Monterrey, Nuevo León, a 18 de marzo de 2026.- Un grupo plural de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales e instituciones académicas presentó en el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana de reforma constitucional al Poder Judicial de Nuevo León, con el objetivo de fortalecer la confianza en la justicia, garantizar la independencia judicial y elevar los estándares de preparación de quienes aspiren a impartir justicia.
La propuesta surge en el contexto del nuevo modelo que contempla la elección de personas juzgadoras mediante voto ciudadano a partir de 2027, y plantea mecanismos concretos para asegurar que este proceso se realice con reglas claras, criterios técnicos y garantías de imparcialidad.
Durante la presentación, los promoventes destacaron que la reforma busca equilibrar la legitimidad democrática con la competencia profesional, bajo la premisa de que la justicia no puede depender de popularidad o capacidad de campaña, sino de preparación profesional, ética y responsabilidad.
La iniciativa se sustenta en dos pilares fundamentales:
- Garantizar perfiles técnicamente idóneos
Se propone establecer una evaluación técnico-jurídica previa obligatoria, así como requisitos más estrictos para las personas candidatas, con el fin de asegurar que quienes participen en el proceso electoral cuenten con la preparación necesaria para desempeñar la función judicial.
Asimismo, se plantean reglas claras para el proceso electoral, incluyendo la prohibición de financiamiento público y privado en campañas judiciales, así como restricciones a la intervención partidista.
- Fortalecer la disciplina judicial con independencia
La propuesta contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial independiente, con separación clara entre funciones de investigación, resolución y revisión, garantizando el debido proceso y evitando concentraciones de poder que puedan derivar en arbitrariedades.
Las organizaciones firmantes coincidieron en que una justicia confiable es fundamental no sólo para el Estado de derecho, sino también para la vida cotidiana de las personas.
“La ciudadanía debe tener la certeza de que quien resuelve un asunto familiar, penal o patrimonial es una persona preparada, independiente y comprometida con la ley”, señalaron.
Asimismo, destacaron que la iniciativa no busca limitar la participación democrática, sino fortalecerla mediante estándares que permitan a la ciudadanía elegir entre los mejores perfiles posibles.
Los promoventes subrayaron que la calidad de la justicia impacta directamente en la vida de las personas, desde casos de violencia familiar hasta la certeza jurídica necesaria para la inversión y la generación de empleo.
En este sentido, señalaron que la propuesta contribuye a:
- fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones,
- mejorar la calidad de las resoluciones judiciales,
- reducir riesgos de corrupción o captura del sistema,
- y generar condiciones más estables para el desarrollo económico y social de Nuevo León.
Organizaciones e instituciones que respaldan la iniciativa
La iniciativa es respaldada por las siguientes organizaciones e instituciones:
- ANADE Nuevo León
- CAINTRA Nuevo León
- CANACO SERVYTUR Monterrey
- CANADEVI Nuevo León
- CAPROBI Nuevo León
- CCEAD
- CMIC Nuevo León
- Consejo Cívico
- Consejo Nuevo León
- COPARMEX Nuevo León
- Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey
- Facultad Libre de Derecho de Monterrey
- Hagámoslo Bien A.C.
- INDEX Nuevo León
- Juicio Justo
- Konrad Adenauer Stiftung
- Promoción de Paz A.B.P.
- Universidad de Monterrey
- Universidad Regiomontana
- Vertebración Social Nuevo León
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