Por capricho, reforma constitucional

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El presidente Andrés Manuel López Obrador amenaza con cambiar la constitución sí el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara hoy anticonstitucional la consulta popular para juzgar a los expresidentes, como lo propuso el magistrado Jesús María Aguilar Morales el pasado 24 de septiembre como encargado de realizar el proyecto judicial.

De nada sirvió que Aguilar Morales haya analizado jurídicamente y desechado cada uno de los puntos expuestos por López Obrador para solicitar la consulta popular, ya que el Jefe del Poder Ejecutivo debe aplicar la ley en contra de los expresidentes en caso de tener pruebas de sus acusaciones.

El también integrante de la Segunda Sala de la Corte expresó que: “a la ciudadanía no lo corresponde decidir si se investigan o no las acusaciones en contra de los expresidentes, puesto que sólo implicaría la decisión de una porción de la población, cualquiera que sea el número de participantes en la consulta”.

Advirtió que: “si la ciudadanía vota por el NO en la consulta, el efecto sería una especia de perdón o amnistía por todos los presuntos delitos de que se les acusa a los expresidentes”.

De igual forma, el magistrado Aguilar Morales considera que: “exponer mediáticamente a los expresidentes que se pretende enjuiciar, se vulnera su presunción de inocencia”.

Y concluyó que: “la consulta no es necesaria para que las autoridades cumplan con sus obligaciones de investigar y sancionar los delitos en que hayan incurrido los expresidentes”.

Todo indica que el pleno de la Corte apoyará esta conclusión, por lo que el presidente López Obrador amenazó con promover una reforma constitucional para que puede seguir utilizando las consultas populares para atacar a sus adversarios o quienes se oponen a sus caprichos.

Y como sus deseos son órdenes, el coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció que presentará una iniciativa de ley para reducir de 2% a 1% de firmas de ciudadanos de la lista nominal para pedir una consulta popular, además de bajar de 40% a 30% para que el resultado de estos ejercicios sea vinculante con el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo.

A propósito, vaya conflicto social y político se generará con la inminente desaparición de 109 fideicomisos, cuya iniciativa del presidente López Obrador fue aprobada en medio de críticas y discusiones en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que preside el legislador tamaulipeco Erasmo González Robledo.

Aunque todavía se discuten algunas reservas a la iniciativa aprobada, nadie duda de que será aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados, sin importar que la desaparición de los fideicomisos propiciará que cientos de proyectos científicos y tecnológicos se cancelen, que las víctimas de la violencia, entre los que se encuentran varios periodistas, no sigan recibiendo el apoyo económico que tienen en la actualidad, sin dejar de mencionar que las actividades artísticas y musicales, entre otras, sufran un fuerte retroceso.

De regreso a la amenaza de López Obrador de reformar la constitución sí la Corte declara hoy anticonstitucional la consulta popular para juzgar a los expresidentes, se espera que las ministras y los ministros no se intimiden con las bravatas del político tabasqueño, debido a que tienen el deber de cumplir con la ley para preservar el estado de derecho en nuestro país.

Calificar de inconstitucional la consulta popular de López Obrador no sólo confirmaría la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF), sino también mandaría un claro mensaje para recobrar la fe en el estado de derecho que se ha visto vulnerado constantemente en los casi dos años que lleva la llamada 4° Transformación.

En otro tema, por fin se pondrá fin a la nefasta administración municipal de Victoria que presidirá hasta hoy Xicoténcatl González Uresti, quien no sólo causó un marcado atraso de la capital tamaulipeca, sino también nunca logró que los servicios públicos funcionaran adecuadamente con el pretexto de no tener el presupuesto necesario y dilapidar los pocos recursos que tuvo en sus manos.

La sociedad victorense se alegró cuando se enteró ayer por redes sociales que hoy solicitaría licencia como presidente municipal, incluso cuando varios trabajadores sacaron varias cajas con documentos personales de González Uresti, sin embargo, esta algarabía desapareció cuando surgió la versión de que la diputada María del Pilar Gómez Leal se haría cargo a la alcaldía.

Lógicamente, esta versión puede cambiar cuando se discuta en el Congreso Local quién será la sucesora o el sucesor del denominado “alcalde bailarín”, puesto que hoy precisamente iniciarán los trabajos legislativos en el segundo y último año de la LXIV Legislatura Local.

Por último, los organizadores de la conmemoración del “2 de Octubre” decidieron cancelar la tradicional marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, puesto que no quieren tener problemas con las violentas “feministas” que destrozan todo a su paso. En contraste, están convocando a todos las organizaciones participantes en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional de Tlatelolco, en donde hace 52 años se registró la matanza de estudiantes que marcó el cambio social del país.

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