Ya es ley: todas las sentencias judiciales serán públicas

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  • La Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad una reforma a la Ley General de Transparencia que obliga a los poderes judiciales de todo el paí­s a hacer públicas todas sus sentencias. Ratifica así­ la decisión que tomó el Senado el pasado 17 de octubre.
  • Con el antiguo ordenamiento, los poderes judiciales únicamente tení­an la obligación de publicar las sentencias de “interés publico”, caracterización con la que muchas veces se escudaban para no publicar sus fallos y resoluciones. 

Esta decisión histórica contribuirá a disminuir la opacidad judicial y a impulsar un sistema de justicia más abierto y confiable.

Ciudad de México, 29 de julio de 2020.-Hoy se aprobó la modificación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública impulsada por el colectivo #LoJustoEsQueSepas[1], que obligará a que todas las sentencias judiciales sean públicas.

Con anterioridad, el artí­culo 73 de esta Ley señalaba que los Poderes Judiciales debí­an dar a conocer únicamente las sentencias de “interés público”. La ambigí¼edad de este concepto ha permitido que los juzgados y tribunales publiquen pocas[2] o ninguna de sus sentencias[3].

Esta opacidad judicial da pie a que se puedan dictar sentencias discriminatorias o sin perspectiva de género y derechos humanos, y limita la detección de posibles arbitrariedades. Con ello, el acceso a la justicia, el acceso a la información y otros derechos como la libertad de expresión se ven limitados.

Por eso la publicación de todas sentencias es muy importante, pues facilitará la realización de ejercicios de auditorí­a ciudadana, la evaluación del trabajo de las y los juzgadores y funcionarios judiciales y la identificación de patrones que puedan dar indicios de actos de corrupción. Así­, esta reforma representa un gran paso hacia la transparencia judicial y contribuye a consolidar poderes judiciales más abiertos y confiables.

El colectivo #LoJustoEsQueSepas, que ha impulsado la causa de la transparencia judicial desde 2018, reconoce el avance en materia de transparencia y apertura de datos que implica esta reforma. Ahora, los poderes judiciales tendrán la responsabilidad de cumplir con esta nueva obligación, mientras a los órganos garantes de transparencia les corresponderá monitorear su implementación.

Finalmente, creemos que esta reforma debe servir como impulso a una polí­tica de transparencia proactiva por parte de los poderes judiciales. Es decir, deseamos que los siguientes pasos se encaminen hacia la generación de mecanismos que acerquen la justicia, en particular a grupos en situación de vulnerabilidad, mediante la difusión de información en formatos y soportes adecuados y pertinentes, de acuerdo con lo establecido por la propia Ley General de Transparencia.

Desde la ciudadaní­a seguiremos observando la labor del poder judicial y exigiendo una justicia en la que podamos confiar.

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