La iniciativa de reforma a la Ley sobre Delitos de Imprenta, que promovió la diputada federal Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas de Zacatecas, para castigar con mayor dureza a los ciudadanos que expresen en forma pública injurias contra el presidente López Obrador no sólo generó cientos de mensajes ofensivos dirigidos al tabasqueño en las redes sociales, sino también evidenció una vez más que las y los legisladores de Morena ni siquiera leen las iniciativas y votan por votar sin reflexionar el impacto que tendrán sus actos.
El escándalo generado propició que ayer en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunciara que vetará la reforma en caso de ser aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados, incluso el coordinador de la fracción de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, señaló que sería rechazada en caso de llegar a la cámara alta del Congreso de la Unión.
Tan fuerte estuvieron la críticas que hasta el propio coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dijo que la iniciativa no forma parte de la agenda legislativa morenista, ni tampoco fue un error político ni mucho menos estratégico para tratar de ocultar el desgarriate generado por pretender de elevar las multas establecidas en la Ley sobre Delitos de Imprenta que data desde la época de Venustiano Carranza Garza de 1917.
Y a la diputada Hernández Ruedas le salió caro pretender ganarse el afecto de López Obrador con esta controvertida iniciativa, puesto que muchos recordaron cuando fue detenida en junio del 2015 en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, con un millón de pesos en efectivo y, al rendir su declaración, aseveró que ese dinero era de Monreal Ávila, su paisano, que buscaba ser titular de la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
A propósito, todavía no se ha aclarado la procedencia de ese millón de pesos, pero la sospecha más firme en torno al caso es que fue una “aportación” del entonces gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello.
Y como dice el viejo refrán: “favor con favor se paga”, Velasco Coello solicitó licencia como gobernador para contender por una curul en el Senado en las elecciones del 2018 y el 1° de septiembre de ese mismo año acudió a la instalación del Congreso de la Unión, pero al día siguiente solicitó licencia como senador para regresar complementar su periodo como mandatario estatal de Chiapas.
Nunca se imaginó que su solicitud de licencia en el Senado fuera rechazada, por lo que tuvo que intervenir Monreal Ávila para que finalmente se le concediera el permiso de regresar a la gubernatura de Chiapas.
De regreso con la iniciativa de la diputada federal Hernández Ruedas para elevar las multas por emitir injurias en contra de López Obrador, resulta que la sanción pasó de mil pesos a 4 mil 150 pesos, cuyo monto fue tomado a “chunga” por varios políticos de la oposición, como fue el caso de la senadora Lilly del Carmen Téllez García del PAN, mejor conocida como Lilly Téllez, quien subió un mensaje a sus redes sociales para conocer dónde se pagarían las sanciones económicas.
El exlegislador Javier Lozano Alarcón del PAN también se mofó de las multas por injuriar a López Obrador, puesto que dijo estar dispuesto a pagar varias para seguir criticando abiertamente las políticas erráticas del tabasqueño, como es el caso del “Plan B” de la reforma electoral.
En otro tema, resulta preocupante la desaparición forzada del supervisor electoral de la Junta Distrital Ejecutiva del INE con sede en Matamoros, Jesús Iván Romero Velázquez por el hecho de ser privado de su libertad por personas fuertemente armados a unas horas de la elección extraordinaria en Tamaulipas.
Se espera que las corporaciones policíacas coordinen sus investigaciones para lograr rescatarlo con vida porque sería un pésimo antecedente para la administración estatal, sobre todo cuando recientemente se dijo que se garantizaba una jornada electoral tranquila en toda la entidad.
Por otra parte, pero sin dejar el tema de la elección extraordinaria del próximo domingo 19 de febrero, el titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castellot, reveló que 29 extranjeros participarán como observadores electorales.
Llama la atención de que los extranjeros, procedentes de Haití, Cuba, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador, se hayan interesado por participar como observadores electorales porque su presencia demuestra claramente que existe interés por conocer como el INE organiza y ejecuta un proceso electoral.
Desafortunadamente, serán testigos de una elección poco atractiva para el electorado, puesto que se calcula una bajísima participación ciudadana, es decir se prevé que entre un 18% a 20% del padrón electoral acudirán a las urnas en la elección extraordinaria en la entidad.
Antes de concluir la presente colaboración, déjeme decirle que el candidato de la coalición “Juntos haremos historia”, integrada solamente por Morena y el PT, José Ramón Gómez Leal, mejor conocido como JR, tuvo ayer su primer cierre de campaña en el Polyforum de Ciudad Victoria, en donde se concentraron cientos de acarreados, perdón de simpatizantes, procedentes de varios municipios.
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