Américo Villarreal Anaya, futuro Gobernador, habló claro y fuerte. Está dispuesto a echar atrás los contratos ilegales, ventajosos, leoninos que deja Francisco Javier en perjuicio de las finanzas públicas y a favor de particulares.
Algunos son transexenales, es decir, que los funcionarios que se van quieren seguir haciendo negocio después del 30 de septiembre.
Entre líneas, AVA perfiló para echar reversa al contrato para la construcción de la carretera Mante, Ocampo, Tula que será de cuota. Revisará con lupa los documentos.
Y tienen razón. La voz pública señala que en la obra van de socios funcionarios del panismo, aparte que la ruta fue modificada para “cruzar” por sus ranchos y propiedades.
El gobierno no le ha metido un solo quinto. Los particulares invertirán alrededor de diez mil millones para construir un tramo de 103 kilómetros.
En su tiempo –allá por el 2010- se hablaba de un cobro de 100 pesos por automóvil y 600 por camiones de carga (según los ejes), por utilizarla. Doce años después las tarifas deberán andar en lo doble. Negocio redondo si se obliga a pasar por ahí el tráfico pesado que viene o va para los puertos de Altamira y Tampico.
Pero ¡oh! negocito que se puede caer si la administración de Morena descubre que, en efecto, funcionarios azules son socios e hicieron que el tramo cruce por sus terrenos para elevarles valor.
Villarreal los pondrá a temblar, o los puso si es que ya dieron lectura al proyecto que trae de construir un “puerto seco” o “aduana interior” en ciudad Victoria, para manejar las mercancías que van o vienen del sur.
La concesión es a 30 años ¿van a correr el riesgo los iniciativos? Son sus billetes, o mejor dicho, de lo bancos. La última evaluación de las calificadoras dice que el grupo Hycsa tiene problemas de liquidez.
Como habíamos informado aquí mismo, en el negocio van asociados Pavimentos de La Laguna, Autopistas del Altiplano y Profrezac.
¿Qué es un “puerto seco”? En ciudad Victoria se establecerían oficinas de aduanas y de prestadores de asesoría y servicios a la importación y exportación, para de aquí documentar hacia los puertos vía férrea ¿sí?.
Ya hay otros sistemas parecidos. Nuevo León tiene una aduana interna que evita congestionamientos en el puerto fronterizo de Nuevo Laredo.
Bien planteado por AVA. Las transferencias se harían en esta capital y ¡adiós Tam-bajío!.
No lo mencionó pero hay otro tema al que seguro le pondrá atención el futuro Gobernador. Se refiere al “negocito” de las estaciones carreteras de seguridad y el C-5 en Reynosa, que recientemente un diputado dijo que, por lo visto, solo sirven para dormitorio de los policías. Tiene razón.
¿De quién es la compañía? Muy sospechoso. Se llama Tres10, S.A. de C.V. ¿le suena? constituida el 13 de junio del 2019 ante notario del Estado de México.
Más sospechoso porque escasos 13 días después, el 27 del mismo junio, firman el contrato con el gobierno de Cabeza de Vaca para proporcionar videocámaras, estaciones de vigilancia cada 50 kilómetros y otras acciones.
Si lo firmaron en junio, para el 25 de noviembre hacen un convenio modificatorio que desde luego no será ventajoso para el Gobierno y los tamaulipecos en general.
Es por seis años, es decir, Américo tendría que estar pagando algo que no pertenece al Gobierno, hasta mediados del 2025 ¿cuánto por mes?.
Aquí está el asunto. El primer “abonito” mensual fue por diez melones de pesillos. El mes número 12 ascendió a 57 millones y de ahí pa´l real.
Ya en el segundo año las mensualidades fueron entre los 57 y 65 millones cada 30 días ¿cuánto ahorita en 2022? Casi igual, un promedio de 66 millones según los contratos crediticios que afectan los ingresos de Tamaulipas del Fondo General de Participaciones.
En total el “chistecito” cabecista ascenderá a cuatro mil 58 millones de pesos sin que algo sea propiedad del erario.
Bueno, es que hay otras “cosillas” por ahí. Los pagos (T1) según el contrato de asociación publico privada CAPP-TAM-SGG-1901, deberán hacerse conforme los movimientos del dólar, no en tepalcates, más la inflación.
Sin duda Américo y su gente harán una buena investigación porque el primer convenio fue firmado por Alain Ramos Padilla como representante legal, y la adenda por Emanuel Antonio Cárdenas Rojas.
Dicen los privados (que igual pueden ser funcionarios de la administración panista) que compraron 2,178 cámaras que hoy dan servicio en González, Abasolo, Soto la Marina, Xicoténcatl, Victoria, Mante, Matamoros, Guémez, Jiménez, Aldama, Padilla, Madero, Tampico, Valle Hermoso, Reynosa y Nuevo Laredo, en total 22 municipios ¿será cierto?.
Hablan que tendieron una línea de 191 kilómetros de fibra óptica en Tampico, Altamira, Madero, Matamoros y Reynosa ¿qué no son servicios que presta otro proveedor?.
Hay muchas sospechas, pero un elemento que se distingue es que la asignación del contrato al particular se hizo por asignación directa ¿por qué? Dicen que a la hora de firmar con un anterior echó en reversa.
Aquí la dejamos con una pregunta ¿qué pasa si el nuevo Gobernador tumba el contrato?. La tarascada va completa, el Estado debe pagar de todas maneras los 72 meses contratados. Suave ¿no?. Con seguridad los de la 4T le echarán un buen vistazo a los contratos.
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