Conforme se acerca el fin de la era azul en el gobierno del estado, las cosas se están poniendo de a peso, ya que aun cuando el Gobierno de Tamaulipas, en comunicado asegura no existen ordenes de aprehensión en contra de colaboradores cercanos del gobernador electo Américo Villarreal, y las que llegan a existir fueron emitidas en el 2018 y 2021, pues parecería que estas declaraciones no serían ciertas, luego de que trascendiera que un alto funcionario del Supremo Tribunal de Justicia, busca fabricar un nuevo delito en contra del ex alcalde de Nuevo Laredo Carlos Canturosas, tratando con ello se le libre una nueva orden de aprehensión en base a hechos ya juzgados.
Es a través de un audio que, el secretario particular del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pretendió presionar a un juez de Control para que se dé la orden de aprehensión contra el ex edil, pero lo más lamente es que era sobre delitos ya aclarados y resueltos a favor de Canturosas por las autoridades federales, pero aun así el funcionario pretendía que este fuera vinculado a proceso nuevamente para ejecutarle una medida cautelar como la prisión preventiva.
Ante esta irregularidad la juez se negó rotundamente, debido a que hasta ella podría alcanzar responsabilidad, ante lo que el funcionario exploto, reaccionando de una manera prepotente y altanera, refutándole que vería más opciones con otros jueces, a los que a través de mensajes de texto ha presionado para buscar salirse con su objetivo, mandar a la cárcel no solo a Canturosas, sino también a otros colaboradores cercanos al gobernador electo, aun cuando el secretario particular del presidente del Supremo Tribunal de Justicia no tiene legalmente la atribución para estar dando este tipo de órdenes a los jueces, por lo que estaría incurriendo además de una ilegalidad también en algunos delitos, todo dentro de las acciones que se está haciendo Cabeza de Vaca con el fin de frenar la llegada de Américo Villarreal a la gubernatura el próximo 1 de octubre.
Fue el pasado miércoles, cuando el gobernador electo Américo Villarreal habría denunciado que un juez habría liberado ordenes de aprehensión en contra de autoridades electas, así como miembros de su partido y contra su persona, juez que habría sido removido de Altamira a Ciudad Victoria para que emitiera dichas ordenes de aprehensión en contra del alcalde Eduardo Gattas, el ex alcalde Carlos Canturosas y Manuel Muñoz entre otros.
Mientras que la Juez que se negó a prestarse a esta sucia maniobra, pues estaría siendo castigada al ser trasladada a Matamoros.
En tanto este viernes el equipo jurídico de Américo Villarreal, en conferencia de prensa informo sobre las maniobras que se están moviendo para frenar su llegada a la gubernatura, pero pese a todas las artimañas nada frenara que el próximo 1 de octubre tome posesión.
Ahí informaron que no permitirán que el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón siga obstaculizando y retardando la sentencia contra Cabeza de Vaca y su asesor panista Roberto Gil Zuarth, por lo que hicieron un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva pronto la calificación de la elección en Tamaulipas, ya que no se puede mantener el estado a la expectativa y en una indefinición de los resultados, ya que no existen elementos probatorios como para fallar a favor de los panistas. .
Finalmente, el municipio de Matamoros retomo el control del edificio de la Secretaria de Seguridad Publica y el mando operativo, administrativo y financiero de la Dirección de Tránsito y Vialidad, luego que por espacio de dos años estuvo bajo el Gobierno del Estado y no es porque tuvieran muchas ganas de hacerlo, más bien porque el tiempo del decreto concluyo.
Tal como semanas atrás el alcalde Mario López lo había declarado, que sería Jorge Orizaga quien asumiría el cargo como encargado de despacho de esta secretaria, cargo en el que ya cuenta con vasta experiencia y del cual se retirara luego de que el gobierno estatal decidiera incursionar, bajo argumentos sobre presuntas irregularidades detectadas, pero que no dejaron convencidos a muchos sobre todo al gobierno municipal, que se vio obligado a impugnar este decreto para recuperar el edificio de la SSP, por cierto Orizaga también continuara a cargo de Protección Civil y Bomberos.
Finalmente, y ante el término del decreto, y aun cuando la ley le dio la razón al ayuntamiento sobre que era violado su soberanía, y tras larga espera este jueves acudió una comitiva integrada por el Secretario del Ayuntamiento Carlos Ballesteros Gálvez, la contralora Raque González, así como funcionarios de dependencias como la Dirección Jurídica, Patrimonio Municipal entre otras para verificar las condiciones en las que se encontraba el edificio y demás bienes, conforme al inventario municipal.
Y es que a decir verdad el lugar se encontraba convertido en un muladar, con el estacionamiento lleno de autos chatarra, que asemejaban más un deshuesadero que una Dirección de Seguridad Publica, un bunker al que los medios tenían más que prohibido entrar, por lo que aquello de la transparencia simplemente era letra muerta.
Fue precisamente por eso tras el arribo del contingente, luego de una reunión con los elementos de Tránsito, se iniciaron los trabajos para verificar las condiciones en las que se recibía el inmueble.
Por lo que Francisco Javier Rojas Bárcenas le toco ahora agarrar todos sus tiliches y retirarse, junto con aquellos que llegaron acompañándolo hace dos años para asumir el control de una dependencia que el estado controlaba, pero el municipio era el que corría con los gastos.
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