Pelear por el presupuesto

Vamos a ver la capacidad técnica y de gestión que tiene la Alianza Federalista de Gobernadores (Alfego) para pelear por el presupuesto del 2021, luego de los recortes que han tenido las 10 entidades federativas que la integran, como es el caso de Tamaulipas que sufrió una reducción de casi 4 mil millones de pesos, según lo denunció Francisco Garcí­a Cabeza de Vaca.

El mandatario estatal aseveró que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PREF) del 2021 no se contemplan varias obras en proceso en la entidad, como es el caso de la construcción de los hospitales de Matamoros y Madero por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que preside Juan Antonio Ferrer Aguilar.

De igual forma, indicó que la carretera costera Altamira-Nuevo Progreso no tiene hasta el momento asignado un presupuesto para continuar su construcción, cuya obra resulta de vital importancia porque se conecta con la carretera Aldama-Soto la Marina para el traslado de mercancí­as entre el puerto industrial de Altamira y los Estados Unidos.

También dijo que el presupuesto para la Seguridad Pública tuvo un recorte de 150 millones de pesos a pesar de que Tamaulipas ha logrado importantes avances en el rubro de la capacitación y adiestramiento de la policí­a, incluso criticó que estos recursos se asignen a la Guardia Nacional que en lugar de combatir el crimen organizado se dedica a tareas de migración o enfrentar a campesinos que defienden el agua para regar sus tierras.

No confí­a en la capacidad de gestión de los diputados federales para lograr obtener más recursos federales para Tamaulipas en el 2021, pero está dispuesto a reconocer la labor que realicen los once legisladores federales con el propósito de elevar los montos de las partidistas presupuestales de nuestra entidad.

La atención del mandatario estatal estará en la labor de gestión de Erasmo González Robledo, quien, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, participará en las negociaciones para modificar las asignaciones previstas en el proyecto del PREF 2021.

Por su parte, la titular de la Secretarí­a de Finanzas, Marí­a de Lourdes Arteaga Reyna, reveló que el Fondo de Estabilización cuenta con recursos para subsanar las reducciones en las participaciones federales para el primer trimestre del 2021, pero después no habrá de dónde sacar el dinero que se requiere para los distintos programas sociales y obras públicas en la entidad.

Y puso de ejemplo dos casos, el primero se refiere a la reducción de 735 millones de pesos en el ramo 28 para el 2021, en tanto que el segundo la disminución en el gasto programable de las dependencias federales que paso de 7 mil 174 millones de pesos en el 2020 a 3 mil 258 millones de pesos para el siguiente año.

En fin, los equipos técnicos de los 10 integrantes de la Alfego deben prepararse muy bien para pelear por el presupuesto del próximo año, ya que no será nada fácil cambiar el proyecto del PREF 2021 que envió el titular de la Secretarí­a de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados, sobre todo ahora que hay claros indicios de intolerancia por parte de la llamada 4° Transformación.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López enví­o ayer al Senado la solicitud realizar una consulta popular para que se le pregunte a los ciudadanos la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

El presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramí­rez Aguilar, recibió la solicitud de López Obrador y anunció que se enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), junto con la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investigue y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes?

La pregunta contiene 4 respuestas: sí­, no, no sé y la ley no se consulta, cuyo contenido deberá de ser evaluada por parte de la SCJN para señalar que no viola la constitución y se puede utilizar en la consulta popular.

La solicitud de López Obrador de inmediato generó una fuerte controversia entre la clase polí­tica, puesto que mientras algunos la califican como un paso más en contra de la corrupción en nuestro paí­s, otros simplemente dicen que se trata de una maniobra de distracción ante el fracaso que ha tenido el plan ante la crisis del coronavirus y el desplome de la economí­a mexicana.

Y en realidad no se requiere de una consulta popular en contra de los expresidentes, puesto que sí­ López Obrador tiene pruebas de las acusaciones en contra de ellos, debe de proceder legalmente para castigarlos no sólo porque las leyes se lo exigen, sino también para que luego no sea juzgado por omisión o por polarizar a la sociedad mexicana.