Al margen de los tecnicismos contenidos en el proceso de amparo y demanda de restitución que fue promovido por el ex Magistrado del Poder Judicial de Tamaulipas, Javier Valdez Perales, la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, quedó fundada en el reclamo de no tomar llevar a cabo una evaluación que definiera la idoneidad del funcionario judicial para que le concedieran la ratificación a que tenía derecho, para un segundo período de seis años.
Este tipo de asuntos y el tema mismo, nunca se había presentado en el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas y en el Congreso del Estado, porque a una propuesta de profesionales del derecho para que fueran designados por el Poder Legislativo como Magistrados, destacaba la contundencia que equivalía a obligación.
Sin embargo, en algo que no se pensó es que, los Magistrados que concluyen su encargo, pueden ser candidatos a la ratificación si son idóneos para continuar en el cargo, algo que, explicado de una forma muy sencilla, puede determinarse si el Magistrado en cuestión tiene edad avanzada o por su condición de salud ya no puede dar el cien por ciento en la chamba, factores que, en ningún momento aplicaban para Valdez Perales, de ahí que impugnara la designación de licenciado Aarón Joel Medina Ladrón de Guevara como su sustituto como Magistrado Regional.
Un año tuvo que pasar para que la presentación de pruebas y alegatos permitiera la resolución del caso, con la cual se tumbó el nombramiento que por ese tiempo desempeñó el sustituto y, por tanto, el encargado del Poder Judicial, Magistrado Horacio Ortiz Renán, debió de reinstalar a quien llega por la vía judicial al echar por tierra el compromiso realizado hace un año.
En sentido real, esta acción implica un retroceso para los dos Poderes, el Legislativo y el Judicial, porque antes de señalar compromisos debieron de explorar las implicaciones que eso tiene, sobre todo, cuándo se atropellan los derechos civiles de las personas y en caso de que decidieran apegarse a la oportunidad de la ratificación, negociar para no exhibir debilidades institucionales a la vuelta de un año.
Que tanto pudo ser el compromiso con Medina Ladrón de Guevara, como para deshacer un Decreto y emitirlo de nuevo como cumplimiento de una resolución de un Juez de Distrito que confirmó el amparo a favor de un quejoso al que no se le consultó si renunciaba a su derecho de ratificación en el cargo de Magistrado y evitar que los nombres de dos poderes de Tamaulipas aparezcan en expedientes que hacen constar el mal ejercicio de sus atribuciones.
Ante esta situación hay muchos comentarios en el sentido de que otras designaciones de Magistrados que se hicieron el año pasado, debieron de cancelarse también, porque la idoneidad para el trabajo está en duda, sin embargo, la ventaja que tienen Magistradas y Magistrados como María del Rosario Garza Hinojosa quien es supernumeraria, Alejandro Guerra Martínez de Justicia Administrativa y Javier Castro Ormaechea, es que no hay querella respecto a sus nombramientos, porque sus antecesores no le entraron como Valdez Perales a hacer valer su derecho a la ratificación.
Las y los Diputados que fueron reelectos el año pasado, como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Félix García Aguiar, firmarán el nuevo Decreto que por resolución judicial invalida el que firmaron en la anterior Legislatura, quizá porque nunca creyeron que uno de los Magistrados a los que quitaron a vuelo de pluma, se inconformaría y reclamaría sus derechos civiles y administrativos, debería de ser reinstalado en función de la ratificación y por los seis años a que tenía derecho.
Dice el dicho que palo dado ni Dios lo quita y no cabe duda que desde la perspectiva periodística siempre se aprende algo nuevo, en temas que quedan para la historia de instituciones como el Congreso del Estado y el Poder Judicial de la entidad y que no debieron de llevarse a cabo, sin el análisis de fondo, siempre de fondo, en aras del prestigio.
Los otros.
Al final de cuentas nada fuera de aquello que es normal sucedió en la capital de Tamaulipas, respecto a escándalos como reacción de los partidarios de un grupo civil del Municipio de Hidalgo que están molestos, los victorenses concluyeron las actividades de este miércoles sin sobresaltos y esperan que así pase el resto de la semana.
Solo queda la inconformidad de cientos de automovilistas y camioneros que tuvieron que aguantar vara por el cierre de la carretera Victoria Hidalgo, acción que no implicó daños sino, solo perdida de tiempo y estropeo de los planes de quienes transitaron por esa rúa este miércoles, porque debieron de usar toda su paciencia para superar el desafío del día.
Por los tiempo políticos, ya comenzaron a publicarse los nombres de los nuevos Notarios y Notarias Públicas que podrán tener sus despachos a partir de ya, entre ellas la abogada, ex presidenta del DIF de Nuevo Laredo y esposa del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Blanca Isela Pérez Ramírez de García Aguiar, en el entendido de que cumplió con todos los requisitos para ser acreedora a una Notaría.
Para Síndicos y Regidores del Ayuntamiento de Reynosa, las cosas están bien y los más creen que el alcalde Carlos Peña Ortiz hace bien en cuidarse y que, una vez que haya superado los asuntos legales que pesan sobre él, pueda estar de nuevo al cien en su oficina.
Cuenta, dicen, con el respaldo del presidente del comité nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, Mario Delgado Carrillo y de los Senadores, Diputados Federales y Legisladores Locales de esa misma organización política, del Gobernador Electo, doctor Américo Villarreal Anaya y desde luego de su mamá, la exalcaldes de aquella ciudad Maki Ortiz Domínguez.
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