; como lo fue, en su momento, la detención de la líder sindical Susana Prieto, hoy diputada federal de MORENA o el acoso que vivió Eduardo Gattas, aun siendo el Presidente Municipal de Victoria. Y el recuento puede ser más grande; pero esos ejemplos, creo, son suficientes para evidenciar que la procuración y administración de justicia fue torcida.
EL CASO DE JORGE WINCKLER.
Irving Barrios Mojica no es un improvisado. Entiende de las entrañas del poder y, por eso, se piensa que su permanencia es parte de una jugada que busca trascender el sexenio; y la única explicación es cubrir las espaldas, proteger a quienes se fueron. Lo hace, sin duda, por una orden de su jefe político. Sin embargo, vale recuperar lo que sucedió con Jorge Winckler en Veracruz.
Fue nombrado en 2016, en el gobierno panista de Miguel Ángel Yunes. Igual, alego que había sido electo para un periodo, aguanto, hasta que MORENA fue mayoría en el Congreso y lo echaron. Acusado, fue detenido tras ser prófugo, y hasta donde se sabe, aún está en prisión. Las acciones de procuración de justicia, en el sexenio pasado, fueron más de una objetables, como la de Susana Prieto: ¿Cuántas, como la de ella, nacieron al calor de la política? Y solo hay un culpable formal: El fiscal autónomo.
Ultima hora: Alerta migratoria para Francisco “N”. La pido la FGN, ya cuenta con una orden de aprehensión.
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