La decisión del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña de revocar el decreto para reducir de cinco a tres magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) fue el primer revés que tendrá la pasada legislatura local, ya que se tomaron atribuciones que no les correspondía.
El magistrado De la Mata Pizaña señaló que los magistrados locales René Osiris Sánchez Rivas y Edgar Iván Arroyo Villarreal fueron designados por el Senado de la República, por lo que la LXIV Legislatura Local invadió atribuciones que no le correspondían conforme a derecho.
A propósito, luego de conocerse la decisión de la Sala Superior del TEPJF dan por hecho la salida por motivos de salud de la presidenta del Trieltam, Blanca Eladia Hernández Rojas, puesto que en lugar de defender a sus compañeros se dio a la tarea de pretender justificar la decisión del entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Félix García Aguiar.
Desde la designación de la abogada Hernández Rojas como presidenta del Trieltam causó fuertes críticas porque carecía de experiencia en el ámbito jurídico electoral, pero el colmo fue que por tratar de quedar bien no tuvo la valentía de defender a sus compañeros.
Incluso, en los pasillos del Trieltam se habla de que la todavía presidenta del Trieltam le urgía quitar a los magistrados Sánchez Rivas y Arroyo Villarreal porque le “hacían sombra”, sobre todo el primero que tiene una amplia experiencia en torno a la aplicación de las leyes electorales.
No debemos olvidar que Sánchez Rivas encabezó la “rebelión” de cuatro de los cinco magistrados del Trieltam en contra del Congreso Local, cuando también sin ninguna atribución legal pretendió imponer a Juan Carlos López Aceves como
titular del Órgano Interno de Control.
Y digo que fue el primer revés de la pasada legislatura local porque las bancadas de Morena y del PT presentaron cuatro acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar el dispositivo de seguridad para el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, así como también a los actuales titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia, cuando concluyan sus cargos.
De igual forma, las bancadas de Morena y del PT pretenden derogar el decreto que amplió el plazo del actual titular de la Fiscalía General de Justicia hasta el 2027, además de recuperar el control de la Auditoría Superior del Estado y derogar la Ley Orgánica de los Centros de Conciliación Laboral.
El actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Armando Zertuche Zuani, confía en que la SCJN les dé la razón porque en ninguna otra parte se hicieron estás controvertidas reformas.
Por otra parte, pero sin dejar el tema del Congreso Local, resulta que la diputada Marina Edith Ramírez Andrade, representante del Treceavo Distrito, San Fernando, emitió un exhorto a la LXV Federal a fin de que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PREF) 2022 se asignen recursos fiscales suficientes para impulsar la recuperación económica de los sectores agrícola, ganadero y pesquero en Tamaulipas.
El exhorto de la diputada Ramírez Andrade del PAN, fue como “pedirle peras al olmo”, como dice el viejo refrán, puesto que, con el pretexto de entregar los apoyos al campo en forma directa, no han llegado los recursos de este año a pesar de que el periodo de siembre está por concluir.
Nadie duda que los sectores agrícola, ganadero y pesquero requieren con urgencia recibir los apoyos para la producción, pero la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que preside el legislador tamaulipeco Erasmo González Robledo, tiene un estrecho margen de maniobra porque el grueso del presupuesto federal del próximo año esta destinado a las obras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las obras insignia, como el aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”, el “Tren Maya” y la refinería “Dos Bocas” en Tabasco, se les asignó casi el 80% del PREF 2022 y el resto está comprometido para los programas sociales, por lo que el margen de maniobra es casi nulo.
La asignación para el programa de Adultos Mayores asciende a 238 mil 015 millones de pesos, el programa de Becas tiene 82 mil 628 millones de pesos, el programa Sembrando Vida tiene 29 mil 447 millones de pesos, el programa Construyendo el Futuro tiene asignado 21 mil 197 millones de pesos, el programa de Personas con Discapacidad tiene 18 mil 037 millones de pesos y el programa Producción para el Bienestar sólo tiene asignado 14 mil 007 millones de pesos.
En fin, esperemos que el exhorto de la diputada local del PAN, Ramírez Andrade, sea tomado en cuenta porque un “grito desesperado” que se escucha a lo largo y ancho del sector agropecuario del país.
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