Luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera suspender las órdenes para transparentar toda la información acerca de la compra, distribución y aplicación de las vacunas contra el Covid-19 con el argumento de que se pone en riesgo la seguridad nacional, crece el temor de que se aplique el mismo criterio en torno al decreto que expidió el presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de clasificar las obras y proyectos como de seguridad nacional, conocido hoy como “El Decretazo”.
Si bien es cierto que la suspensión no es definitiva porque la SCJN prevé resolver la impugnación que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, ahora a cargo de María Estela Ríos González, para revocar la resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el 2022, no se puede descartar la posibilidad de que también se conceda el llamado “Decretazo”, sobre todo cuando 4 de los 11 ministros han sido propuestos por López Obrador.
Aun así, los 2 de los 4 ministros, es decir Juan Luis González Alcántara y Ana Margarita Ríos Farjat, han tomado decisiones contrarias a los intereses de López Obrador, en tanto que la ministra Yasmín Esquivel Mossa ha hecho resoluciones controvertidas que favorecen a la llamada 4° Transformación, según varios especialistas.
El pasado 20 de noviembre, el Senado designó a Loretta Ortiz Ahlf como nueva ministra de la SCJN en sustitución del ministra Fernando Franco González Salas, por lo que aún no se conoce la forma en que actuara, pero se comprometió a respetar en forma irrestricta la constitución.
Se espera que la SCJN en aras de respetar el derecho a la información que tiene todo ciudadano en nuestro país, declare a favor de la resolución del INAI para proporcionar los datos acerca de la compra, distribución y aplicación de las vacunas en contra del Covid-19, especialmente ahora que la nueva cepa del virus, conocido como Ómicron, ha llegado a los Estados Unidos.
Y como dice el propio presidente López Obrador, “el que nada debe, nada teme”, resulta inverosímil que ahora se trate de ocultar la información de las vacunas en contra del Covid-19 con el argumento de que se pone en peligro la seguridad nacional.
O ha caso tendrán algo que ocultar, no creo porque a cada rato difunden información acerca de la llegada de miles de dosis de la vacuna en contra del Covid-19, incluso la administración de López Obrador ha tenido que ceder en inmunizar a menores de edad a pesar de que no hay evidencias científicas.
Por otra parte, el alcalde Eduardo Gattás Báez logró un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reestablecer el servicio en las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Victoria, a cargo de Eliseo García Leal.
Aunque no dio detalles del acuerdo que tuvo con la CFE, resulta importante que las oficinas de la Comapa cuenten de nuevo con la energía eléctrica, sobre todo cuando la renta de plantas generadoras de luz había resultado sumamente onerosa, además de la incomodidad tanto de usuarios como de trabajadores de escuchar las máquinas para proporcionar el fluido eléctrico.
Y hablando de la capital tamaulipeca, el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso Local, José Braña Mojica, ya envió “su cartita a Santa Claus” porque demandó ayer que se destinen mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos del Estado (PREE) del 2022 para el Fondo de Capitalidad del municipio de Victoria.
Braña Mojica argumento que Ciudad Victoria no cuenta con ingresos propios como otros municipios que cuentan con puentes internacionales o puertos, por lo que requiere fortalecer el Fondo de Capitalidad con mil millones de pesos para satisfacer las necesidades de infraestructura y generación de empleos.
Incluso, señaló que el diputado local Juan Vital Román Martínez hizo el cálculo de que se requiere el 1% del PREE para el Fondo de Capitalidad del municipio de Victoria, cuya petición resulta muy loable, pero alejada de toda realidad cuando la Cámara de Diputados redujo el PREE de Tamaulipas en aras de financiar las llamadas obras insignia de López Obrador, como es el caso del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, el Tren Maya, la refinería “Dos Bocas” en Tabasco y el Corredor Interoceánico de Istmo de Tehuantepec.
En otro tema, en la colaboración de ayer le comenté que había tres personas interesadas en las candidaturas independientes, pero resulta que antes de que concluyera el plazo hasta las 12 de la noche, llegaron otros dos que buscan contender por la gubernatura sin representar ningún partido político.
Los tres aspirantes a las candidaturas independientes que le comenté ayer son Moisés Méndez Aguilar de Tampico, Geovanni Francesco Barrios Moreno de Reynosa y Juan Enrique Flores Aguirre, sin embargo, de último momento Marco Antonio Elejarza Yáñez de Reynosa y Fernando Antonio Iglesias Elizondo de Matamoros se sumaron a la lista.
Los cinco presentaron sus cartas de intención, las cuales serán analizadas por el consejo general del IETAM que preside Juan José Ramos Charre, para constatar que cumplen con todos los requisitos de la convocatoria respectiva.
En caso de ser aceptadas las cartas de intención, los cinco aspirantes deberán recabar las firmas del 3% de la lista nominal de electores, es decir el apoyo de por lo menos 79 mil 745 personas mayores de 18 años del 2 de enero al 10 de febrero del 2022.
El consejo general del IETAM expedirá del 11 de febrero al 22 de marzo del 2022 la lista de aspirantes a las candidaturas independientes que hayan cumplido el porcentaje de apoyo ciudadano requerido para poder entrar a la contienda electoral por la gubernatura.
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