Por Alejandro Ceniceros Martínez
El pasado viernes 31 de octubre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebró sesión en la Ciudad de México con el propósito de designar a tres consejerías del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM). Sin embargo, el resultado de dicha sesión fue, por decir lo menos, decepcionante: únicamente se logró nombrar a una persona, mientras que las otras dos designaciones se declararon desiertas, a pesar de que el propio dictamen técnico señalaba que existían ocho aspirantes con la idoneidad suficiente para ocupar los tres cargos vacantes.
Este hecho no puede ni debe pasar desapercibido. No se trata de un simple desacuerdo administrativo, sino de una muestra evidente de cómo los intereses políticos y los grupos de poder al interior del Consejo General del INE están por encima del compromiso ético, profesional y democrático que deberían guiar sus decisiones.
El proceso de selección fue largo y riguroso: de 83 aspirantes (36 mujeres y 47 hombres), 79 cumplieron con los requisitos legales; 77 presentaron el examen de conocimientos, del cual aprobaron 36; 24 superaron la etapa del ensayo y finalmente ocho fueron considerados idóneos por su experiencia, conocimientos y compromiso con los principios democráticos. El propio dictamen lo señala con claridad: “la idoneidad se determina no solo por el cumplimiento formal de los requisitos legales, sino por las competencias y habilidades demostradas para contribuir al fortalecimiento institucional y al ejercicio ético, imparcial y profesional de las funciones electorales”.
Sin embargo, en la sesión del Consejo General, a pesar de contar con ocho opciones calificadas como idóneas, los consejeros fueron incapaces de alcanzar la mayoría calificada para designar las tres consejerías. Solo una obtuvo los votos necesarios; las otras dos fueron declaradas desiertas, sin argumento, sin motivación, sin razón jurídica o técnica que justificara tal decisión. Una paradoja vergonzosa: mientras evaluaban la capacidad para construir consensos y acuerdos como un criterio esencial en los aspirantes, los propios integrantes del Consejo demostraron su total incapacidad para lograrlo.
Esta omisión no es menor. Al no integrarse plenamente el Consejo General del IETAM, se genera una sobrecarga de trabajo que afecta la eficiencia institucional, en un contexto electoral donde se exige profesionalismo, imparcialidad y compromiso democrático. Pero sobre todo, deja al descubierto lo que en realidad opera tras bastidores: un interés político por mantener el control de los órganos electorales, reservando los espacios para grupos afines o convenientes a ciertos intereses del poder central.
Hace años, cuando se discutió la reforma que quitó a los congresos estatales la facultad de designar a sus consejerías electorales para trasladarla al Consejo General del INE, desde el Partido del Trabajo advertimos que esa medida era un acto de centralismo disfrazado de imparcialidad. Dijimos entonces, y lo reitero hoy, que se trataba de una ofensa a la soberanía de los estados y una insinuación insultante hacia la honestidad y capacidad de las y los tamaulipecos, como si la ética y el compromiso democrático solo pudieran nacer en el centro del país.
El tiempo nos ha dado la razón. Esa reforma, presentada como un avance hacia la independencia electoral, terminó convirtiéndose en un mecanismo de control político centralista, que hoy se traduce en bloqueos, cuotas y decisiones arbitrarias que debilitan la democracia local.
Por ello, es momento de abrir el debate y promover desde las 32 entidades federativas una nueva reforma electoral que devuelva a los congresos locales la facultad de nombrar a sus consejerías. No hay independencia si las decisiones se toman a cientos de kilómetros de donde se viven los procesos electorales; no hay imparcialidad si prevalecen intereses cupulares; y no hay democracia si se desprecian las capacidades de los pueblos y sus instituciones.
Finalmente, hago un llamado a las y los aspirantes que participaron en este proceso a ejercer su derecho y su deber ciudadano de impugnar este atropello. Que exijan la reposición del procedimiento, que el INE cumpla su obligación de designar las tres consejerías, y que se garantice un proceso verdaderamente transparente y democrático.
Tamaulipas merece un instituto electoral completo, fuerte y autónomo, no rehén de las decisiones políticas de unos cuantos. La democracia se construye con participación, con ética y con soberanía, no con cálculos de poder
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