Las mafias sindicales

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El adendum (agregado) del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene como finalidad concretar una reforma laboral que mejore los salarios de los trabajadores, pero sobre todo acabar con las mafias sindicales que han propiciado el escandaloso enriquecimiento de dirigentes y el empobrecimiento de obreros y empleados en el país.

Y aunque la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a cumplir con todas y cada una de las exigencias del reciente adendum del T-MEC, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Patricia D’Alesandro Pelosi, impuso una serie de condiciones entre las que destaca la supervisión de un panel para vigilar que no existan violaciones a los acuerdos comerciales.

Incluso, la embajada de Estados Unidos en México a cargo de Christopher Landau, anunció la contratación de un agregado (funcionario) que vigile el cumplimiento cabal de la reforma laboral en nuestro país, cuya información fue desmentida en un principio por el Subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, que ante las evidencias no tuvo más remedio que reconocer que efectivamente habrá una supervisión directa.

Atrás quedaron aquellos pronunciamientos nacionalistas del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, quien una y otra vez aseveró que no se permitiría la intromisión de funcionarios extranjeros en actividades domésticas ni mucho menos en políticas internas.

La desconfianza de la legisladora demócrata se basa en la estrecha relación que tiene el presidente López Obrador con el controvertido dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMS), Napoleón Gómez Urrutia, quien busca desaparecer las empresas subcontratistas en el país, mejor conocidas como “outsourcing”.

No debemos olvidar que el senador Gómez Urrutia presentó recientemente una iniciativa de reforma en materia de Subcontratación Laboral que fue calificada como regresiva porque desaliente el crecimiento económico, fomenta el desempleo y la informalidad, entre otros aspectos negativos.

Incluso, fue tan grande el escándalo entre el sector privado de México, que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Dávila, decidió regresar a comisiones la iniciativa de reforma laboral en materia de subcontratación (outsourcing) para ser analizada y discutida nuevamente.

Si bien es cierto que ya comenzó la “limpia” de líderes sindicales, como se puede constatar con la renuncia de Carlos Romero Deschamps a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM), hay otros que deben de salir cuanto antes porque siguen cometiendo una serie de irregularidades e ilícitos en contra de la clase trabajadora.

No se descarta la posibilidad de que el siguiente líder sindical en ser llamado a cuentas es Víctor Flores Morales, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (SNTFRM), quien fue nuevamente acusado de fraude en perjuicio de 24 mil trabajadores jubilados.

Flores Morales es acusado de malversar mil 500 millones de pesos, además de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, entre otros delitos sin que hasta el momento se haya procedido en contra de él.

De igual forma, Francisco Hernández Juárez, dirigente de los trabajadores de Teléfonos de México (Telmex), se ha eternizado en el cargo luego de establecer una serie de candados para evitar la democratización de la organización sindical.

Si bien es cierto que Hernández Juárez no tiene en su contra denuncias por corrupción o enriquecimiento ilícito como Gómez Urrutia, Romero Deschamps y Flores Morales, no hay duda que enfrenta una fuerte disidencia que amenaza con desconocerlo porque ha impedido el crecimiento de nuevos liderazgos.

Y aunque todavía no ha logrado recuperar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la maestra Elba Esther Gordillo Morales, busca a toda costa recuperar el poder que tuvo cuando estaba al frente del magisterio nacional, sobre todo ahora que está a punto de tener un nuevo partido político luego de que la organización Redes Ciudadanas Progresistas (RCP) logró realizar las 20 asambleas estatales con más de 3 mil asistentes que exige el Instituto Nacional Electora (INE) para otorgar el registro como partido político.

Es por eso, que el adendum del T-MEC resulta beneficioso para la clase trabajadora de nuestro país, puesto que no sólo propiciará el incremento de sus salarios, sino también permitirá acabar con las mafias sindicales que han impedido por muchos años el surgimiento de nuevos liderazgos que defiendan efectivamente sus derechos laborales.

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