Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez anunció ayer que Victoria recibirá una inversión de casi 2 mil millones de pesos en el 2023, puesto que en una larguísima lista de proyectos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aparecen asignaciones por mil 600 millones de pesos para la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria” y 350 millones de pesos más para la construcción de un paso vehicular deprimido en la carretera Victoria-Monterrey, cuyos recursos federales sueña con obtener para el año próximo.
Se le olvida que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PREF) para el 2023 pasa primero por la poderosa e influyente Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que preside el legislador tamaulipeco Erasmo González Robledo, quien desde la pasada legislatura federal prometió obtener recursos extraordinarios para impulsar el desarrollo de Tamaulipas, pero que llegaron muy menguados porque se privilegiaron los proyectos prioritarios del presidente López Obrador en el sureste del país.
Este negro antecedente vuelve a estar presente en las negociaciones que habrá en la Cámara de Diputados, pero ahora menores posibilidades de obtener recursos federales extraordinarios, como los que sueña lograr el alcalde Gattás Báez, ya que el tramo 5 del Tren Maya, que es uno de los proyectos prioritarios de López Obrador, acaparará casi todo el PREF del 2023.
Nada más hay que recordar que el político tabasqueño está decidido en concluir esta magna obra, como se puede constatar en el reciente decretó que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para la expropiación de un millón 93 mil 118 metros cuadrados de propiedades en Quintana Roo, cuya plusvalía es una de las más altas del país.
Y a pesar de que ya se concluyó la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se le siguen y seguirán destinando recursos extraordinarios para su operación, sin dejar de mencionar que aún siguen las obras para las conexiones de la nueva terminal aérea y el tren suburbano que requerirán una inversión de 17 mil millones de pesos.
Incluso, vemos con pesar de que el gobierno de López Obrador tiene otras prioridades, como es la construcción en los estados, como se puede constatar en la construcción del acueducto de “El Cuchillo II” para garantizar el abasto de agua en la zona metropolitana de Monterrey.
Tan es una prioridad del político tabasqueño que de inmediato envío a su paisano Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación (Segob) y al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, a fin de que las obras se inicien el próximo 2 de septiembre y no esperar hasta el reparto del PREF del 2023.
Además, Gattás Báez desde que asumió la presidencia municipal de Victoria prometió obtener más recursos federales porque en forma aparente tenía el apoyo del gobierno de López Obrador, pero desde el principio de su administración batalló hasta para pagar la nómina del ayuntamiento.
Ojalá que el sueño del alcalde de Victoria se convierta en realidad, pero dudo mucho que se logre porque nuevamente se interpondrán las obras prioritarias de López Obrador a pesar de las promesas de que recibiría todo el apoyo del gobierno de la 4° Transformación.
Por otra parte, vaya escándalo que causó ayer el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Nueva York en donde reprobó los amagos que ha hecho el presidente López Obrador en contra de los jueces mexicanos que resuelven en contra de sus proyectos de gobierno.
Argumentan que las amenazas de López Obrador van en contra del derecho internacional de contar con un Poder Judicial Independiente, cuya alusión fue un golpe directo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar Lelo de Larrea, según varios abogados consultados.
Incluso el pronunciamiento señala en forma textual: “anunciar públicamente investigaciones en contra de jueces que han dictado resoluciones en contra del gobierno viola las normas internacionales porque socava el respeto y la independencia del poder judicial, intimida a los jueces involucrados y los disuade de desempeñar independientemente sus deberes”, en clara referencia a los amagos de López Obrador.
Y es que cada vez que un juez se opone a sus deseos no duda en vulnerar la credibilidad de sus resoluciones, como es el caso de los jueces Juan Pablo Gómez Fierro, Ramón Lozano Bernal, Francisco Javier Rebolledo Peña y Adrián Novelo Pérez.
El autoritarismo del tabasqueño llega a tal grado que la Judicatura Federal que presiden Saldívar Lelo de Larrea, abrió una investigación en contra de juez Gómez Fierro por conceder un amparo a la empresa española Iberdrola para que no pague la multa impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por la venta ilegal de energía a varios de sus socios, amparada en el contrato de autoabastecimiento entre enero de 2019 y agosto de 2020.
También la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a la familia del juez Gómez Fierro para tratar de intimidarlo y no cumpla con su deber, como indica el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Nueva York.
Para el colmo de males, el titular del Juzgado Primero de Distrito con sede en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, aplazó la audiencia en la que resolverá si el gobierno federal violó la suspensión definitiva que le otorgó a habitantes de Quintana Roo, al reiniciar las obras del tramo 5 del Tren Maya, luego de que el proyecto fue declarado como de seguridad nacional.
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