La organización “Educación con Rumbo”, que coordina a nivel nacional la activista Paulina Amozurrutia Navarro, logró obtener un amparo que obliga a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que todavía encabeza Leticia Ramírez Amaya, aplicar la Prueba Pisa del 2025, pero antes deberá realizar una prueba piloto programada para octubre del 2024.
La Prueba Pisa es una evaluación que aplica, cada tres años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Está diseñada para medir las habilidades y competencias de los estudiantes de 15 años en tres áreas clave: lectura, matemáticas y ciencias.
Se da por descartado que la maestra Ramírez Amaya cumpla con la instrucción del Poder Judicial de la Federación (PJF) a través del amparo concedido a la organización “Educación con Rumbo”, puesto que le quedan escasos 40 días de su gestión al frente de la SEP.
Por eso, la activista Amozurrutia Navarro convocó a Mario Delgado Carrillo, designado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo como el nuevo titular de la SEP, a reunirse con el propósito de cumplir con el calendario de trabajo para la aplicación de la Prueba PISA 2025, el cual incluye la prueba piloto programada para octubre del 2024, que se encuentra a la vuelta de la esquina.
La Prueba PISA está diseñada para medir las habilidades y competencias de los estudiantes de 15 años en tres áreas clave: lectura, matemáticas y ciencias, como ocurrió en el 2022, en cuya edición México tuvo un desempeño mucho más bajo que la media de los 81 países participantes.
México sacó 395 puntos en la materia de matemáticas, en tanto que en lectura se obtuvo 415 puntos y en ciencias 410 puntos, cuyos resultados fueron menores a los que se tuvieron en la Prueba PISA del 2018.
Los bajísimos resultados de la Prueba PISA 2022 demostraron que la gestión de la maestra Delfina Gómez Álvarez como titular de la SEP fue un desastre, pero en lugar de reconocer que la educación pública está por los suelos, el presidente López Obrador montó en cólera y dijo que esa medición no refleja la realidad de la educación en nuestro país.
El evidente atraso educativo se agravó con la pandemia del coronavirus en el 2020, cuando se suspendieron las clases presenciales en las escuelas para evitar que se propagara esta enfermedad endémica entre niños y jóvenes de educación básica, además de que las clases vía remota fueron un fracaso rotundo.
Se espera que la situación cambie durante la gestión de la doctora Sheinbaum Pardo, es decir que la educación pública sea una prioridad para su gobierno que inicia el próximo 1° de octubre.
Vamos a ver cómo responde el virtual titular de la SEP, Delgado Carrillo ante el reto de mejorar el nivel educativo de la niñez y juventud, por lo que resulta importante estar pendiente de su desempeño para lograr que se lleve a cabo, primero la prueba piloto en octubre y luego la Prueba PISA en el 2025.
En otro tema, más de 300 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Ciudad Victoria, realizaron ayer una protesta en el Congreso Local a fin de detener la Reforma Judicial que impulsa el presidente López Obrador, ya que para que el cambio sea legal y entre en vigor se requiere del apoyo de por lo menos de 17 legislaturas locales.
Juan David Márquez López, quien se desempeñó como vocero de los empleados del PJF inconformes, reiteró que el paro de labores es indefinido, sin embargo, hay guardias para atender los casos más urgentes.
Antes de la protesta en el Congreso Local, los empleados realizaron una marcha de la sede el PJF al recinto legislativo, en cuyo trayecto corearon consignas en contra de la reforma judicial que no respeta la carrera judicial y en cambio busca someterlos a una elección popular para ser jueces o magistrados.
Por su parte, el coordinador de los magistrados de Ciudad Victoria, Octavio García Ramos, señaló que el principal riesgo de la reforma judicial que promueve la elección de jueces y magistrados a través del voto popular es que los juzgadores pierdan su independencia y por ende la imparcialidad con que deben resolver los asuntos conforme a derecho.
Explicó que el juzgador que sea electo popularmente se sentirá comprometido con quiénes lo eligieron, por lo que perderá su independencia y la imparcialidad con que debe actuar.
Y aunque la protesta se realiza en todo el país, parece ser que sus gritos y consignas no son escuchadas, puesto que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo Ruiz, convocó a una sesión semipresencial para el próximo lunes 26 de agosto a las 11 horas.
Por otra parte, pero sin dejar el tema de jueces y magistrados, sigue el escándalo en que está envuelto del presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), Edgar Danés Rojas, quien “seguramente ya no siente lo duro, sino lo tupido”, como dice el viejo refrán.
es que Danés Rojas no sólo enfrenta la denuncia por acoso sexual de una trabajadora del Trieltam, sino también un conflicto de intereses luego de que su hermano José Eliud trabaja en el ayuntamiento de Nuevo Laredo.
Además, los enfrentamientos que sostiene a cada rato con sus compañeros René Osiris Sánchez Rivas y Edgar Iván Arroyo Villarreal, no sólo refleja una lucha de poder entre los magistrados, sino también la pugna interna ha propiciado que algunas sentencias hayan sido cuestionadas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Monterrey, Nuevo León.
La lucha de poder se puede constatar en la reciente filtración a los medios de que el papá del magistrado Arroyo Villarreal, de nombre Carlos Arroyo Pérez fue designado como regidor del PAN en el ayuntamiento de Aldama para la gestión del 2024 al 2027.
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