Por David Zárate Cruz
El Gobernador Américo Villarreal Anaya, debe de derogar dos decretos administrativos que son nulos de pleno derecho emitidos por el demonio que ocupa el cuerpo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mediante el cual en el primero expropia 41 hectáreas en la Pesca de Soto la Marina, Tamaulipas, con la finalidad de implementar en ello actividades de salvamento ecológico y en uno segundo, pone a la venta esos terrenos a industrias para proyectos turísticos.
En el primero, se emite acuerdo expropiatorio mediante el cual se decreta la expropiación, por causa de utilidad pública, de un inmueble con superficie de 428,117.95 metros cuadrados o 42-81-17.95 hectáreas ubicado en el poblado la Pesca de Soto la Marina, Tamaulipas, y se pública en la edición vespertina del Periódico Oficial del Estado del 13 de septiembre del 2021, y la excusa que se señala es la conservación de la ecología y el desarrollo de turismo sustentable; lo cual de ser cierto no tendría ningún problema.
En el Vigésimo Séptimo considerando de dicho decreto, se señala que las acciones van encaminadas a la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los elementos naturales con los que cuenta la zona susceptible de expropiación; a tomar las medidas necesarias para evitar su destrucción y a eliminar todos los medios por los cuales se ha afectado, y se sigue afectando el equilibrio ecológico; amén de que con la expropiación se protegerá el ecosistema y sus especies.
Y luego el Jueves 23 de septiembre del 2021, 10 días después, se publica en el Periódico Oficial del Estado el decreto LXIV-819 mediante el cual el Congreso del Estado, autoriza al Gobierno del Estado a enajenar un inmueble a título oneroso en dicho poblado, para que se destine a proyectos turísticos, publicado en el Periódico Oficial el 23 de septiembre de 2021, en un área de 42 hectáreas, siendo los mismos terrenos, que iban a ser para la preservación ecológica y el desarrollo sustentable.
En los hechos se dio un robo por parte de la Gubernatura que encabezo Cabeza de Vaca y el Partido Acción Nacional (PAN), ya que se estableció un precio irrisorio por hectárea y además con ese motivo inicio el desalojo de cientos de familias de sus solares; para luego esos terrenos venderlos a empresas industriales, sin que en ninguna parte de la Constitución Estatal le de facultades al Congreso y a la Gubernatura para expropiar y vender.
Esto motivo que todos los afectados acudieran ante el Poder Judicial Federal, presentado demandas de amparo y en todos los casos, los cuatro Juzgados de Distrito en Victoria, otorgaron la suspensión definitiva, hasta en tanto no se emita la respectiva sentencia, dichos juicios siguen su curso y debido a la política de ocultamiento de datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), no es posible darle seguimiento a dichos procesos, pero en algún momento habrán de emitir la sentencia.
Este fue uno de los tantos actos vandálicos de robo al Estado cometido por Cabeza de Vaca, con todo el apoyo de la Suprema Corte de In- justicia de la Nación (SCJN), que aprobó otorgarle amparo en contra de la destitución hecha por la Cámara de Diputados, y además anulo la orden de aprehensión que existía, motivo por el cual este satánico delincuente aun no puede ser detenido.
El decreto de expropiación de los terrenos, debe ser derogado por Américo Villarreal Anaya, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo Estatal, ya que el mismo fue un fraude para robarle dichas tierras a sus propietarios, lo cual no es ninguna función de la Gubernatura del Estado y por tal motivo es nulo de pleno derecho y en correspondencia a una Administración Estatal diferente, debe regresar dichas tierras a sus legítimos propietarios como un acto de justicia en Tamaulipas.
En el segundo de los casos, el hoy Gobernador, debe cancelar la venta de dichos terrenos iniciando los procedimientos civiles correspondientes, porque la misma constituye un fraude y en ninguna parte de la Constitución Estatal, se permite la venta de terrenos públicos para fines comerciales, lo cual es nulo de pleno derecho y en todo caso junto con los compradores se deben enderezar acciones penales, civiles y administrativas contra Cabeza de Vaca.
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