Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se acabó el “derecho de pataleo”. En cuestión de días –horas- el TRIFE habrá resuelto la totalidad de las impugnaciones presentadas por el PAN para confirmar a Américo Villarreal como Gobernador.
El colegiado declaró infundados, inoperantes e ineficaces los agravios de que se dolían los azules. Perfilan así a AVA como el ganador.
Acción Nacional –Pri y PRD se deslindaron de la judicialización- pidieron anular la elección en los distritos en que perdieron, pero no comprobaron las presuntas irregularidades, como esa de “violencia generalizada” en el ya famoso distrito 13 con cabecera en San Fernando.
Este miércoles el abogado panista Marco Antonio Baños Martínez, ex consejero del INE, insistía en que la demanda “madre” sigue pendiente. Y lo está, pero con la definición de las impugnaciones distritales que favorecen a Américo.
Vale un pequeño análisis sobre esa región que cubre los municipios dominados por las autofensas de la Brigada Cívica Pedro J. Méndez.
El PAN pidió anular 60 casillas alegando coacción al voto y violencia. Sin embargo, la lista oficial de incidencias no menciona presiones, golpes o de perdido gritos.
Lo que sí anotaron los funcionarios de casilla, en los documentos del día de los comicios, es que “la mayoría de las personas que votaban le tomaban fotos a su boleta”. ¿El motivo? cobrar los 500 pesos que estuvo pagando el PAN a quien comprobara que emitió sufragio por la Coalición que apoyó a César Verástegui.
Es un aspecto que no investigaron a fondo los magistrados locales ni federales, pese a que Morena presentó juicio de inconformidad sobre la “compra” de votos en efectivo y entrega de despensas, algo que no es desconocido para los tamaulipecos. Muchos cobraron y otros se negaron a ser cómplices.
Hay votantes que hasta olvidaron en la casilla el folio que les dieron para identificar que votaron por la alianza.
Otra incidencia: En la casilla 316 EXT C1 faltaron boletas. De 589 anunciadas llegaron 586, algo que no puede ser motivo de anular un distrito completo.
En una boleta, alguien escribió una mentada de madre para un partido, y un ciudadano quiso llevarse la boleta luego que le advirtieron que no podía utilizar su celular. No lo hizo.
No mereció seguimiento el robo de algunas urnas y el intento en otras, como el caso donde ejerció su derecho el candidato Américo Villarreal, ciudad Victoria.
Ya nadie habló de la tarjeta La Tamaulipeka, evidente fraude orquestado por la coalición Va por Tamaulipas que esperaban les trajera los mismos votos con que engañaron a la ciudanía en el 2016. Prometían tres mil pesillos por mes. Ya nadie les creyó.
Fue instrumento de coacción al voto, pero los magistrados le pusieron poca atención, lo mismo que a la “pisca” de 500 pesillos, una mancha que quedará para la historia de la controvertida democracia local.
El TRIFE confirmó la resolución del tribunal doméstico. Los panistas no pudieron comprobar “la privación de la libertad a representantes de
partido ante casillas durante la jornada electoral”, como se dolían.
Alegaban en el distrito 13 que 26 personas no autorizadas como funcionarios estuvieron recibiendo paquetes electorales. El INE acreditó haber expedido los nombramientos.
En igual número de casillas, los celestes y su abogado exclusivo Baños alegaban que el personal de traslado de las urnas a los Cryt tardaron más de dos horas, cuando en su imaginación pensaban que podrían llegar en una hora.
Pues bien, el golpe está dado pese a que “El Cachorro” y Baños Martínez convocaron a la prensa casi a la misma hora –en que se reunía el Tribunal- para decir que el proceso electoral será anulado y están listos al bat los alcaldes Mario López Hernández y Adrián Oseguera, de Matamoros y Madero.
Corrieron el rumor desde temprana hora, sin argumentos, esperando que creciera como “bola de nieve”. Los medios de comunicación estuvieron atentos al desarrollo de la sesión de la Sala Superior.
En los siguientes días se espera que el máximo tribunal cite a pleno para poner sobre la mesa el expediente de revisión constitucional 101/2022, que se refiere al cómputo estatal y constancia de mayoría. No hay vuelta de hoja, como se dice.
Y siguen pendientes en el máximo órgano, las quejas de los magistrados electorales Edgar Arroyo Villareal y René Sánchez Rivas, en contra de la presidenta del TRIELTAM por la designación de Violeta Salinas Barrera como jefa del Organo Interno de Control; Aldo Francisco Paredes Alvizo, de la Unidad de Transparencia, y Lluvia Cristal Decilos Gámez, en la Coordinación de Jurisprudencia. Veremos.
Por cierto, desconcertó una presunta resolución “provisional” del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, sobre la decisión de su similar Electoral local de “tumbar” la Comisión Permanente de extracción azul del Congreso del Estado ¿qué tiene que andarse metiendo en asuntos electorales?. Suena a madruguete para ganar tiempo.
Las controversias entre poderes estatales se resuelven, cierto, en el STJ, pero no sobre esos temas. En todo caso es el TRIFE, el que no ha difundido si recibió el recurso de apelación. Pendientes igual sobre el particular
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