Voto secreto 

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Mal, muy mal se vio que el Senado haya recurrido al voto secreto para designar a la abogada Yazmín Esquivel Mossa como sucesora de la magistrada Margarita Beatriz Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),  ya que no sólo le resta autoridad moral a la nueva magistrada, sino también se presta a una serie de especulaciones que van desde el soborno hasta la intimidación, entre otros epítetos denigrantes

En la primera ronda se vio claramente que la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador careció del apoyo de la mayoría de las y de los integrantes del Senado, sin embargo luego del receso que solicitó el coordinador de la fracción de Morena, Ricardo Monreal Ávila, todo cambio y logró 95 de los 121 votos emitidos.

Usted se preguntará: ¿qué ofreció Monreal Ávila?, no se sabe a ciencia cierta, pero se dice que la negociación comprende varias concesiones, entre las que destaca la designación de gentes identificadas con el PRI para ocupar las vacantes que hay en las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De nada sirvió que el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, destacara desde la tribuna el conflicto de interés que tiene la nueva magistrada por ser esposa del empresario José María Rioboó Martín, contratista consentido de López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Incluso, se recuerda que la magistrada Esquivel Mossa cuando fungió como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, enfrentó una serie de acusaciones durante la construcción de la Supervía por parte de varias organizaciones civiles, entre las que se encontraba el Centro Pro de Derechos Humanos.

Las acusaciones en contra de la magistrada Esquivel Mossa eran porque no tomó en cuenta el daño ecológico durante la construcción de la Supervía, en cuya obra participó su esposo el contratista Rioboó Martín.

No es la primera vez en que se utiliza el voto secreto en el Senado, puesto que se utilizó en noviembre de 2017 cuando se discutió el caso de Santiago Nieto Castillo, quien había sido destituido como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).

Como se recordará, Nieto Castillo denunció que el entonces director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austín, supuestamente había desviado recursos para financiar las campañas del PRI.

En fin, el voto secreto resulta sumamente vergonzoso porque en lugar de que aparezcan los nombres de las senadoras y de los senadores en el tablero electrónico para conocer quiénes estuvieron a favor o en contra, se utiliza una cédula para que cada uno deposite una papeleta en una urna sin saber el sentido de su voto emitido.

En otro tema, el candidato del PAN a la diputación local del X Distrito Electoral con cabecera en Matamoros, Héctor Escobar Salazar, es víctima de una campaña de desprestigio porque supuestamente dejó el cargo como titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) sin pagar tres préstamos que sacó en el Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación en Tamaulipas (Sartet), según un mensaje que ayer se subió a las redes sociales.

En forma aparente, Escobar Salazar adeuda más de un millón y medio de pesos, ya que sacó tres préstamos de poco más de 500 mil pesos en los dos años y medio que estuvo como titular de la SET.

El mensaje también busca el enfrentamiento del ahora extitular de la SET con el dirigente de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rigoberto Guevara Vázquez, quien supuestamente ordenó que se publicara el mensaje en redes sociales

No es el primer ataque que recibe el extitular de la SET en redes sociales, puesto que recientemente subieron varias fotografías de él con bolsas de famosas marcas cuando salía acompañado de un centro comercial en el extranjero.

Seguramente, la dirigencia estatal del PAN, que encabeza Francisco Elizondo Salazar presentará la denuncia correspondiente ante el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Tamaulipas, Rodolfo Jáuregui Rosas, quien deberá de iniciar una investigación para frenar las campañas de desprestigio en la entidad.

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