A los sumisos y abyectos legisladores de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados les salió “El tiro por la culata”, como dice el viejo refrán popular, ya que pretendieron hacernos creer que la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) era para acabar con los supuestos privilegios de que gozan las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero nunca se imaginaron que los mismos empleados salieran a las calles a desmentirlos porque afectan sus derechos laborales.
Desde ayer, cuando se inició el paro nacional del PJF y que durará hasta el próximo martes 24, los empleados realizaron un plantón fuera de la sede ubicada en el bulevar Praxedis Balboa de Ciudad Victoria para sumarse a la protesta que se realiza en todo el país.
El secretario de la sección 49 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), Pedro Gutiérrez Muñoz, señaló que el paro no impide los trámites de asuntos urgentes, puesto que no se pretende afectar a las personas, sino se busca que los senadores escuchen sus demandas y no avalen la reforma realizada por los diputados federales de Morena y sus aliados para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del PJF.
Incluso, se preparan para acudir a la marcha prevista para este domingo 22 de octubre en Tampico, que partirá de los juzgados federales en avenida Hidalgo hasta la Plaza de Armas del puerto jaibo.
Y digo que a los sumisos y abyectos legisladores de Morena y sus aliados les salió “El tiro por la culata” porque ahora la sociedad mexicana se ha enterado de las prebendas que tienen en la Cámara de Diputados, como la asignación de mil 631 millones de pesos a cada fracción parlamentaria sin que deban de rendir cuentas o presentar reporte de gastos.
Además, cada una de las fracciones parlamentarias tienen sus “guardaditos” por más de 130 millones de pesos, sin dejar de mencionar que acuden a comer sin ningún costo a los restaurantes que están en la Cámara de Diputados, entre otras prebendas o canonjías que reciben a costa del erario público.
También cada uno de los legisladores morenistas y sus aliados reciben 80 mil pesos mensuales para aviones y hospedaje, cuando la mayoría de las sesiones en la Cámara de Diputados se realizan en forma remota.
Asimismo, reciben un aguinaldo por 40 días, es decir alrededor de 100 mil pesos, además de otras prestaciones laborales, como es el caso de servicio médico y dental en la Cámara de Diputados, descuentos en la contratación de seguros médicos y apoyos económicos para gastos funerarios.
Y los coordinadores de las fracciones parlamentarias, como es el caso del dirigente de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, reciben una jugosa compensación en forma independiente del sueldo de 75 mil pesos netos cada mes.
Es por eso, que les salió “El tiro por la culata” porque ahora nadie cree que la eliminación de los fideicomisos del PJF fue para tener un ahorro en el gasto público del 2024, ni mucho menos que serían usados para becas, como lo anunció el presidente López Obrador.
Por otra parte, la orden de aprehensión en contra del todavía titular de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, propiciará un nuevo escándalo que deja muy mal parada a la directora jurídica de la Oficina del Gobernador, Tania Contreras López.
La orden de aprehensión surgió luego de que un juez federal ordenara la restitución del cargo a Ramírez Castañeda, pero sin ningún fundamento legal para poder proceder conforme a derecho, incluso la misma presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Úrsula Salazar Mojica, cuando se le cuestionó acerca del caso, no supo responder y sólo se expresó “por los delitos que resulten”.
Esta nueva omisión de la abogada Contreras López fortalece la versión de que habrá un cambio en la Dirección Jurídica de la Oficina del Gobernador, puesto que se requiere de una gente capaz para ventilar conforme a derecho todos los asuntos legales de la administración estatal.
Desde antes del Primer Informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya corría muy fuerte la versión de que habría ajustes en el gabinete estatal, ahora con este nuevo yerro se justifica un cambio para evitar que un asunto local se convierta en noticia nacional.
En otro tema, se anda promoviendo que volverá el transporte de pasajeros por tren, sobre todo después de que López Obrador invitó a los concesionarios del ferrocarril de carga a prestar de nuevo este servicio, sin embargo, no deja de ser una nueva “ocurrencia presidencial” que no prosperará ante el costo multimillonario que implica.
Si bien es cierto que el Tren Maya resulta atractivo para todas las personas que desean trasladarse por ferrocarril, no es lo mismo que se ponga este servicio de pasajeros por la vía del tren que une las ciudades de Tampico-Victoria-Monterrey, como algunos incautos promueven en el puerto jaibo.
Por principio de cuentas se requerirán nuevos trenes, vías de altas especificaciones, modernas terminales para pasajeros, entre otros servicios que implicarán inversiones millonarias por parte de los empresarios para obtener una concesión de 30 años.
Y lógicamente, los precios de los boletos no serían como los de antes, que eran económicos porque prestaban el servicio a personas que no podían pagar el transporte de pasajeros por autobuses.
Resulta muy romántico recordar aquellos viajes por tren que se paraba en cada estación de ferrocarril, pero ahora ya ni existen y sólo fue una ocurrencia más de López Obrador que no se debe tomar en serio.
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