Cuando se le pregunta a cualquier jefe de familia o a alguna ama de casa acerca de qué desea más si tener tarifas bajas o apoyar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de inmediato contestan que prefieren pagar menos por la energía eléctrica que consumen en sus viviendas en lugar de apoyar a la empresa paraestatal, como pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y es que a todos nos interesa más que los recibos de luz vengan acordes a nuestra capacidad de pago, sin importarnos de dónde viene la energía eléctrica, por lo que cada día se la fortalece la idea de desechar la iniciativa de reforma eléctrica de López Obrador, sobre todo cuando se entera uno de que la CFE utiliza combustibles fósiles en sus plantas para generar la electricidad.
En la reunión que ayer sostuvieron los gobernadores de la zona noreste del país, es decir Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, Samuel García Sepúlveda de Nuevo León y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se acordó impulsar una agenda para impulsar el desarrollo regional, además de privilegiar el uso de energías limpias y coordinar acciones para frenar el flujo migratoria.
En materia de desarrollo regional se estableció la incorporación de proyectos de infraestructura que mejoren el intercambio comercial que se tiene entre Estados Unidos y México, entre los que se encuentra la construcción de más puentes internacionales entre Texas con Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
También se pactó impulsar la construcción de parques eólicos y solares para la generación de energías limpias, puesto que de esta manera se contribuirá con el cuidado del medio ambiente y con reducir el calentamiento global, cuyos retos son tomados muy en cuenta por la administración del presidente Joe Biden.
A propósito, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, lanzó una campaña denominada “Carta por el Aire”, cuyo destinatario es precisamente el director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, en donde le solicita formalmente que reduzca el uso de combustibles fósiles y aumenté la generación de energía con fuentes renovables con el propósito de combatir el cambio climático y cumplir con los compromisos que tiene México en el Acuerdo de París.
El joven Colosio Riojas busca el apoyo de todos los alcaldes del país, ya que se dio a la tarea de enviar a cada uno un ejemplar de la “Carta por el Aire”, a fin de presionar a Bartlett Díaz, quien se empeña en sacar adelante la iniciativa de reforma eléctrica de López Obrador.
Incluso, se habla de que Bartlett Díaz tiene todo preparado para cancelar los contratos con empresas extranjeras que han invertido en la construcción de parques eólicos y solares en varias entidades federativas, entre las que se encuentra Tamaulipas.
En caso de que se cancelen los contratos para la generación de energías limpias que tiene México con empresas extranjeras, la administración de López Obrador tendría que pagar más de 85 mil millones de dólares por daños, compensaciones e indemnizaciones, según un reciente estudio de Citibanamex.
Y aunque todavía sigue el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, no hay duda de que cada día enfrenta más reticencias, sobre todo entre los jefes de familia y de las amas de casa, quienes prefieren tener tarifas más bajas que fortalecer a la CFE, como argumenta López Obrador.
Es por eso, que no se descarta la posibilidad de que la iniciativa de reforma eléctrica sea enviada al “congelador legislativo” porque simplemente no encuentra el apoyo necesario para que sea aprobada, tal y como pretende el Jefe del Poder Ejecutivo Federal.
Y hablando de reveses, el Juez Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, Abel Méndez Corona, concedió el pasado 1° de febrero el primer amparo en contra de la famosa Ley de Austeridad, mismo que promovió un exfuncionario del gobierno federal que no fue contratado por el impedimento de diez años de dejar la función pública.
El Juez Méndez Corona calificó de anticonstitucional la Ley de Austeridad, aprobada en 2019, ya que el Congreso de la Unión requería de una habilitación específica en nuestra carta magna para legislar acerca de la denominada “austeridad republicana” del presidente López Obrador.
Consideró que es excesivo un lapso de 10 años para que un exfuncionario pueda ser contratado, puesto que casi siempre son profesionales con un grado de especialidad que les resulta difícil encontrar trabajo en sus respectivas actividades, como sucedió con la persona que le concedió el amparo porque se desempeñaba en el sector financiero del gobierno federal.
Por el momento, el Juez Méndez Corona se pronunció específicamente sobre el artículo 24 de la Ley de Austeridad que establece el candado de diez años, mismo que la Cámara de Diputados había dejado en cinco años, pero fue elevado a diez en el Senado, luego de que el presidente López Obrador reclamo que se aumentará el tiempo para poder buscar un nuevo empleo.
Por último, un grupo de reporteros que asisten regularmente a las conferencias matutinas en Palacio Nacional, decidieron sumarse a la protestas que hicieron numerosos periodistas tanto en el Cámara de Diputados como en el Senado por la campaña de denostación del gremio impulsada por el presidente López Obrador, quien no le quedó de otra que aceptar el reclamo y aunque siguió con sus ataques en contra de quienes han divulgado la vida ostentosa de su hijo mayor en Houston, Texas, por lo que ayer le tocó a Carmes Aristegui Flores.
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