Hechos, señor fiscal

El titular de la Fiscalí­a Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Javier Castro Ormaechea dejó pasar ayer la oportunidad de trascender como un servidor público comprometido con la legalidad durante su tercer informe de actividades ante el Congreso Local, puesto que en lugar de anunciar el inicio de un proceso penal en contra de los funcionarios que defraudaron la confianza de la sociedad tamaulipeca, se dedicó a presumir que ha logrado resolver el 74% de 757 expedientes ministeriales, además de que tiene más de 30 años como litigante.

Incluso, se atrevió a señalar que: “En Tamaulipas nadie fuera, ni por encima de la ley”, pero no dijo nada con respecto a la investigación que se lleva a cabo en torno al desví­o de recursos públicos de cerca de 10 mil millones de pesos durante la administración de Egidio Torre Cantú, según reveló el mes pasado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), Raúl Ramí­rez Castañeda.

Tampoco reveló cómo va la investigación en contra de Jorge Abrego Adame, Exsecretario de Finanzas; Cristóbal Rosales Gómez, Subsecretario de Egresos; y Jorge Contreras Chí­o, Director de Pagos, sobre todo cuando en forma aparente hay evidencias de estar involucrados en el lavado de dinero a través de empresas que expedí­an facturas falsas, mejor conocidas como “factureras”.

Aunque Castro Ormaechea puede argumentar que no reveló más datos para no violar el debido proceso en contra de los involucrados por el desví­o de 10 mil millones de pesos, cuya cantidad es mucho mayor a los mil 584 millones de pesos que han logrado recuperar de los bienes inmuebles que han logrado incautar.

O bien, como declaró ayer el presidente de la Junta de Coordinación Polí­tica del Congreso Local, Gerardo Peña Flores, luego de concluir la comparecencia de Castro Ormaechea que el combate a la corrupción “no se mediatiza” en Tamaulipas, sin embargo, la falta de información propicia que surjan rumores acerca de complicidades entre el ayer y el hoy.

Y más cuando no se ha procedido en contra del alcalde Xicoténcatl González Uresti, a pesar de las evidencias existentes del saqueo de las finanzas municipales de Victoria, como se puede constatar en la falta de servicios públicos, como es el oportuno abasto de agua potable, el pésimo alumbrado público y el evidente deterior de calles y avenidas de la capital tamaulipeca.

Es por eso, que el tercer informe de Castro Ormaechea sólo fue para adornarse ante los diputados locales con cifras que nadie le interesa, pero de ninguna manera responde a la demanda de aplicar todo el peso de la ley en contra de los funcionarios que defraudaron la confianza de la sociedad tamaulipeca.

Tampoco se trata de lanzar consignas “sin ton ni son”, como las que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de ayer en Torreón, Coahuila, en donde afirmó que Emilio Lozoya Austin no ha dicho todo lo que sabe acerca de los ilí­citos cometidos en el caso de los sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht.

López Obrador, acompañado por los gobernadores Miguel íngel Riquelme Solí­s de Coahuila y José Rosas Aispuro Torres de Durango, dijo que de manera inexplicable Lozoya Austin no señala nada acerca la compra fraudulenta que hizo cuando era director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) de la planta de fertilizantes de Fertinal.

Y aquí­ fue cuando el tabasqueño lanzó acusaciones “sin ton ni son”, ya que afirmó que Enrique De la Madrid Cordero era titular de Nacional Financiera, S.A. (Nafinsa) y Alejandro Dí­az de León Carrillo era director general del Banco de Comercio Exterior (Bancomext) en el 2015, fecha en que otorgaron créditos a Pemex para que comprara la planta de Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La respuesta a esta declaración insidiosa no se hizo esperar, puesto que el actual gobernador del Banco de México (Banxico), Dí­az de León Carrillo, de inmediato subió un mensaje a redes sociales señalando que el crédito otorgado por Bancomext a Pemex se dio un año antes de que llegara a Bancomext.

Por otra parte, pero sin dejar el tema de la gira que realiza el presidente López Obrador a estados del norte del paí­s, los productores de sorgo de Reynosa y Matamoros buscarán entrevistarse mañana con él, aunque saben de antemano que será muy difí­cil que lo logren por las estrictas medidas de seguridad que han preparado elementos del Ejército y de la Marina.

Los productores de sorgo solicitan que se les otorgue un precio de garantí­a de 3 mil 735 pesos por tonelada del grano rojo, sin embargo, esta misma demanda se la han hecho campesinos de otras entidades federativas sin que tengan alguna respuesta positiva a sus peticiones.

Los dirigentes de la Liga de Comunidades Agrarias (LCA) y la Unión Agrí­cola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), Raúl Garcí­a Vallejo y Agustí­n Hernández Cardona, respectivamente, han convocado a sus agremiados a una reunión previa que se celebrará hoy en las oficinas de la Secretarí­a de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de Matamoros.