Bien dicen que “Dios aprieta pero no ahorcaâ€, regaña pero perdona; llama la atención pero no desampara.
En el sur, el fin de semana fue dado de baja el Gerente General de la COMAPA Zona Conurbada, Adolfo Cabal Ruiz, pero no tendrá problemas por irregularidades en su desempeño.
Si la Auditoría Superior del Estado le “escarbara†poquito saltarían cáscaras. Es uno de los organismos que históricamente nadan en corrupción, pero nadie se ha tomado la molestia de promover su saneamiento.
Su lugar será ocupado por un representante del exigente sector privado, Jorge Federico Rivera Schotte, cuya familia se dedica a la construcción, servicios petroleros, aviación, comercializadoras y sandblasting.
Son los exponentes del llamado “Grupo Rivera†que opera en la zona sur.
Ante la ineficiencia de los organismos operadores municipales, en los últimos tres años el gobierno del Estado ha tomado por su cuenta algunas Comisiones como las de Río Bravo, Matamoros, El Mante y Reynosa, pero sin alterar la legislación. Esta vez toma la de Victoria.
Desde principios del 2017 fue enviado a El Mante el joven Marco Antonio Mota Turrubiates, empleado de la Comisión Estatal del Agua, para tratar de recomponer (sin éxito) las finanzas. El alcalde Juan Francisco Leal Guerra se declaró incompetente para evitar la quiebra.
Ya manejaba el organismo de Reynosa, donde despacha Jesús María “El Chuma†Moreno Ibarra, ex diputado local y elemento del primer círculo del grupo en el gobierno.
Es la paramunicipal con mayores problemas económicos, está en quiebra y con tres sindicatos encima. A la ruina la llevaron gerentes como Néstor Domingo González Meza y Serafín Gómez Villarreal, que inexplicablemente no sufrieron un regaño de parte de la Contraloría o la Auditoría Superior. Los protegieron los Dioses mayores.
Si bien es paramunicipal, el gobierno del Estado maneja Río Bravo a través de Raúl García Vivián, también del equipo. Fue enviado a tratar de rescatar el operador pero tampoco sin éxito.
En este caso en particular se da un litigio entre el ayuntamiento y el Gobierno, que no terminará pronto. La solución está en que el municipio tenga recursos para surtir suficiente líquido a las tuberías del pueblo.
También en quiebra, y con un ayuntamiento incapaz de meterle lana, el Estado tiene el control de la Junta de Aguas de Matamoros a cargo Guillermo Lash de la Fuente. Llegó la administración morenista pero sigue en el cargo.
Para dar una idea sobre la pertenencia de las Comisiones, hay que decir que son paraestatales: Río Bravo, Zona Conurbada, Mainero, Guemes, Casas, San Carlos, Méndez, Llera, Padilla, Cruillas y Miquihuana. Las restantes 27 (se entiende) que son paramunicipales.
El Gobierno no ha querido tomar la decisión de “jalar†total y legalmente a tales entes, para garantizar el suministro de agua a los hogares de los tamaulipecos. La solución pudiera estar encaminada a la participación de la iniciativa privada ¿de qué otra manera?.
Esto incluiría nueva legislación para regular a los sindicatos cetemistas que, en los hechos, significan el gran problema de las economías de las Comapas. Gozan de privilegios leoninos que fueron acumulando durante los años de dominio de los gobiernos priístas.
Pues bien, a partir del fin de semana el Gobierno del Estado tomó el manejo de facto de la Comisión de Agua en Victoria. El nombramiento de gerente recayó en Román Castillo Airola, perteneciente al círculo cercano de Reynosa.
El nuevo funcionario ha incursionado en política por las siglas del PAN. Fue suplente del diputado Angel Romero Garza Rodríguez, por el distrito 05 con cabecera en aquella frontera, en la legislatura anterior. No alcanzó a ejercer funciones.
A instancias del equipo “cabecista†fue primero Sub y luego Delegado de la PROFECO cuando el ahora Gobernador dirigía la CORETT.
Con el gobierno de los vientos del cambio, Airola fue nombrado Director General de Compras y Operaciones Patrimoniales, la dependencia encargada de la delicada tarea de hacer la asignación de contratos.
Goza de la confianza del mero jefe.
De los organismos en quiebra total, Victoria era el que faltaba. Nuevo Laredo goza más o menos de solvencia económica para funcionar. Es el último paramunicipal de importancia que queda en manso locales.
Mientras llega la solución definitiva, el Estado seguirá inyectando recursos a esos barriles sin fondo manejados prácticamente por los sindicatos.
Inexplicablemente ni con los gobiernos priístas y ahora con el panista, ningún ex gerente o gerente ha ido a prisión.
Definitivamente que, como decían nuestras abuelas: Dios es muy grande.
En otros asuntos, la 64 legislatura al Congreso del Estado comenzó a instalar las Comisiones Especiales y Permanentes de trabajo hacia su interior. Este lunes arrancaron con la de Gobernación y las de Análisis y Actualización de la Constitución Estatal, y la de Promover la Realización de una Convención Nacional Hacendaria, las tres que preside el coordinador parlamentario Gerardo Peña Flores.
El martes es el turno para las de Seguridad Pública y Reinserción Social, Estudios Legislativos, Deporte, Administración y así sucesivamente todo el día. El martes la sesión plenaria.
Por fin el Diario Oficial de la Federación publicó la declaratoria de emergencia por la “severa lluvia e inundación fluvial†en el municipio de Aldama, ocurrida el 23 de octubre. Con ello podrán aterrizar recursos del famoso Fonden que, por lo general, llegan dos o tres años después.
Según documentos que tenemos a la mano, la Secretaría de Seguridad Pública se esmera y gasta bastantes recursos en hospedaje de sus elementos.
Por ejemplo, los propietarios de un hotel de Nuevo Laredo recibieron pagos por 18.0 millones de pesos por servicio durante 270 días del año 2018, lo que genera un promedio de 66 mil 666 diarios.
Otro de Altamira recibió 46 mil diarios para sumar 13.8 millones y, por último, uno de Victoria cobró 8.9 millones. Algo así como 33 mil diarios.
Luego escuchamos por ahí que elementos se quejan que no reciben hospedaje de primera.
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