Vaya embrollo en que se encuentran legisladores y alcaldes de Morena por los apoyos económicos que supuestamente recibieron por parte del empresario Sergio Carmona Angulo (QEPD), quien fue asesinado en forma artera cuando se encontraba en una barbería ubicada en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuyo crimen seguramente sacará a la luz pública diversos acuerdos pactados durante las campañas del 2021.
Varias investigaciones periodísticas revelaron que el hoy occiso tenía una estrecha relación con el diputado federal Erasmo González Robledo, quien se encargó de contactarlo con varios candidatas y candidatos a las alcaldías en las elecciones del pasado 5 de junio del 2021, entre los que se mencionan a Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal de Nuevo Laredo, Carlos Peña Ortiz de Reynosa y Eduardo Gattás Báez de Victoria.
Incluso, se habla de que el alcalde victorense invitó al empresario finado para ser administrador de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) en retribución al apoyo económico que recibió durante la campaña, además el propio edil cayó en contradicciones cuando aseveró que la camioneta de lujo que usaba era de su propiedad, pero en realidad es del Grupo Industrial Permart, según registros del municipio de San Pedro Garza García de Nuevo León.
También se filtró que el senador Américo Villarreal Anaya recibió en forma aparente apoyo económico del empresario acribillado cuando fungió como delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Sinaloa, a fin de apoyar la campaña del ahora gobernador Rubén Rocha Moya.
Ahora bien, no es nada nuevo que candidatas y candidatos reciban apoyos económicos por parte de empresarios, cuya práctica se da en todo el mundo, sin embargo, existen reglas o normas que señalan claramente que los políticos deben mucho cuidado de escoger a personas honorables para recibir el financiamiento que les ofrecen porque corren el peligro de que el dinero provenga de actividades ilícitas, como en forma aparente fue el caso del empresario acribillado a tiros.
El ahora occiso tejió una red de relaciones con políticos del PAN, entre los que se encuentra el aspirante a la nominación a la gubernatura, Julio César Verastegui Ostos, sin embargo, no hay indicios de que haya recibido el apoyo económico para participar en la contienda electoral del 2022.
Es por eso, que Morena enfrenta un complicado escenario por las investigaciones que seguramente se realizarán en torno al asesinato del empresario reynosense Sergio Carmona Angulo (QEPD), pero además de la intrincada lucha entre los aspirantes a la candidatura de la gubernatura .
Por otra parte, la publicación del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) del pasado lunes que contiene el acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura de la administración federal sean considerados de interés público y sobre todo de seguridad nacional, ha generado una ola de protestas y una creciente incertidumbre en diversos sectores de la sociedad mexicana.
Las críticas van desde que se trata de un “Golpe de Estado” simulado para que nadie pueda solicite información de los proyectos y obras, luego de que se descubrieron diversos casos de corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles” en la base de Santa Lucía, hasta que es una flagrante violación a la constitución, sin dejar de señalar de que se trata un paso más hacia un régimen dictatorial, semejante al que impuso Hugo Chávez Frías (QEPD) en Venezuela.
Dirigentes y legisladores del PAN fueron los primeros en calificar como una aberración el decreto de López Obrador, incluso la senadora Kenia López Rabadán, señaló en un mensaje de twitter: “El señor López Obrador cree que puede pisotear la constitución a su antojo, pero se topará con pared. Su decreto es autoritario y busca generar opacidad escudándose en la Seguridad Nacional. Es claramente inconstitucional. Le anticipo de una vez, nos vemos en la Corte”.
De igual forma, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que preside Blanca Lilia Ibarra Cadena, anunció que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puesto que se viola claramente el derecho a la información y la rendición de cuentas que tiene la sociedad mexicana.
En contraste, el presidente López Obrador señaló que no se trata de ocultar la información ni mucho menos de dejar de rendir cuentas al pueblo, puesto que sólo de trata de agilizar el trámite burocrático en torno a la aprobación de los proyectos y obras gubernamentales.
Lógicamente que nadie le cree a López Obrador, incluso algunos analistas coincidieron en señalar que el decreto busca distraer nuevamente la atención de la sociedad mexicana ante la galopante carestía, ya que la inflación llegará hasta el 7.1%, la más alta de los últimos años, sin dejar de mencionar la devaluación o depreciación que tuvo el peso ante el dólar.
Por último, tal y como dice el viejo refrán: “la tercera es la vencida”, y ayer el Senado designó a la abogada Loretta Ortiz Ahlf como nueva ministra de la SCJN en sustitución del ministro Fernando Franco González-Salas, cuya gestión concluye el próximo 11 de diciembre. En el camino se quedaron Verónica de Gyvés y el jurista Bernardo Bátiz.
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