Corrupción en el sector Salud

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el sector oficial son muy comunes los “aviadores”. Cuando la autoridad toma cartas en el asunto, hay gritos y los afectados tiran sombrerazos.

En 2011 una auditorí­a demostró, por ejemplo, que Damián Oswaldo Gómez Candanosa cobraba con siete plazas de maestro en Tamaulipas, además de otras que tení­a asignadas en Nuevo León. En ninguna cumplí­a.

No cualquiera tiene el don de la ubicuidad, estar al mismo tiempo en dos lugares distintos.

Por esa época algo similar pasaba en la secretarí­a de Salud. Hasta dos mil empleados permanecí­an ausentes de sus plazas, comunmente conocidos como “aviadores” o “aviadoras”, según los auditores. Alguien tení­a plaza en Tula y con el mismo horario se desempeñaba en Victoria o San Fernando. Así­ de fregones.

El mandamás era un galeno llamado Norberto Treviño Zapata, mejor conocido por el personal como “Don Teofilito”, un chilango que vino de vacaciones seis años a Tamaulipas.

Nunca le interesó esta tierra ni su gente. Nació en el ex DF, vino a ocupar la secretarí­a de Salud y, al terminar el sexenio egidista, regresó con la misma a la gran urbe. Ni casa compró en ciudad Victoria. Vivió el sexenio en un hotel del norte de la capital.

En Salud siempre ha campeado la corrupción. No es de ahora. Las acusaciones van y vienen, sin que alguien haya ido a parar al bote o se le obligue a reintegrar lana.

Un ejemplo más es que en la misma era de Don Teofilito, el jefe administrativo de la jurisdicción sanitaria número 1, Victoria, identificado como Francisco Ruiz de la Fuente, fue señalado de mandar personal a su ranchito en Villa de Casas utilizando además vehí­culos oficiales y combustibles.

Los llamados “gastos de camino” se destinaban a costear el mantenimiento del ranchito de “Pancho”.

Todo tipo de movidas caben en Salud, de común acuerdo con la sección 51.

A últimas fechas hay agitación. Se han dado movimientos desde el norte al sur exigiendo bases. Denuncian que la titular, Gloria Molina Gamboa, tiene vela en el entierro.

Hasta precio le pusieron quienes denuncian: 150 mil pesillos por cada base para Doña Gloria.

Lo malo es que no presentan pruebas ¿fuego amigo contra la doctora?. No se mete en polí­tica. Originaria de Chiapas, por estas tierras o tiene aspiraciones ni por una regidurí­a ¿alguien quiere ocupar su lugar? ¿acaso los subsecretarios?.

Piden su renuncia pero ¿eso va a solucionar los problemas?. El número de bases no lo autoriza ella. Aparte hay una Comisión en que participa el gremio sindical.

Muy difí­cil que un secretario del ramo se ocupe de la venta de plazas. Mas bien parece darse la confabulación entre jefes secundarios con el sindicato (federal). Digamos que es un acuerdo tácito para generarle a los dirigentes un billetito extra que los mantenga ocupados.

Igual que hace diez años, la ruta apunta hacia la sección que encabezaba Adolfo Sierra Medina. Es un cacicazgo que ya dura cinco reelecciones a partir del año dos mil. Los privilegios se empiezan a extinguir.

Evidente que hay complicidades. En otro ejemplo, ahí­ está el costal de acusaciones en contra de un Assad, apodado “El Pollo”, quien tení­a la fama de negociar hasta los permisos por maternidad de las parturientas, de común con el sindicato.

La divisa común: Personas que cobraban –o siguen cobrando- como médicos humanos, sin serlo. Especialistas sin tí­tulo o que no han terminado su carrera.

Siguen retumbando en el viejo edificio del 17 Bravo y Allende, las acciones de un jefe Administrativo que en 2018 vendí­a los códigos en “abonos chiquitos” (siempre según las acusaciones públicas).

Es un comerciante ferretero que habí­a llegado de Reynosa con los vientos del cambio.

Precios de ganga para los interesados. El costo total en 50 mil varos, enganche de nueve mil y abonos de dos mil cada quincena. El primer pago salí­a rápido. Así­ de fácil.

Las huestes del cacique venden plazas, códigos, contratos, permisos y comisiones. Todo tiene su precio.

Muy difí­cil decí­amos, que la podredumbre alcance al titular en jefe. No es él o ella quienes deciden las compras mayoristas de medicamentos, ni autorizan las bases ni los aumentos salariales. Obedecen instrucciones y su firma no siempre tiene validez.

Digamos que es corrupción institucionalizada. Los titulares van y vienen y “el poder de las oficinas” sigue ahí­, los burócratas. Los intermedios son los que mandan.

Si el movimiento de exigencias continúa, habrá que buscar la mano que mece la cuna. No es casual que surjan movimientos simultáneos en diferentes regiones. Alguien tiene que estar detrás.

Desde agosto del 2019 –el regreso triunfal de Adolfo- se dieron los “entres” de Sierra con la jefa Molina. Plantones en los centros laborales, empezando con el edifico central. El argumento: Que la funcionaria los ignora.

Piden la cabeza de un Gerardo Garza Córdova, el jefe de personal, por corrupción ¿habrá pruebas?.

Aunque están bien de salud, no vinieron a la sesión del Congreso los diputados Patricia Palacios y Manuel Canales Bermea, quienes resultado positivos al coronavirus. Les queda tiempo, un año con cuatro meses.