– Se distensiona el ambiente político. El TRIFE perfila aprobar el proyecto de sentencia que confirma la validez de la elección del cinco de junio y constancia de mayoría para Américo Villarreal.
Los magistrados tienen chamba: Por la mañana sesión para desfogar 86 variados asuntos, y a las seis de la tarde extraordinaria por cuanto al expediente 101 de revisión constitucional de Tamaulipas.
¿Qué encontró el magistrado José Luis Valdez en el expediente? Lo mismo que los jueces domésticos: Meras suposiciones y ninguna prueba contundente de que el crimen organizado intervino en la elección, lo más “fuerte” de que se dolieron los opositores panistas.
Mandaron publicar datos falsos a través de portales, blogs y columnistas y luego los presentaron como “pruebas”. Lo hicieron todavía el 23, 24 y 25 de septiembre con el visto bueno de Valdez, por tratarse de “supervenientes”, es decir que no estaban en la demanda original pero que podrían ser determinantes “para acreditar la violación reclamada”.
Una revisadita a las 342 páginas del proyecto nos permite saber que el abogado celeste Marco Antonio Baños Martínez, ex consejero del INE, que cobra bien, esperaba un “milagro” para que el máximo tribunal anule el proceso y ordene convocar a nuevas elecciones para diciembre. Sigue con la esperanza.
No aportaron elementos de los agravios de que se dolían, como eso de “violaciones a la cadena de custodia” de las urnas.
Baños y Luis Vanoye Carmona adjuntaron ciertos videos que circularon en redes, donde aparecen personajes de la Columna Cívica Pedro J. Méndez, como Nohemí Estrella Leal y Octavio Leal Moncada, “que son ofrecidos de manera genérica e imprecisa”.
En síntesis, las pruebas son recortes y “pegotes” de medios masivos: Revista Proceso, agencia Latinus, Código Magenta, Eje Central, Informativo Cambio y el diario El Universal (columna de Héctor de Mauleón), Grupo Fórmula y Reporte Indigo.
Se deduce que De Mauleón publicó presuntos “documentos clasificados” que dijo le dio el embajador de Estados Unidos, sobre depósitos en un país lejano a nombre de un familiar de Américo Villarreal, y de inmediato Vanoye y Marco Baños subieron el “recorte” al expediente.
En desfogue lo propio hizo el abogado de Morena, Eduardo Govea Orozco, pero con la declaración de que el embajador Salazar dijo que “no eran documentos del Gobierno de los Estados Unidos”, así como la “disculpa” del columnista por haber creído que los papeles eran auténticos.
En esta demanda “madre” pasó lo mismo que en otros expedientes: Los azules elaboraron documentos falsos, los mandaron publicar en portales pasajeros y luego presentaron enlaces como “pruebas” de delito.
Incluso agregaron oficio en que el CDE del PAN le manda al fiscal panista “para que se abstenga de involucrar a miembros de su partido en las actividades de la Columna Cívica”. Esto fue el 19 de septiembre.
Hay un momento en que (Vanoye y Baños) quieren que el TRIFE se convierta en persecutor de delitos del fuero común, como homicidios.
La verdad es que se acabó el corrido. La elección es cosa juzgada. El magistrado Vargas solo hace reclamos al Tribunal Estatal que debió investigar a fondo sobre la cadena de custodia de los paquetes.
La última embestida panista fue agresiva, descomunal y violenta utilizando todos los recursos: La gubernatura, la fuerza policial, el Congreso del Estado, Poder Judicial, la Fiscalía y 29 de los 43 ayuntamientos.
Al presentar recurso en los 16 distritos que perdieron, un total de 2,104 casillas que hacen el 44 por ciento del total de 4,777 pensaron que los tribunales declararían nulo el proceso, validez y constancia de mayoría.
Nuestros magistrados tamaulipecos no encontraron “irregularidades graves”, ni el IETAM que calificó. No hubo reportes de violencia de los cuerpos estatales (panistas), ni la Fiscalía General ni la Estatal (delitos electorales) abrieron alguna carpeta.
Los partidos políticos no reportaron actos de violencia el cinco de junio, ni los 22 distritales a la hora del recuento y calificación.
El proyecto está para ser votado en la sesión extraordinaria del miércoles. Con ello termina la tensión de las últimas semanas en ambos bandos políticos.
Mientas tanto Américo Villarreal dio a conocer la lista de sus próximos colaboradores. La mayor parte son jóvenes. Al jefe de Seguridad Pública se lo mandaron de los mandos federales, como es costumbre desde hace cuatro sexenios.
Analizamos a quienes aparecieron en la lista. Nos faltan los que no, caso de Carlos Canturosas y tricolores de Reynosa como Humberto Valdez y Oscar Luebbert. La deducción es que se les reserva para otra misión que bien podrían ser diputaciones federales o senaduría.
No hay que perder de vista a Doña Maki Ortiz, que al final dio la batalla contra los cabecistas que pretendían meter a la cárcel a su hijo y sucesor en la presidencia de Reynosa.
Queda pendiente el gabinete ampliado como Itavu, Deportes, el Instituto de la Mujer y los fideicomisos. Desde luego las subsecretarías y direcciones generales además de representaciones en la Cdmx y Monterrey.
Al parecer Pesca y Turismo bajarán a subsecretarías. No ha sido enviada la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de la Administración Pública que debe aprobar el Congreso. Pudiera hacerse el uno de octubre o días subsecuentes con una legislatura de mayoría morenista.
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