En caso de que la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, decida apoyar la contrarreforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador sería como asestarle “un tiro de gracia” al tricolor porque sería una regresión de la apertura económica, elevaría la contaminación ambiental y se perderían inversiones de empresarios extranjeros, coincidieron en señalar analistas políticos y financieros.
Y aunque desde que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados apoyo la designación de Rubén Moreira Valdez del PRI como presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura Federal, además de entregar las presidencias de las Comisiones de Gobernación y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación a Moreno Cárdenas y Guillermo Angulo Briceño, respectivamente, la clase política intuyo que estas concesiones no serían gratis y eran a cambio de apoyar la contrarreforma energética de López Obrador.
La sospecha se confirmó el pasado fin de semana cuando Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito” entre sus amigos y socios, anunció que organizará foros de consulta para analizar los alcances de la contrarreforma eléctrica en lugar de rechazarla de inmediato, como lo hicieron Marko Cortés Mendoza del PAN y Jesús Zambrano Grijalva del PRD, con quienes integra el llamado bloque opositor de la llamada 4° Transformación.
A propósito, Cortés Mendoza logró ayer ser reelecto como dirigente nacional del PAN durante la asamblea nacional en la Ciudad de México, en donde ofreció “piso parejo” a todas y todos los panistas que aspiren a obtener la candidatura presidencial en el 2014, incluso dio varios nombres de quienes podrían alcanzar la nominación, entre los que se encuentra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, además de otros mandatarios estatales, como es el caso de María Eugenia Campos Galván, quien recientemente asumió la gubernatura de Chihuahua.
También mencionó a los gobernadores Mauricio Vila Dosal de Yucatán y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato, además de Francisco Domínguez Servién, exgobernador de Querétaro; así como a los actuales diputados federales Santiago Creel Miranda y Juan Carlos Romero Hicks, incluso incluyó a Ricardo Anaya Cortés, quien huyó de México porque teme ser detenido por ser enemigo político de López Obrador.
De igual forma, Cortés Mendoza reconoció que no serán nada fáciles las elecciones que habrá en seis entidades federativas en el 2022, puesto que en la actualidad las preferencias electorales a favor del PAN sólo se dan en Aguascalientes, mientras en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, se tienen en contra, por lo que considera necesario concretar cuanto antes una coalición con el PRI y el PRD para frenar el avance de la llamada 4° Transformación.
De regreso al “tiro de gracia” que sufrirá el PRI en caso de que apoye la contrarreforma energética de López Obrador en la Cámara de Diputados, algunos legisladores priístas salieron en defensa de Moreno Cárdenas al señalar que la organización de foros y consultas buscan tener datos concretos para rechazarla en lugar de oponerse nada más por oponerse.
Veremos sí será cierto el compromiso que hizo Moreno Cárdenas en el discurso que emitió el pasado 1° de septiembre en el marco del Tercer Informe de Gobierno del presidente López Obrador, cuando afirmó que el PRI no será subordinado de nadie, mucho menos del Poder Ejecutivo Federal.
Y hablando de compromisos, todo parece indicar que el alcalde Eduardo Gattás Báez si procederá en contra de los abusos y posibles ilícitos cometidos durante la gestión primero de Xicoténcatl González Uresti y luego por María del Pilar Gómez Leal durante sus respetivas gestiones en la presidencia municipal de Victoria, luego de que el coordinador del equipo de transición, Alfonso Rizk Rodríguez, se negó a firmar el acta de entrega-recepción por existir una serie de irregularidades e inconsistencias.
Rizk Rodríguez anunció que esperarán a tener los resultados de una auditoria que realizan despachos contables particulares para presentarlos ante el Congreso Local, que se encargará de fincas responsabilidades en caso de que se encuentren los probables ilícitos que se han ventilado a lo largo de la pasada administración municipal.
Destacó que tienen 60 días para presentar las denuncias de los posibles ilícitos ante las autoridades correspondientes, incluso reveló que no les entregaron todos los datos acerca del programa de obras en Ciudad Victoria, entre otras omisiones que consideran graves.
Por último, vaya escándalo de corrupción que reveló ayer el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI) que involucra al menos a 3 mil mexicanos que movieron sus fortunas a paraísos fiscales a través de bancos y despachos legales, entre los que se encuentran destacados colaboradores de López Obrador, como es el caso de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la presidencia de la república; el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz Leal; el controvertido senador Armando Guadiana Tijerina de Morena, entre otros, quienes supuestamente son muy honestos y no abusan de sus cargos.
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