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Moisés EDWIN BARREDA
Aumenta el rechazo popular a los esfuerzos de la oligarquía transformada en oposición, a lo que contribuye esta misma con los discursos vacuos con que trata de minimizar la soberbia paliza electoral que le asestó el pueblo el pasado 2 de junio, y rechazar al Plan C, la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial de la Federación tan necesaria, que particularmente busca acabar con la “casta divina” que ya son los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
(Por otra parte, nunca como ahora la sabiduría popular se vio arma de dos filos: “Más vale malo por conocido que bueno por conocer”, pues entre ciudadanos comunes y trabajadores de la administración de justicia ya surgen voces que rechazan el eventual cese de los jueces y magistrados de ambos fueros. “Bienvenida la aplicación del Plan C; pero con justicia, que no paguen justos por pecadores” (La cuestión se plantea adelante).
La oligarquía se aferra a la pala y el pico y los mueve a acelerado ritmo a partir del aumento de la simpatía y apoyo popular evidente con los sondeos de opinión de tres de las encuestadoras mejor calificadas, que arrojan apoyo de entre 70 y 80 por ciento de la ciudadanía al Plan C.
Ya sale sobrando el que, como por casualidad, cuatro integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM hayan descalificado al Plan C, con el evidente propósito de hacer creer que lo hacían en nombre de la propia UNAM, la que se apresuró a negarlo.
Es evidente que esos sujetos no leen las aportaciones de sus pares en el IIJ, como el ensayo del eminente jurisconsulto y patriota doctor Jaime Cárdenas Gracia publicado el 11 de agosto de 2023 — en la revista especializada de esa institución: https://revistas.juridicas.
De entrada en esa obra, Cárdenas Gracia propone –conviene con la vox populi— “que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto ciudadano. Sostenemos que en el Estado Constitucional todo derecho debería tener un origen democrático y que las instituciones deben derivar de la soberanía, tal como se desprende del artículo 39 de la Constitución, pues actualmente su elección está controlada por el Presidente y los dos partidos mayoritarios en el Senado, e influye el poder fáctico nacional y trasnacional.”
La iniciativa de reformas al Poder Judicial Federal, particularmente a la Suprema Corte, que hace décadas no sólo está divorciada de los intereses y causas populares, sino que emite fallos diametralmente opuestos, deviene de los deseos que el pueblo manifestaba silencioso entre sí, y parecen recogidos desde hace años por Cárdenas Gracia y los volcó en su trabajo de cuenta.
En su ensayo subraya que “El sistema de nombramiento de los ministros de la Corte que hoy se encuentra vigente debe ser discutido ampliamente en la sociedad y por la academia; nosotros estimamos que no es suficientemente democrático al no provenir directamente de los ciudadanos. Es un método elitista que favorece el reparto de cuotas entre los dos partidos mayoritarios, además de conferirle al presidente un peso indudable en las designaciones.”
Prácticamente acepta que a ese conjunto de togados se le llame “casta divina”, pues –asienta– “La Corte ha ido incrementando su elitismo, destacadamente después de las reformas constitucionales de 1994 y 2011, que aumentaron su poder para invalidar normas generales y definir el alcance y profundidad de todo el Derecho aplicable. Ningún otro poder en México puede, en la magnitud que lo hace la Corte, determinar qué es y qué no es Derecho.”
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Y remacha: “El estatuto de sus integrantes con las prestaciones privilegiadas de las que gozan en relación con otros servidores públicos los conduce también al elitismo. El método de designación no les permite generar vínculos efectivos ni permanentes con la ciudadanía ni promueve la rendición de cuentas a la sociedad…”
“Estimamos que el procedimiento que sustituya al actual debe tener un componente inicial meritocrático, y en su parte final electivo, con la intención de romper la influencia de los partidos mayoritarios en el Senado así como el poder presidencial que ahora determinan las designaciones”, afirma Cárdenas Gracia.
Por cuanto a la sabíduría popular condensada en viejas máximas como “Más vale malo por conocido que bueno por conocer”, se dice que nunca como ahora es arma de dos filos, y se explica:
Puede justificar el rechazo al Plan C porque evitaría riesgo de que los nuevos resulten más pior de corruptos: pero es válido en el caso de jueces y magistrados, pues son decenas, no once. Están dotados o adquieren la sensibilidad de que hacía gala el viejo Salomón, tan necesaria para dar a cada quien lo que merece o le corresponde, y la inmensa soberbia de esos sujetos de la “casta divina” no deja resquicio siquiera para mínimo de sensibilidad.
Además, muchos de esos jueces y magistrados tienen carrera judicial completa y han pasado de los peldaños más bajos del aparato de administración de justicia a los que ahora ocupan precisamente por “meritocracia” y estudios realizados con tesón, esfuerzo y sacrificio propio y de sus familias. La mayoría no son de los resentidos sociales revanchistas que lucran favoreciendo a rufianes de poca o mucha monta.
Por si lo anterior es poco, se debe atender no sólo que a esa carrera han dedicado su vida y sus afanes, sino también que los justiciables confían en ellos más que en los eventuales sustitutos, por su experiencia. También se debe contabilizar que aplicar con justica el Plan C evitaría mucho gasto de erario.
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