La educación como negocio fraudulento

En Matamoros –según la SET- funcionan 21 universidades particulares que ofrecen tí­tulos de nivel licenciatura. Ocho mantienen programas de maestrí­a.

De ellas 16 cuentan con “permiso” estatal y el resto federal.

En Tamaulipas  -donde las Leyes del sistema educativo nunca se cumplen- es uno de los negocios más lucrativos. Hay escuelas que son auténticos fraudes: No cuentan con instalaciones ni maestros pero ofrecen hasta doctorados.

En septiembre del 2017, a iniciativa de la bancada del PAN, el Congreso del Estado mandó un exhorto al entonces secretario de Educación –también dueño de un negocio de ese giro-, Héctor Escobar Salazar, para que depurara las concesiones cuyos propietarios no cumplen con las normas.

Don Héctor –tí­tulo de doctorcito- se pasó por el arco del triunfo la recomendación. Haz de cuenta que pusieron al coyote a cuidar a las gallinas.

Según las cuentas de algunos investigadores, en la entidad hay por lo menos 150 escuelas a nivel licenciatura con validez oficial estatal (no quiere decir que observen eficiencia), de las cuales el 90 por ciento aparecen como “patito” si se entiende que no han recibido la certificación de sus programas.

Si lo decimos con más claridad: Son un fraude.

Por es yo, el autor de estas lí­neas, está totalmente de acuerdo con lo que se ha llamado “Ley Barbosa” en el hermano estado de Puebla, a cuyo Gobernador, Miguel, los mercaderes de la educación se le fueron a la yugular el fin de semana.

Pido que nuestros diputados la repliquen en Tamaulipas, aunque sea plagiada o “fusilada” (como dice el argot periodí­stico).

Lo que trata es regular la educación privada y no una expropiación de edificios ¿cuáles? muchos no tienen y los que sí­, se los obsequió el erario.

Ya estuvo suave que los ayuntamientos regalen terrenos públicos para que los particulares construyan edificios para ganar más dinero. Se disfrazan con el cuento de ser “asociaciones civiles”, que tampoco pagan impuestos.

Se me hace que ni la propia autoridad educativa sabe cuántos escuelas de educación básica funcionan en Tamaulipas, por aquello de las clandestinas.

Muy correcto que en Puebla, y deben hacerlo en Tamaulipas –en los hechos- que las escuelas ya no lleven el nombre de funcionarios del gobierno, del Gobernador, su esposa, su mamá y papá y hasta las hermanas (ejemplo últimos sexenios). Eso no es moral.

Parodiando al Presidente López, eso tiene que acabarse.

Y no estoy de acuerdo en que las escuelas, de preescolar para arriba, sean “bautizadas” con los nombres de los lí­deres o ex lí­deres sindicales de la sección 30 o delegaciones. Menos si aún viven como se da el caso.

La Ley de Educación en Tamaulipas dice que son facultades del secretario de Educación imponer nombre a las escuela de nueva creación, de una terna propuesta por las autoridades y padres de familia del plantel. En cuanto a nombres de personas, “sólo figurarán las ya fallecidas y que hubieran prestado destacados servicios a la sociedad”.

Debe estar prohibido también para los empresarios de la educación.

Totalmente de acuerdo en clausurar a las “patito”.

Oficiales y particulares necesitan rendir –a través de los directores o presidentes de la empresa- un informe de actividades y manejo de dineros ante la comunidad y en especial de los padres de familia.

Los edificios particulares (los que tienen) siguen y seguirán siendo privados pero “forman parte del sistema educativo”. Deben ponerse a disposición y para realizar actividades del sector.

Una más a replicarse en esta tierra cueruda:  Los colores de las escuelas “deberán ser neutros”. Nada de emblemas partidista o de campañas polí­ticas. La educación necesita estar alejada de las grillas.

¿Aumento de cuotas escolares? Excelente que la autoridad intervenga cuando se incrementen sin justificación o se obligue el pago (caso de la medida preventiva por el coronavirus) en situaciones de emergencia.

Y las becas también. Ya está en la Ley de Tamaulipas que los privados tienen que poner a disposición por lo menos el cinco por ciento de la matrí­cula que manejen. Los beneficiarios los decide la secretarí­a pero ¿todos cumplen?

Yo digo que el nuevo jefe de Educación, Mario Gómez Monroy, requiere ponerse a chambear sobre el asunto.

Tampico presume de 25 universidades particulares, 19 con registro estatal y seis con reconocimiento federal ¿funcionan de excelencia?

En ciudad Victoria son once (aparte del sector oficial, UAT, Tecnológico y demás) las que ofertan licenciatura; ocho maestrí­a y dos doctorados.

Creo que es tiempo de meterle mano al asunto. Por generaciones los vivales se han dedicado a defraudar a nuestra juventud.

En otros asuntos, el diputado neolaredense Manuel Canales Bermea, quien dio positivo a coronavirus, difundió de inmediato en redes  sobre su situación la tarde del lunes, y este martes publicó: “Estoy con toda la actitud y fe de que saldré adelante. Saludos a todas y a todos. A mi amigo Alfonso Torres, Secretario General del Congreso ánimo y pa´delante”.

Torres dio también positivo al mal.

Una observación es que Canales no es de los legislados (y diputadas) más activos en eso de andar por las colonias repartiendo despensas y regalos en plan de turismo ¿cómo se contagió? Es la pregunta de los 64 mil.